Cima a la vista. Los equipos negociadores de la UE y del Reino Unido encaran este miércoles la última pendiente hacia el acuerdo, pero han dejado atrás el escollo que les impedía avanzar desde hace casi 40 días. Bruselas y Londres han pactado ya el mecanismo que garantizará la adopción de represalias comerciales en caso de que una de las dos partes se embarque en una competencia desleal. El principio de acuerdo sobre ese asunto sensible deja el regateo de las cuotas pesqueras como último obstáculo para coronar casi 11 meses de negociación a dos semanas de que expire el plazo.
Los equipos dirigidos por Michel Barnier, en el lado europeo, y David Frost, en el británico, han redoblado el esfuerzo ante unas horas que se describen como decisivas y que podrían poner punto final a la agónica negociación de las últimas semanas. Las crecientes colas de camiones para cruzar el canal de La Mancha y el riesgo de carencias de suministros básicos para los importadores británicos han añadido dramatismo a un calendario que avanzaba inexorable hacia el fin del periodo transitorio del Brexit, que llegará el 31 de diciembre.
Sin un acuerdo comercial de nuevo cuño, el 1 de enero la UE y el Reino Unido deberían someter su relación a las normas de la Organización Mundial del Comercio, con la introducción de aranceles y cuotas en un tráfico de mercancías que ahora se hace sin ningún tipo de cortapisa. La UE ofrece al Reino Unido mantener ese acceso privilegiado al mercado interior europeo, pero a cambio de un mecanismo de control que garantice una competencia leal entre las empresas británicas y europeas, según explican a EL PAÍS fuentes europeas.
La definición de ese mecanismo ha mantenido estancadas las negociaciones, entre acusaciones mutuas de falta de colaboración. Londres acusaba a la UE de querer invadir su soberanía con un esquema muy intrusivo y Bruselas al Reino Unido de querer aprovechar la falta de vigilancia para embarcarse en políticas de dumping fiscal, social y medioambiental.
Las dos partes, según fuentes europeas, han superado ese escollo durante las últimas 48 horas. El proyecto de acuerdo establece la fijación de unos principios rectores de la futura relación, que cada parte tendrá libertad de interpretar en sus respectivas legislaciones. Pero esos principios serán legalmente vinculantes e incluso, aunque no está fijado aún, podría pactarse la revisión periódica cada cinco años o más para actualizar unos estándares que pueden verse superados por la evolución legal y económica. Londres ya había aceptado antes una cláusula de no retroceso, es decir, el compromiso de no dar marcha atrás en los estándares europeos que estén en vigor el 31 de diciembre de 2020.
En caso de divergencias legislativas futuras que sean interpretadas por una de las partes como competencia desleal, el mecanismo prevé dos pasos de protección si el diálogo entre Londres y Bruselas no resuelve el conflicto. Por un lado, la parte que se considera agredida podrá adoptar medidas de retorsión en forma de suspensión de algún capítulo de un tratado que abarque no solo la relación comercial sino también la integración de las redes energéticas, las conexiones de transporte o la cooperación policial y judicial. La represalia podrá ser asimétrica, es decir, que una violación, por ejemplo, en el capítulo medioambiental podría acarrear un castigo en el área de cooperación judicial.
Arbitraje
Esas medidas defensivas inmediatas y preventivas dejarían paso a un sistema de arbitraje aceptado por ambas partes en caso de persistir la supuesta violación del tratado. Ese mecanismo podría conducir a la imposición de aranceles o cuotas en compensación por el daño causado por la competencia desleal.
El mecanismo serviría para cualquier caso de competencia desleal, con independencia de que se haga a través de la legislación laboral, sanitaria o medioambiental. Incluso se hace referencia a los niveles exigibles de transparencia fiscal para neutralizar el peligro de las jurisdicciones británicas más agresivas en impuestos como las islas del Canal (Guernsey, Jersey…).
El principio de acuerdo reserva un apartado específico a las ayudas de Estado dentro del mecanismo. La UE exigía al Reino Unido un control previo de la concesión de subsidios públicos similar al que ejerce la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
La negativa en redondo del Ejecutivo de Boris Johnson a esa fórmula ha llevado a Bruselas a aceptar un control a posteriori a condición de que sea muy estricto y que sea accesible a las empresas europeas que deseen presentar una queja si consideran que la política de ayudas de Londres distorsiona la competencia en un determinado sector. “Las normas sobre ayudas de Estado no serán idénticas a uno y otro lado del canal de La Mancha, pero los efectos serán los mismos”, resume una fuente europea. Falta por ver la naturaleza del organismo de control que establecería Londres.
Acuerdo encauzado
La inminencia de un posible acuerdo ha desatado los nervios en Bruselas, después de que la semana pasada se diera casi por perdida la posibilidad de acercar posiciones. Ante la cercanía del abismo, la Comisión Europea aprobó el pasado jueves los proyectos legales para introducir medidas de contingencia el 1 de enero que evitasen el caos fronterizo y la parálisis del sector aéreo, ferroviario y de transporte por carretera.
Pero el domingo, la entrevista telefónica entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, daba un nuevo aliento a los exhaustos equipos negociadores. Y la cercanía del posible pacto ha añadido optimismo a las delegaciones de los diferentes países. Fuentes europeas advierten, sin embargo, de que el texto aún no está cerrado y que los contactos todavía pueden prolongarse hasta final de esta semana. Pero el viento ha cambiado claramente desde la entrevista del domingo y sopla en dirección a un acuerdo.
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