Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC han presentado este martes una enmienda conjunta a la reforma de la ley educativa que contempla un nuevo reparto en la fijación del currículo escolar. En el nuevo sistema, el Gobierno ve reducido en un 5% el porcentaje de contenido que decide. El porcentaje es ganado por las autonomías y los centros educativos. La enmienda, adelantada el lunes por este periódico y para la que los grupos firmantes han pactado más apoyos de otros grupos del bloque de la investidura de Pedro Sánchez, modifica el artículo seis del proyecto de ley y establece lo siguiente:
“Las enseñanzas mínimas ―que son aquellas que determina el Gobierno―requerirán el 50% de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 60% para aquellas que no la tengan”. En el proyecto legislativo, así como en la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2006 por los socialistas, el Gobierno fijaba el 55% en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en las que carecen de ella. Ese 5% de diferencia equivale aproximadamente a una hora y media de clase a la semana.
El PP quitó en la actual ley, la Lomce, el sistema de distribución por porcentajes y lo cambió por un esquema en el cual el Gobierno fijaba el currículo de las asignaturas troncales, dejando a las autonomías la capacidad de fijarlo en las asignaturas específicas y de libre configuración. Pero en una enmienda presentada por los populares al actual proyecto de ley se inclinaban ahora por la misma distribución que figura en el proyecto de ley (55% para las comunidades con lengua cooficial y 65% para el resto).
La enmienda no se limita, sin embargo, a reducir el porcentaje que decide el Gobierno y aumentar el de las autonomías, sino que establece que una parte del currículo deberá ser definido por los propios centros educativos. El texto presentado por socialistas, Unidas Podemos, Esquerra y PNV señala: “Las Administraciones educativas determinarán el porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los centros docentes para garantizar el desarrollo integrado de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos de carácter transversal a todas las áreas, materias y ámbitos”.
El objetivo, señalan fuentes parlamentarias, consiste en que las autonomías también cedan parte de su capacidad de fijar el currículo a colegios e institutos, un terreno en el que España les concede poca autonomía en comparación con la media de países de la OCDE. Las mismas fuentes añaden que las pruebas de PISA reflejan una relación positiva entre la autonomía escolar y el rendimiento de los alumnos en Ciencias, que resulta mayor en los colegios e institutos con alumnado más desfavorecido.
Los centros educativos, añade la enmienda, deberán orientar ese horario que ganarán ―y cuyo porcentaje deben decidir las autonomías― al refuerzo de las competencias básicas y los elementos transversales, como los derechos humanos o la educación afectivo-sexual. Estaba previsto que la enmienda se votara este martes, pero finalmente la ponencia de la Lomloe lo ha aplazado al jueves.
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