El juzgado ha dado la razón al escritor y periodista Javier Reverte (Madrid, 1944): “No es incompatible”, puede leerse en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, que cobre los beneficios de sus derechos de autor y la pensión de jubilación como trabajador retirado tras más de cuarenta años en el oficio. Hace cuatro años la Seguridad Social le demandó el pago de una multa de 150.000 euros por considerar incompatibles ambas actividades y arrancó una batalla por la pelea de sus derechos reconocidos como profesional de la información. Ahora, el juez le da la razón, mientras se espera que el Gobierno apruebe en las próximas semanas el desarrollo del artículo 193 del Estatuto del Artista que hace viable esta dualidad.
El juzgado de lo Social número 14 de Madrid declara que “al no darse el requisito principal de que el actor sea trabajador, entiende este juzgado que los ingresos que percibe por cesión de sus derechos que ya tenía el actor, no es incompatible con la pensión de vejez”, declara el magistrado Arturo Rodríguez Lobato. Así que procede estimar íntegramente la demanda y que se le devuelva el dinero al escritor.
Los abogados de la Seguridad Social alegaron en el juicio que el autor realiza trabajo por cuenta propia y que eso es incompatible con el cobro de su pensión de jubilación. Pero el juez apunta que para considerarlo trabajo por cuenta propia debería demostrarse la realización de alguna obra artística, intelectual, científica, etcétera, y “nada de esto se ha acreditado en el presente procedimiento”. Reverte tiene suscritos contratos de cesión de derechos de algunos de sus libros, desde 2011 hasta la actualidad.
El juez indica que Reverte no percibe ingresos por la acción de pensar y escribir una obra literaria, sino que son royalties o cantidades por la cesión de sus derechos de libros cuya titularidad es de él. Por eso considera que ceder temporalmente un derecho temporal patrimonial “no constituye una actividad económica”. Asegura que la demanda no ha aportado pruebas que demuestren que Reverte –como cualquier autor– perciba ingresos por la realización de ningún libro concreto, “solamente consta el ingreso por cesión de derechos”.
Aquella decisión de perseguirnos es fruto de la desconfianza del PP contra la cultura y la voracidad de los ministros de Hacienda, incluyendo a la actual
“Es una noticia estupenda para mí y para todos los creadores que como yo están sufriendo esta persecución injusta”, ha declarado el autor de El sueño de África a EL PAÍS. Aunque la sentencia puede recurrirse, el autor no ve posible que el Gobierno saque adelante una ley que permita la compatibilidad y recurra contra la sentencia a su favor. Como adelantó este periódico, con el anuncio de la convocatoria de las elecciones generales, el desarrollo del artículo que hace posible la compatibilidad de las pensiones de jubilación y los derechos de autor ha quedado en el aire. En teoría, todavía hay tiempo suficiente para culminarlo, pero en la práctica no está tan claro que sea posible. Manuel Rico, presidente de la plataforma Seguir Creando —que agrupa a más de 40 organizaciones cívicas del ámbito autoral—, asegura al otro lado del teléfono que, tras una reunión con altos cargos del Ministerio de Cultura la semana pasada, tiene la seguridad de que el asunto podría quedar resuelto antes de que esta legislatura se extinga.
“Hubo una maldad inherente del PP contra nosotros. Aquella decisión de perseguirnos es fruto de la desconfianza del PP contra la cultura y la voracidad de los ministros de Hacienda, incluyendo a la actual [María Jesús Montero]. El PSOE podría haber resuelto este asunto mucho más rápido, para acabar con el estrangulamiento de la cultura”, cuenta el escritor.
Es una noticia estupenda para mí y para todos los creadores que como yo están sufriendo esta persecución injusta
Hace cuatro años el autor recibió una carta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la que se le comunicaba que debía devolver todo lo recibido por los últimos cuatro años de pensión, más una multa. En total, 150.000 euros. El escritor ya había puesto a la venta propiedades para hacer frente al pago. Pero la sentencia aclara que todo deberá ser devuelto, aunque sin intereses. A la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, no le cuadraban los datos cruzados con los del Ministerio de Cristóbal Montoro: ingresaba más como novelista que como pensionista. Según la ley que aprobó el PSOE en 2011 y entró en vigor en 2013, no podía superar el salario mínimo interprofesional, es decir, 9.000 euros. Hacienda recaudaba más del 40% de lo generado por el autor, pero Empleo no quería gastar en él y en otros casos de autores mayores de 65 años con pensión.
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