“En todo momento el gobierno de AMLO ha sido juez y parte, exactamente como en el viejo régimen del PRI y del PAN”, aseveró la periodista de investigación.
La periodista Anabel Hernández cuestionó por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó con recursos públicos la defensa del general Salvador Cienfuegos, acusado por narcotráfico y lavado de dinero, de acuerdo a documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) que forman parte de la carpeta de investigación abierta contra el exsecretario de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
En un artículo publicado por la Deutsche Welle, recordó que “en un inicio, el gobierno del presidente de México se congratuló de la detención e incluso dijo que haría una limpia en la Sedena para eliminar a aquellos vinculados al militar. Pero pocas horas después cambió de opinión y abogó intensa y enérgicamente a través de los canales diplomáticos ante el gobierno saliente de Donald Trump para que el militar fuera liberado y repatriado, con lo que logró que los cargos de tráfico de drogas le fueran retirados con el compromiso de que se llevaría a cabo un proceso jurídico veraz e imparcial para determinar su responsabilidad. Logró rescatar al militar, que de haber sido declarado culpable, habría pasado de 10 años a cadena perpetua en una prisión estadounidense”.
“Ahora, gracias a los documentos revisados, se puede afirmar que el supuesto proceso e investigación para saber si el general estuvo o está coludido con organizaciones de tráfico de droga durante su encargo publico no fue ni veraz ni imparcial. Fue una defensa de Estado. En todo momento el gobierno de AMLO ha sido juez y parte, exactamente como en el viejo régimen del PRI y del PAN, en el que el jefe del ejecutivo protegía a toda costa a los suyos y sus afines desequilibrando la balanza de la justicia y la auténtica búsqueda de la verdad”, anotó.
“AMLO no sólo rescató de una condena prácticamente segura a Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino que también se hizo cargo de su defensa, aunque Cienfuegos tiene recursos para pagar sus propios abogados, tal como lo demostró al contratar al costoso despacho que lo representó en Nueva York”, refirió.
“De acuerdo al documento fechado el 7 de enero de 2021, que forma parte del expediente de dos tomos publicado parcialmente por la FGR el 16 de enero, los abogados de defensa que designó Cienfuegos ante la fiscalía cuando se presentó a comparecer por primera vez para rendir su testimonio fueron asignados y patrocinados por la propia Sedena, de la cual AMLO es el comandante supremo”, indicó.
“Fueron esos abogados quienes ayudaron a Cienfuegos a la exoneración exprés dada a conocer por la FGR el 14 de enero pasado, que ha causado la indignación y reclamo oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y generado ya un conflicto diplomático y jurídico de alcances difíciles de calcular”, abundó.
Hernández detalló que “el expediente en que se basa la exoneración del general Cienfuegos es un hoyo negro, literalmente, ya que la mayoría de sus páginas están en negro porque la fiscalía clasificó la información, por lo que no puede siquiera entenderse o contrastarse. Y los únicos puntos de luz, es decir, donde es legible algún tipo de información útil, ponen en evidencia una investigación desaseada, incluso en detalles mínimos como fechas de oficios de valor judicial incorrectas, que hablan de la precariedad y falta de seriedad en una investigación de esta magnitud”.
“Lo documentos exhiben que la fiscalía nunca intentó llegar al punto medular del tema de si el general protege o ha protegido a grupos de tráfico de droga. La fiscalía desde un inicio determinó que las pruebas enviadas por el gobierno estadounidense carecían de valor jurídico. Nunca se sometió a interrogatorio al general Cienfuegos, solo se aceptaron los argumentos de la defensa y la fiscalía los hizo totalmente suyos”, expuso la reportera de investigación.
“Nunca requirió información específica medular para evaluar el caso al gobierno de Estados Unidos ni buscó establecer contacto con los que realizaron dicha investigación origen de la acusación. La investigación patrimonial fue ridícula y escasa, ni siquiera llegó al primer círculo familiar del militar”, agregó.
“Y jamás se interrogó o intentó interrogar a algún miembro del cartel H-2 que pudiera corroborar o desmentir la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Falsamente, la fiscalía dijo que los únicos en posibilidad de corroborar, el líder del cartel, Juan Francisco Patrón Sánchez; y Daniel Isacc Silva Gárate, fueron ejecutados desde 2017. Pero pudo interrogar a tres miembros del cartel H-2 que fueron extraditados a Estados Unidos por el propio gobierno de México a solicitud de la misma corte que abrió el caso contra Cienfuegos”, sostuvo.
“Mejor aún, la fiscalía podía haber interrogado a Jesús Ricardo Patrón Sánchez, brazo derecho de su hermano Juan Francisco, mejor conocido como el “H-3″, y que se encuentra preso en una cárcel de México y hubiera podido dar información valiosa para el caso”, aseveró.
“¿Por qué AMLO hizo una defensa de Estado para Cienfuegos? No debo ser la única que se lo esté preguntando y buscando respuestas”, finalizó.