La justicia considera “deplorables” las condiciones en la que se encuentran los inmigrantes desembarcados en el muelle de Arguineguín, en Mogán (suroeste de Gran Canaria), tras intentar alcanzar territorio europeo en un cayuco. Sin embargo, la juez que estudió la denuncia presentada por la alcaldesa Onalia Bueno (del partido Ciudadanos para el Cambio) ha decidido archivarla al considerar que en la gestión de esta crisis migratoria no se ha producido delito alguno. En el dique principal de este muelle, de unos 3.850 metros cuadrados, han llegado a dormir al raso unas 2.500 personas, si bien la cifra se ha reducido en los últimos días por debajo de los 600.
El 28 de octubre, Onalia Bueno presentó en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana una denuncia formal por “las condiciones infrahumanas” que sufren los migrantes en las instalaciones portuarias. En aquel momento había en el puerto 915 personas, de las que 495 dormían al raso. Hasta ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.
Onalia Bueno argumentaba que los migrantes se encontraban “hacinados en unas instalaciones que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias de habitabilidad y en las que tampoco es posible respetar de medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes para prevenir contagios de covid-19”.
La alcaldesa no señalaba formalmente a ningún responsable concreto de la supuesta vulneración de los derechos humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento. Al registrarla, eso sí, manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen “responsabilidades penales” en el Gobierno.
El pasado viernes, la juez Yanira del Carmen González acudió al muelle junto con una comisión judicial para examinar la situación sobre el terreno. En ese momento, eran más de 1.000 las personas que convivían en las instalaciones. Su conclusión tras examinar la denuncia y llevar a cabo su investigación se ha conocido este lunes. “Los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal”, argumenta en su auto de archivo. A pesar de ser una situación “efectivamente, deplorable”, González no aprecia delito alguno en lo que ha ocurrido en el muelle y recuerda que “no se ha cuestionado conducta concreta de alguna persona que pueda tener repercusión penal”.
La juez entra en detalle sobre el hecho del presunto delito que supone que esas personas pasen en el muelle más de las 72 horas que la ley concede a Policía para tomar la filiación a los inmigrantes. La juez considera que la “libertad ambulatoria” no solo se puede ver limitada por el protocolo, sino que, de hecho, observa “una prudente proporcionalidad entre la limitación de dicho derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública”.
No solo eso. En su escrito, la juez añade que no se ha probado que los inmigrantes que han pasado por ese campamento siguieran en su interior “en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo”. El pasado 17 de noviembre, la Policía Nacional sacó a más de 227 personas del muelle como “solución puntual” a la saturación del Puerto, según fuentes del Ministerio de Interior, aunque no tenían un recurso de acogida. Ese día, Bueno tomó la decisión de alquilar autobuses para trasladar a los migrantes a Las Palmas de Gran Canaria, a unos 60 kilómetros.
La alcaldesa Bueno ha asegurado a EL PAÍS que entiende que la jueza no “ha encontrado un artículo en el Código Penal para tipificar el tipo de delito que se pudiera estar cometiendo en el muelle de Arguineguín”, si bien se ha mostrado satisfecha de que la justicia haya llevado a cabo una inspección y de que el auto recoja “las condiciones no son para nada óptimas”.
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