Rubén Guevara es uno de los jóvenes supervivientes de la violencia policial contra las protestas del sábado pasado en el centro de Lima que rechazaban el Gobierno de transición de Manuel Merino por comprometer la separación de poderes en Perú. El manifestante, herido en el pómulo por el impacto de los perdigones y con un desprendimiento de retina por las esquirlas, señaló este miércoles que el médico de un hospital público que lo atendió quiso hacerle firmar un documento en el que reconocía que se había autolesionado. “Me dijo firma, firma: yo se lo entrego al fiscal”, denunció Guevara en una conferencia de prensa. Afirmó además que cuando quedó herido —y pensó que perdía la vista— pidió ayuda a la policía para que lo trasladaran a un hospital, pero se la negaron. “Soy padre de familia y me estoy asustando de lo que me pueda pasar”, contó.
El testimonio de Guevara sobre los intentos de borrar evidencias o de inculpar a los ciudadanos en delitos coincide con el de otros heridos durante una manifestación de decenas de miles de jóvenes bautizados como la Generación del Bicentenario el sábado en Lima, que dejó unos 200 lesionados. Así lo asegura la abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil: “No son hechos aislados, las versiones coinciden”.
Walter Matos, abogado de Inti Sotelo, uno de los dos veinteañeros fallecidos por disparos de los agentes, solicitó el relevo del director de la Policía Nacional y el jefe de la Séptima Región Lima “para que las investigaciones se realicen debidamente”. Pérez reveló que hay “una estrategia para la impunidad” por parte de la Policía Nacional de Perú, pues por lo menos hay cinco casos de heridos por pelotas de cristal, un tipo de proyectil no autorizado en las fuerzas del orden.
“Van a decir que [los manifestantes] se han disparado entre sí o que han sido infiltrados, pero hay demasiadas evidencias, deberían reconocer lo que han hecho”, expresó Pérez. La abogada de la ONG de derechos humanos alude a los cientos de vídeos grabados por los propios manifestantes, algunos difundidos en redes sociales como TikTok o Instagram, o enviados a los familiares vía WhatsApp en el momento de la agresión del sábado por la noche.
En las grabaciones se ve a los policías disparando sus escopetas a corta distancia a personas que portaban letreros de cartón, botellas de agua o estaban envueltos con la bandera peruana como si fuera una capa. Elizabeth Rodríguez, la madre de Luis Alejandro Aguilar, de 26 años, herido por un proyectil en uno de los pulmones el sábado, refirió a EL PAÍS que los médicos le han dicho que le extrajeron a su hijo una canica, pero le mostraron una imagen de un objeto de forma cuadrada. “Quisiera ver lo que le extrajeron del pulmón a mi hijo. Ni a los animales se les trata así”, agregó Rodríguez.
Luis Alberto Suárez, hermano de Lucio Suárez, otro de los heridos por varios perdigones en el cráneo y en el tórax, comentó que conversó por primera vez el martes con su familiar hospitalizado porque antes no podía hablar. “Me dijo que si la policía hubiera querido reducirlo, podrían haberle disparado a la parte baja del cuerpo, pero lo hicieron arriba. Lo que pido para mi familia y las familias de todos es justicia”, afirmó Suárez.
Marco legal adverso
Los abogados de los familiares de los fallecidos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierten de que las investigaciones sobre la responsabilidad de la policía peruana en estas violaciones a los derechos humanos se dan en un contexto legal favorable que promovió el Parlamento anterior y que refrendó el actual, en el que varios legisladores son militares retirados. La norma que aprobó el Congreso hace un año eliminó el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden. En aquel momento, los organismos de derechos humanos pidieron su derogación, pero el actual Congreso la promulgó porque el Ejecutivo no examinó la propuesta.
Además, Rocío Meza, la abogada de Luis Araujo Enriquez, quien estuvo secuestrado por policías sin uniforme desde la noche del sábado después de haber participado en las protestas, pidió que se desactive el Grupo Terna de la policía, que se camufló con ropa de civil entre los jóvenes manifestantes para detenerlos arbitrariamente.
“Se identificaron como policías Terna [la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía], lo detuvieron, le taparon los ojos, lo subieron a un vehículo, lo golpearon. Estuvo en un ambiente donde había una silla y una especie de baño, lo tuvieron tres días sin agua ni alimento, le hicieron escuchar la voz de su madre (quien lo buscaba): eso es tortura”, describió la abogada de Araujo.
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