El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos presentó una serie de documentos en respuesta a la orden judicial de un juez de Los Ángeles en la que acusó a los funcionarios federales de “deshonestidad directa” y exigió una reducción drástica de la población en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto en medio de un importante brote de COVID-19, según documentos judiciales obtenidos la mañana del martes.
El juez federal de distrito, Terry J. Hatter Jr., ordenó que la población del centro de detención de inmigrantes, donde el número de personas encarceladas a fines de la semana pasada era de 772, debe reducirse en 50 por día, a partir del lunes pasado, hasta llegar a 475 , de acuerdo con su orden escrita el viernes en la corte federal de Los Ángeles.
ICE respondió el lunes con información detallada y sellada sobre la población actual de la instalación, el mismo día que Hatter otorgó las solicitudes de libertad bajo fianza para seis detenidos, la última de las docenas de solicitudes que ha otorgado desde julio.
El portavoz de ICE, Alexx Pons, dijo en respuesta a un fallo del caso anterior que la agencia no puede comentar sobre litigios pendientes, pero dijo que debe tenerse en cuenta que existen medidas de seguridad efectivas.
“A todos los detenidos se les ha ofrecido pruebas de COVID-19 en Adelanto, y los resultados de las pruebas se siguen informando de forma continua”, según el comunicado de ICE.
“Esta sigue siendo una situación compleja y en evolución: se espera que los datos cambien a medida que la agencia recibe información actualizada del caso. La instalación ha restringido nuevos casos de admisión para proteger aún más a los que están bajo custodia”.
La orden judicial es el último desarrollo de la demanda colectiva Hernández Román v Wolf, presentada originalmente en abril por la Fundación de la Unión de Libertades Civiles Americanas del Sur de California (ACLU) .
“Ocho meses después de la pandemia, más de 700 personas permanecen encarceladas por violaciones de inmigración civil en una cárcel abarrotada donde las medidas de protección básicas son imposibles y decenas de personas enferman de COVID-19 todos los días”, dijo Jessica Bansal, abogada senior de la ACLU Sur de California.
“La orden (del juez) confirma que nuestra Constitución no aprueba un desprecio tan básico por la vida y la seguridad humanas”.
Según el sitio web de ICE, 162 de las personas encarceladas en Adelanto hasta la semana pasada dieron positivo por el virus. En su orden, Hatter escribió que el tribunal ha estado “preocupado durante algún tiempo por la falta de sinceridad” y la “deshonestidad directa” exhibida por el gobierno y sus abogados en el caso.
El juez dijo que el tribunal está reevaluando la información proporcionada por el gobierno y sigue siendo escéptico de que “ los hechos y argumentos que antes percibía como simplemente inexactos o ambiguos podrían haber sido, en realidad, deshonestos o, en el mejor de los casos, falsos”.
Así lo confirmaron desde la Universidad Johns Hopkins
Hatter dijo que sus inquietudes van mucho más allá de los asuntos técnicos e involucran “vidas humanas cuya seguridad razonable tiene derecho a ser aplicada y protegida por la corte de conformidad con la Constitución de los Estados Unidos”.
Decisiones anteriores en el caso señalaron que el centro de Adelanto era una caja de yesca para el COVID-19, y señalaron que entre las condiciones estaban:
- literas colocadas sólo entre dos y medio a tres pies;
- celdas diminutas pobladas por cuatro a ocho personas;
- los detenidos que comparten lavabos, inodoros, mostradores y duchas, sin limpiador desinfectante disponible para después de su uso;
- duchas colocadas a menos de seis pies de distancia; y
- preparación y servicio de alimentos de forma comunitaria, con 6 a 10 personas comiendo en la misma mesa.
Fallos judiciales anteriores han declarado que se deben tomar acciones urgentes para aliviar las condiciones en el centro, pero el gobierno buscó repetidamente retrasos, incluso cuando el COVID-19 se extendió por el centro de detención con capacidad para 2.084 personas en el desierto de Mojave, según la ACLU.
El brote inicial probablemente fue causado por un miembro del personal que se reportó a trabajar en las instalaciones infectado con COVID-19, pero el rastreo de contactos aparentemente no se ha completado y la fuente del brote no ha sido identificada, según una orden de un juez anterior. que modificó una orden judicial previa.
El gobernador de California, Gavin Newsom, nombró este lunes a un grupo de médicos científicos del estado aclamados a nivel nacional y con experiencia para que revisen las vacunas de coronavirus aprobadas por la FDA.
Pons dijo que las colocaciones de viviendas en Adelanto “se han ajustado en función de los resultados de las pruebas para adaptarse a las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el aislamiento y la supervisión. Las modificaciones generales de vivienda están destinadas a separar a los detenidos positivos y negativos; los detenidos mantienen acceso a la sala de día, duchas / baños, biblioteca jurídica, teléfonos, etc., en números limitados para maximizar el distanciamiento social”, según ICE.
Sin embargo, Hatter encontró que la respuesta de ICE al COVID-19, tanto el brote actual como la amenaza continua que representa el virus para los detenidos, sigue siendo “inadecuada” e “irrazonable”.
El último fallo fue parte de una batalla de meses por la seguridad de los inmigrantes detenidos en la instalación que pertenece y es operada por The GEO Group, una empresa privada de prisiones. Está programada una audiencia previa al juicio para el 30 de octubre y el juicio para el 17 de noviembre en el centro de Los Ángeles.
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