BOGOTÁ — Una jueza ordenó el sábado que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sea liberado de su arresto domiciliario mientras se le investiga por posible manipulación de testigos.
El caso ha dividido a la nación sudamericana y ha expuesto las tensiones que persisten en torno al acuerdo de paz de Colombia para poner fin a un conflicto de medio siglo con las guerrillas de izquierda.
La Corte Suprema del país ordenó la detención de Uribe en agosto durante la investigación, escandalizando a los colombianos y desatando protestas a favor y en contra de la decisión. Fue el primer presidente en la historia reciente de Colombia al que se le ordenó arresto domiciliario.
La jueza municipal Clara Salcedo decidió el sábado durante una audiencia en línea que el fallo anterior no podía ser confirmado bajo el nuevo marco legal bajo el cual Uribe está siendo investigado desde que renunció a su escaño en el Senado después de su detención.
“Gracias a Dios”, tuiteó Uribe mientras se leía el fallo.
La decisión puede ser apelada, pero se ordenó la liberación inmediata de Uribe.
La Corte Suprema había argumentado en su decisión de 1,554 páginas en agosto que había amplia evidencia para demostrar que Uribe había participado en intentos para presionar a exparamilitares a retractarse de declaraciones perjudiciales contra el expresidente. Sin embargo, la Corte Suprema renunció al control del caso cuando Uribe renunció a su escaño en el Senado, entregándolo a la Fiscalía General.
Colombia.
Desde entonces, los magistrados han dictaminado que Uribe debe ser juzgado bajo un marco legal diferente diseñado para ciudadanos comunes, lo que allanaría el camino para su liberación.
El abogado del expresidente argumentó que debido a que Uribe solo está bajo investigación y que no ha sido acusado, debería ser liberado. El fiscal general Gabriel Ramón Jaimes estuvo de acuerdo y dijo a la jueza que creía que se habían violado los derechos al debido proceso de Uribe, pero también enfatizó que la investigación continúa.
“Las víctimas reclaman verdad, justicia y reparación. Y el sistema penal debe proponerle respuestas efectivas, pero siempre dentro del marco de la institucionalidad y el derecho… Mi petición del día de hoy no es ninguna antesala de etapas procesales por venir. No habrá impunidad. Habrá justicia”, aseguró.
Indígenas de la comunidad Misak tumbaron este miércoles una estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en Popayán, capital del convulso departamento colombiano del Cauca (suroeste), como forma de “reinvidicar la memoria de ancestros asesinados y esclavizados por las élites”.
Uribe ha negado con vehemencia las acusaciones. Sus partidarios sostuvieron que la decisión del arresto domiciliario fue injusta porque los exguerrilleros pudieron permanecer libres mientras testificaban sobre crímenes de guerra. Sus críticos argumentan que hasta ahora los tribunales efectivamente se han hecho la vista gorda ante numerosos señalamientos de que Uribe tenía vínculos con grupos paramilitares durante el conflicto.
Francisco Bernate, abogado y profesor de la Universidad de Rosario en Colombia, dijo que el próximo paso será que la Fiscalía General decida si se deben presentar cargos. “El balón queda totalmente en manos de la Fiscalía General de la Nación para que decida la suerte del expresidente”, agregó.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que el fallo del sábado no es una sentencia contra la orden de detención de la Corte Suprema, sino una interpretación procesal de la ley bajo el nuevo marco.
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Hizo un llamado a los colombianos a respetar la decisión de la jueza, independientemente de su opinión. “Eso fue lo que no hizo el uribismo con la orden de detención contra Uribe de la Corte Suprema, pero es lo que deben hacer todos los colombianos ahora”, afirmó.
Sus partidarios ven a Uribe como un salvador que debilitó a los rebeldes izquierdistas como las FARC, mientras que sus detractores resaltan que durante su gobierno se llevaron a cabo algunos de los abusos de derechos humanos más graves en la historia del país. Algunos también lo acusan de tener vínculos con grupos paramilitares y carteles de droga.