El Gobierno ha decidido frenar la sangría de trabajadores fijos en las universidades españolas permitiendo una reposición del 110% de sus jubilados, como ocurre en los sectores de sanidad o justicia. Eso supone que por cada 10 profesores que se retiran podrán entrar 11 en plantilla. La universidad está tan envejecida que de 2016 a 2023 va a perder —está perdiendo— a 16.200 docentes fijos (el 16,76% de su plantilla). Entre ellos, a la mitad de los que han llegado a lo más alto de la pirámide —unos 5.400 catedráticos— y a 6.300 de los profesores titulares (casi el 20%). En un encuentro con la prensa este viernes, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha precisado aún más: el 90% de los catedráticos se van a jubilar en los próximos 10 años.
En 2011, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) estableció que solo se reemplazase a 3 de cada 10 docentes (30%), y al año siguiente Mariano Rajoy (PP) impuso una tasa de reposición del 10%. Ello obligó a los campus a buscar fórmulas para que los jóvenes talentos no emigrasen. En 2014 se subió la tasa al 50% y en 2017 al 100%. Son las comunidades las que convocan las plazas y el Gobierno va a permitir que si una universidad no va a cubrir esos puestos, se los ceda a otro campus de esa región o que se transfieran de órganos administrativos a las universidades. La precariedad en las facultades se ha agravado en los últimos años. Entre 2012 y enero de 2018 los funcionarios y los interinos docentes disminuyeron un 13,7% (6.731) y aumentaron un 11,3% los laborales (5.664).
“Hay universidades que se quedan cortas y otras que tienen excedente de plazas. Son ellas mismas las que han querido cederlas”, ha señalado Luis Cerdán, subsecretario de Universidades. El envejecimiento está muy asociado a la edad de la universidad. De forma que en la Complutense, Sevilla o Barcelona los problemas son mucho más acuciantes que en la Pompeu Fabra, la Olavide o la Carlos III.
Ramón Caballero Klink, responsable de Universidad del sindicato CSIF, considera que esta medida “se queda corta, pero algo es algo, hacemos un reconocimiento”. “Nosotros habíamos pedido la suspensión total de la tasa de reposición en estos Preupuestos Generales del Estado, de forma que las universidades pudiesen contratar a cuantos quieran si tienen fondos del capítulo 1 de gastos corrientes [gastos en personal]”. Caballero Klink no cree que muchas universidades cedan plazas, “ninguna va sobrada”.
Manuel Ortega, de UGT, también celebra a medias la medida. El cupo de vacantes es conjunto para toda la universidad y en muchas veces la baja no se repone en el departamento en el que se produce la baja.
El presidente de la conferencia de rectores (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, recuerda que fueron ellos los que pidieron a Castells poder ceder plazas de una universidad a otra y agradece la medida, pero como el responsable de CSIF pide que desaparezca la tasa de reposición. “Que se elimine completamente y de que se permita a las universidades, en base a sus presupuestos, decidir el incremento de sus plantillas que considera necesario para llevar a cabo un correcto desempeño de su misión. Las universidades han demostrado un rigor y una responsabilidad en el empleo de sus recursos, especialmente durante la pasada crisis económica, que hace totalmente innecesario mantener ese criterio restrictivo”.
Quienes se jubilan suelen dirigir los proyectos de investigación y cuentan con la mejor red de contactos internacionales, por lo que es fundamental un relevo bien orquestado. “Esta reposición del 110% revierte una situación de muchos años de envejecimiento del PDI [Personal Docente Investigador] y del PAS [Personal de Administración y Servicios]. Y tiene repercusión en los profesores asociados, que pueden presentarse a las plazas”, ha añadido Cerdán. El 15% de los puestos, como ya ocurría, se reservan a personas que han disfrutado de los contratos Ramón y Cajal o disponen del certificado de excelencia I3. Los Cajal son contratos para postdoctorales por cinco años y se logran en un concurso de méritos tremendamente competitivo. Su currículum sobrepasa al de muchos profesores titulares, pues el 50% de los funcionarios no investiga o lo hace poco.
Extrema precariedad
El problema no es de falta de profesionales ―en el curso 2009-2010, la plantilla era de algo más de 100.000 docentes y en el 2018-2019, última estadística disponible, de 99.440― sino su extrema precariedad, pues se ha suplido con docentes a tiempo parcial (asociados) que trabajan más de las horas que cobran y no pueden dirigir proyectos. Lo reconoció el ministro Castells el pasado febrero en el Congreso: “Es un escándalo, un despilfarro de recursos y un mecanismo de frustración. Los asociados surgieron para que profesionales pudiesen compartir su experiencia con una retribución residual y una compensación moral”. Hoy son 33.000 y la proporción de los asociados va desde el 5,5% de la Universidad de Jaén hasta el 58,7% de la Universidad Rovira i Virgili, con cifras absolutas muy llamativas como la de la Universidad de Barcelona, con un total de 2.425 asociados, el 9,7% del total de España.
José Zamanillo, de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas, cree que “cuantitativamente es una buena noticia” pero que no hay motivos de celebración hasta que ver el cómo se ejecutan las contrataciones. Cree que los asociados son “una realidad incómoda desde hace 20 años” y falta “valentía para hacer frente a esa rémora”. Zamanillo cree que a ellos nunca se les ha dado una oportunidad “y no digo que ahora se nos den privilegios, sino que no juguemos con las cartas marcadas”. En su opinión estos docentes precarios suponen “una mano de obra barata al albur de una élite que no lucha por la universidad como servicio público sino al servicio de unos pocos”.
Ahora Castells negocia con los asociados su incorporación a las plantillas, pero su propuesta no les convence. Los profesores asociados van a tener que demostrar que tienen un trabajo principal fuera de la universidad e impartirán un máximo de 120 horas de clase cada curso (la primera propuesta era de 60 horas), cuando ahora en muchos casos superaban las 100 con “un salario frecuentemente por debajo del salario mínimo”, se reconoce en el texto del Estatuto PDI que trabaja el ministerio. Desde hace 10 años, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha acreditado méritos para ser profesores funcionarios a unos 15.000 doctores, pero la falta de oposiciones ha creado un tapón que ahora se quiere levantar poco a poco para no crear un nuevo cuello de botella y dejar fuera a los talentos que brillen en pocos años.
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