El FMI pide al Gobierno que aplace la subida de IVA e impuestos verdes para no perjudicar a los más vulnerables

Con la vacuna en el horizonte, España, Europa y el mundo atisban la luz al final del túnel de la pandemia y de su mayor crisis económica en más de medio siglo. Pero los meses que restan hasta la llegada de las primeras dosis se harán eternos. La recuperación se ha frenado —cuando no interrumpido— con la segunda ola del coronavirus después de que el súbito parón de la actividad en primavera reabriese heridas sociales nunca del todo cerradas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta este viernes de que la crisis sanitaria y económica está “exacerbando la de por sí alta desigualdad” e incide en que un potente cóctel de factores —exposición al turismo, peso de los contratos temporales sobre el empleo total, dificultad para que amplios sectores de los trabajadores puedan adaptarse a la nueva realidad del teletrabajo— llevará a España a registrar uno de los mayores aumentos de inequidad en el Viejo Continente. En este caldo de cultivo, dice, cualquier incremento fiscal que “pueda tener un efecto desproporcionado sobre la población de bajos ingresos” —en referencia indirecta a las subidas recién anunciadas sobre impuestos medioambientales o en el tipo de IVA que grava las bebidas azucaradas— “debe esperar hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada y debe ir acompañada de un aumento del gasto efectivo para proteger a los más vulnerables”.

Para asegurar una salida más equitativa, el Fondo llama a mejorar la formación de los trabajadores que han perdido su empleo durante el terremoto económico originado por la pandemia y el subsidio por desempleo para aquellos trabajadores a los que se le acaba la protección de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Y urge a aumentar el músculo fiscal para poder dedicar más recursos a combatir la pobreza y la desigualdad. “En España, la ratio de impuestos sobre PIB es relativamente baja en comparación con otros pares [europeos]. Eso indica que hay margen de mejora, en especial fortaleciendo la recaudación del IVA, aumentando los impuestos especiales y los gravámenes ambientales y reduciendo las ineficiencias del sistema tributario”, argumentan sus técnicos. Sin embargo, apostillan, cualquier incremento fiscal que se pueda cebar sobre las capas de la población de bajos ingresos debería esperar hasta que la recuperación sea un hecho, y deben ir, en todo caso, acompañados de medidas para proteger a esos colectivos de menores ingresos. Son, en síntesis, cambios que deben hacerse. Pero no ahora.

Tampoco le gusta al FMI el anuncio del Gobierno de que aumentará las pensiones y el sueldo de los funcionarios en un 0,9%. “Los compromisos de aumentar de forma permanente los actuales ratios de gasto, por ejemplo a través del [aumento del] gasto salarial o las pensiones deberían ser evitados dado el alto déficit estructural y la presión de sobre el gasto de largo plazo por el envejecimiento de la población”, remarca.

En defensa del Ingreso Mínimo Vital y de la prórroga de los ERTE

El organismo comandado por Kristalina Georgieva, lleva meses haciendo gala de su giro social y tratando de dejar atrás los años del consenso de Washington y, más recientemente, de la troika. En su informe anual de país, sus técnicos tampoco quieren ser ajenos a unas cifras que aún solo enseñan la parte visible del iceberg de la crisis social. España, recuerda el Fondo, llegó al coronavirus con “una de las tasas más altas de empleo temporal de Europa”, y los trabajadores con este tipo de contratos, muchos de ellos en el turismo, “están soportando una carga desproporcionadamente alta de la crisis”: la correlación histórica entre porcentaje de empleo temporal y desigualdad habla a las claras. A eso hay que añadir, que los empleados con bajos niveles de educación tienen menos opciones de teletrabajar que en otros países europeos: España cuenta, según sus cálculos, con la segunda menor tasa de trabajo en remoto de la UE dentro de este grupo, “lo que agrava el impacto de la pandemia sobre ellos”. Además, las pérdidas de renta de este colectivo, subrayan los técnicos del Fondo, “crecerán si los precios de los alquileres [de vivienda] no se ajustan simultáneamente”.

El documento, como todas las revisiones individualizadas del Fondo, es una ristra interminable de recomendaciones. Pero no todo son tachas. El FMI aplaude sin ambages la reciente introducción del Ingreso Mínimo Vital —un instrumento encaminado a eliminar la pobreza más extrema, pero que acumula importantes retrasos y cuellos de botella en su tramitación—: “Aborda la brecha en la cobertura de los grupos desfavorecidos y rebaja las barreras administrativas para acceder a algunos programas de asistencia social”. Y valora positivamente la apuesta decidida por los ERTE, un instrumento disponible desde los años ochenta pero del que hasta ahora se había echado mano con cuentagotas: “Han sido críticos para limitar el impacto sobre el empleo, mitigando los efectos adversos de la pandemia aunque a un considerable coste fiscal”. En todo caso, llama a su prórroga más allá de enero.

Los fondos europeos, acaso la única buena noticia que dejará la crisis económica, empezarán a llegar en 2021 y son, a juicio del Fondo, una “oportunidad excepcional” no solo para reconducir el camino de una economía que necesita dar el salto definitivo de la digitalización y las renovables, sino también para “amortiguar la crisis social y como catalizador de reformas de larga data”. También para poner en marcha un programa que complemente las rentas salariales de los hogares de bajos recursos, mitigando así una de las mayores carencias del Ingreso Mínimo Vital.

Auxilio para las empresas con futuro

Con la segunda ola posada desde hace semanas sobre la economía española —un factor “preocupante, que topa la recuperación”— y la mortandad empresarial disparada, los economistas del Fondo invitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a afrontar la “vulnerabilidad” de parte del sector privado y recomienda “priorizar las ayudas de capital” —los rescates, en castellano moderno— “en las empresas viables” y, en todo caso, con “estrategias de salida bien diseñadas” —es decir, que cuando pase lo peor de la crisis, el Estado pueda dejar su accionariado sin grandes dificultades—. “Como el coste fiscal de ayudar a todas las empresas afectadas sería prohibitivo, el Gobierno debe intervenir selectivamente para rescatar o ayudar a las empresas solventes y estratégicas”.

La crisis del coronavirus es especialmente dañina para el tejido productivo: lamina subsectores enteros, especialmente en los servicios, y se ceba con especial intensidad con las pymes, el eslabón más débil de la cadena, el que menos capacidad tiene para aguantar unos meses de ingresos bajo mínimos y también el más numeroso en el siempre minifundista ecosistema empresarial español. “Se deberían ampliar similares opciones de recapitalización a algunos segmentos de firmas más pequeñas y viables que están enfrentando presiones financieras como consecuencia de la pandemia”, reclama el FMI. Para lidiar con los casos de compañías en los que la ayuda llega tarde o ya están en suspensión de pagos, España, remarca, debe “mejorar” su “relativamente ineficiente” sistema de resolución de deudas: “Los mecanismos de insolvencia”, zanja, “siguen siendo lentos y generalmente llevan a la liquidación en vez de a la reestructuración”.