La campaña electoral de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela comenzó a principios de noviembre en medio de una general apatía en un país que se cocina en una interminable crisis económica y social. En Caracas es mucho más notorio percibir el flujo de personas que se están organizando para migrar que para salir a votar. Los sondeos de opinión avizoran una abstención de más del 70%.
El anclaje popular del chavismo se ha debilitado profundamente con el paso de los años. Sin embargo, con mover lo que les queda de militancia tendrían suficiente para una cómoda mayoría de escaños. Los recorridos proselitistas de los candidatos a diputados presentan un aspecto desangelado. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está afrontando dificultades para motivar a sus dirigentes comunales y promotores del voto en las zonas empobrecidas. Comienzan a abundar spots publicitarios ofreciendo promesas y soluciones en la radio y la televisión. A Miraflores le interesa fomentar la idea de un ambiente festivo en una elección pluripartidista tradicional. La cadena privada Venevisión ha organizado algunos debates televisados entre los candidatos chavistas y los de la facción de la oposición que ha decidido participar, la moderada Mesa de Diálogo Nacional.
“Entre el 25% y el 30% del electorado afirma estar decidido a votar”, afirma Félix Seijas, director de la firma encuestadora Delphos. “La gran mayoría sigue siendo electorado chavista, aunque hay una parte pequeña de opositores que reclaman presencia electoral, y que terminarán sufragando por estas opciones paralelas de la oposición. Dentro del chavismo, afirma Seijas, la abstención oscila en torno al 40%.
El porcentaje de personas que se sigue definiendo como “chavista” en los sondeos de opinión ha pasado de 50% en un año como 2012, al 13% actual. “Dentro del PSUV debe estarse haciendo un esfuerzo especial, un trabajo interno importante para moralizar a su militancia”, sostiene Seijas. “En nuestras mediciones hay un discurso palpable: el sector chavista habla de la necesidad de una nueva Asamblea Nacional, de sacar a los opositores que sabotean y promueven las sanciones internacionales”. Seijas calcula que la participación general en las elecciones parlamentarias “no subirá de 30% y no bajará de 20”.
Luis Vicente León, economista y analista político, director de la firma Datanálisis, afirma que los niveles de participación en las parlamentarias podrían estar cercanos al 34%. “El problema es que ésta no es una elección auditable, será muy desigual. No hay forma de proyectar un pronóstico estadístico fiable respecto al número de votos”.
El “casa por casa” anunciado por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, es la reedición de una cruzada en la cual el aparato político-militar del chavismo despliega un ambicioso operativo logístico para organizar a sus simpatizantes y persuadir a nuevos votantes. Es un trabajo político que conoce un énfasis muy especial en las zonas más deprimidas del país, y que coloca como condición el acceso a los subsidios estatales.
Habitualmente, gracias a la información que es filtrada desde el propio Consejo Nacional Electoral –dominado por el chavismo—los altos mandos oficialistas evalúan el comportamiento del electorado el día de las elecciones en tiempo real, y toman decisiones adicionales para sumar más votos. Los cierres de las mesas electorales se atrasan o adelantan en función de las necesidades del partido de gobierno.
Las Fuerzas Armadas ayudan al PSUV a acarrear votantes llevando y trayendo vecinos, y eventualmente asisten el voto. Aquel que no ha ido a votar será llamado a su puerta. En un “Punto Rojo”, instalado al lado de cada centro electoral, el votante dejará asentado su nombre y el testimonio de su voto. Al mostrar su Carnet de la Patria, quedará validado el acceso a las bolsas de comida y los bonos salariales del Gobierno.
En la acera opuesta, las fuerzas opositoras que decidieron no asistir a las elecciones parlamentarias por considerarlas fraudulentas, lideradas por Juan Guaidó, están organizando la denominada Consulta Popular, un evento alternativo pautado para el 12 de diciembre, que incluye a la diáspora y contempla mecanismos de participación digitales. La Consulta Popular invita a la población a rechazar el llamado de Maduro y a organizar unas elecciones presidenciales y parlamentarias honradas y verificables.
El desinterés por esta actividad, que por fuerza es no vinculante, también es alto. León afirma que la intención de la población en la Consulta Popular tampoco va mucho más allá del 30%. “Parte importante del país no sabe de la iniciativa y la oposición no tiene acceso a medios masivos”, afirma. “La gran mayoría de los venezolanos quiere un cambio político, pero aunque Guaidó es mucho más aceptado y popular que Maduro, lo más común en nuestras mediciones es que los consultados afirmen que no se identifican ni con el Gobierno ni con la oposición”.
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