La Inspección de Trabajo ha obligado a Amazon a dar de alta a 4.056 repartidores que el gigante de comercio digital tenía trabajando en Madrid y Barcelona como falsos autónomos, según fuentes conocedores de los expedientes y del sindicato UGT. Además, la Administración le reclama a la empresa 6,16 millones de euros por las cotizaciones impagadas durante este tiempo.
La batalla contra los falsos autónomos se ha convertido en uno de los elementos más importantes de las actuaciones de la Inspección en los últimos años. La más sonada, sin duda, ha sido la de los expedientes que se han levantado contra Deliveroo y Glovo en muchas ciudades españolas por recurrir a este modelo laboral en lugar de contratar a los repartidores (riders, en la jerga del sector). También Amazon ha recurrido a este tipo de trabajadores y ha sido aquí donde ha llegado el golpe de la Inspección.
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo se remontan a finales de 2017 y han continuado hasta principios de 2020. Se dividen en tres expedientes que afectan a dos filiales del gigante del comercio electrónico en España: Amazon Spain Fullfillment y Amazon Road Transport. En el caso de la primera filial, la cifra de falsos autónomos que detecta la Inspección ascienden a unos 3.261, entre Madrid y Barcelona, por los que reclama más de 5,16 millones. En la segunda firma, las actuaciones solo se habrían dado hasta ahora en Barcelona, en ella los trabajadores afectados han sido 805 y la cantidad reclamada casi un millón euros.
Esta decisión llega unas semanas después de que el Tribunal Supremo zanjara el debate sobre si los riders son o no asalariados. La sentencia del alto tribunal, partiendo del caso de un repartidor de Glovo, señalaba que en ese caso la empresa “no se limita a prestar un servicio electrónico de intermediación consistente en poner en contacto a consumidores (los clientes) y auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza una labor de coordinación y organización del servicio productivo”. Esta afirmación ha dado pie entre los juristas a señalar que ese fallo va más allá del caso concreto de Glovo.
A estas actuaciones de la Inspección sobre Amazon, hay que sumar las demandas que presentó el sindicato UGT contra la empresa estadounidense en Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao y, la última, en Zaragoza. Ahora la central que dirige Pepe Álvarez, tras la sentencia del Supremo, ha solicitado que se lleve a cabo “una actuación generalizada para acabar con los incumplimientos de dicha normativa y se garantice la aplicación del convenio colectivo correspondiente a la actividad de tales empresas”.
Para acotar este recurso a autónomos que, según la Inspección, deberían ser asalariados, el Ministerio de Trabajo ha anunciado una nueva regulación que clarifique los límites entre ambos tipos de trabajadores, especialmente en lo referente a quienes trabajan en las plataformas digitales. UGT, en cambio, no ve necesaria esta nueva regulación. En su reclamación, ya que defiende que “la normativa actual son herramientas suficientes para evitar el fraude laboral, de manera que una nueva regulación solo permitiría que las plataformas pudieran influir en el poder legislativo para conseguir las modificaciones necesarias para consolidar un modelo sin derechos laborales y sin aportar a Seguridad Social”.
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