Un portavoz de la FGR declinó comentar acerca del estatus de las solicitudes que no han sido atendidas y tampoco aclaró cómo la ausencia de estos datos puede afectar la integración del caso contra Lozoya. La Fiscalía se negó a responder argumentando que se trata de una investigación en curso.
Tras ser extraditado de España a México, Emilio Lozoya compareció a finales de julio pasado ante la justicia para ser procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Los fiscales que llevan los casos Odebrecht y de Altos Hornos pidieron un plazo de seis meses —que vence el 31 de este mes— para cerrar la investigación con el fin de recabar pruebas y evidencias en México y en otras jurisdicciones.
Desde que la justicia concedió ese lapso para concluir las indagatorias del caso Odebrecht, la FGR solo ha enviado dos solicitudes de asistencia internacional, una a Suiza y otra a Brasil. Los avances de las pesquisas oficiales no son públicos, y no queda claro si habrá una prórroga para seguir integrando el caso contra Lozoya, quien solicitó el criterio de oportunidad para actuar como “testigo colaborador” y aportar información esencial a cambio de que las autoridades no ejerzan una acción penal en su contra.
La FGR decidió ocultar los avances de la investigación del caso Odebrecht y Altos Hornos, al argumentar que las investigaciones están en trámite por lo que se trata de información reservada y confidencial, según las respuestas que dio a peticiones de solicitudes formuladas por Quinto Elemento Lab.
La Fiscalía tampoco informó los avances y el estado que guarda la investigación que inició en agosto de 2017 la Fiscalía de Delitos Electorales para esclarecer el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y reservó el estatus de las indagatorias iniciadas a partir de la denuncia que presentó Lozoya en agosto pasado.
La FGR informó que los datos recabados se “encuentran estrictamente reservados” y se mantienen bajo sigilo porque su divulgación podría afectar el curso de las indagatorias.
Con estos argumentos, la Fiscalía se niega a informar sobre el avance de las investigaciones aun cuando el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) le ordenó desde junio de 2019 elaborar una versión pública del expediente de la investigación de Odebrecht pues se trata de un caso de corrupción de interés público.
Las respuestas tardías para México
A cuatro años de que las autoridades mexicanas iniciaran la investigación del caso Odebrecht, la FGR ha pedido apoyo a 21 países para esclarecer la trama de corrupción y sobornos, no todas sus solicitudes han sido respondidas y algunas llevan más de dos años de retraso.
Las primeras peticiones fueron hechas en febrero de 2017, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dependía del Ejecutivo, que era encabezado por Peña Nieto. Desde esa fecha y hasta que concluyó el gobierno priista a finales de 2018, la extinta PGR envió 35 solicitudes de asistencia jurídica a 17 naciones.
Durante ese periodo, los fiscales mexicanos recabaron las declaraciones de los exdirectivos de Odebrecht que permitieron reconstruir la trama de corrupción. Uno de los testimonios obtenidos en Brasil fue el de Luis Alberto de Meneses Weyll, exjefe de la constructora en México, quien puso en la mira a Lozoya cuando confesó haberle entregado 10.5 millones de dólares entre 2012 y 2014.
Gracias a la ayuda de Suiza, la PGR también obtuvo entre mayo y septiembre de 2018 documentación bancaria, órdenes de transferencias y estados de cuenta de las empresas offshore de Lozoya que recibieron los pagos ilegales de Odebrecht.
La Fiscalía identificó en Suiza la cuenta bancaria de Tochos Holding Limited, que tenía como beneficiarios a Lozoya y a su hermana Gilda Susana. Según la información enviada por las autoridades helvéticas, desde esa cuenta salieron los recursos para pagar su residencia en el exclusivo fraccionamiento de Lomas de Bezares en la Ciudad de México y las transferencias con las que compró una mansión en las playas de Ixtapa.
La información que entregaron a la PGR los fiscales de Brasil y Suiza fue clave para construir las pruebas en el caso Lozoya, pero las autoridades no han informado cuáles son los nuevos hallazgos que la FGR ha encontrado a partir de las peticiones enviadas a otros países durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Por ahora no hay ningún indicio de que la FGR haya conseguido nueva información relevante para el caso que le permita descubrir si hubo más sobornos de los ya confesados por los exdirectivos de Odebrecht o si los pagos ilegales llegaron a otros exfuncionarios del gobierno. De las 20 solicitudes de ayuda internacional que pidió la Fiscalía, 14 de ellas siguen pendientes de ser atendidas y el plazo para presentar el caso ante el juez se vence a finales de este mes.