El Gobierno ha decidido difuminar en el documento sobre la reforma de pensiones que ha enviado a Bruselas la medida estrella para contener el gasto. El documento final no concreta la ampliación paulatina del periodo de cómputo de 25 a 35 años, pero sí deja clara la intención del Gobierno de caminar en esa dirección. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, habla de “profundizar en la reforma de 2011″, en la que, entre otras cosas se amplió ese parámetro al incrementarlo progresivamente de 15 a 25 años. “Se plantea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”, señala el texto.
Esto supone un cambio sobre el escenario que se había dibujado en las últimas semanas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, envió a todos los ministerios de la comisión delegada de asuntos económicos una propuesta para aumentar de 25 a 35 los años. Según sus cálculos, eso reduciría un 5,5% la cuantía de las pensiones futuras que llegarían sin esta reforma. En el último documento se elevaba ese cálculo hasta el 6,3%. Pero en el resumen que el Gobierno ha entregado a los agentes sociales con las principales reformas enviadas a Bruselas ya no se concreta este aspecto que tanta indignación ha causado entre los sindicatos y los socios de Unidas Podemos.
“La medida pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales y afectan de manera particular a las mujeres y a trabajadores que son despedidos en la última mitad de su vida laboral”, puede leerse en el texto. El aumento del “carácter contributivo”, en el lenguaje propio de las pensiones, siempre habla de tomar más años de cotización para calcular la pensión y acercar lo que se cotiza con lo que finalmente se cobra. No obstante, en el mismo párrafo se incluye una compensación: “Esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”, remata el Gobierno. También recuerda el texto que incrementar el periodo de cómputo suele beneficiar a los trabajadores que pierden el empleo en los últimos años de su vida laboral.
El Gobierno quiere hacer todas reformas en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo en el diálogo social entre sindicatos y patronal, con los que ha debatido este martes sus planes, aunque si no hay acuerdo el Ejecutivo tendrá que seguir adelante con las reformas comprometidas con Bruselas, ya que de ellas depende el gran fondo de recuperación que salvará la economía española.
Otro cambio sustancial que incluyen los planes del Gobierno es “la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional”. Desmontar la reforma de 2013, la del PP, pasa por acabar con la fórmula de revalorización que daba como resultado un aumento anual del 0,25% y también ese factor de sostenibilidad que vincula la pensión inicial de los nuevos jubilados con la esperanza de vida y la salud financiera de la Seguridad Social. “Dada la dimensión intergeneracional del sistema de pensiones, y la carga excepcional que para su equilibrio va a suponer la jubilación de la generación del baby boom, es necesario recuperar para el diseño del nuevo mecanismo el planteamiento consensuado en la reforma de 2011. Ello implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población, y que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas”, aclara el Gobierno.
El Ejecutivo plantea nueve reformas importantes sobre pensiones. Primero, la financiación de gastos impropios. “La reforma consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen de gasto en pensiones”, señala el resumen. La segunda reforma se concentra en mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y se deroga por tanto el acuerdo de 2013 que implicaba una subida anual de 0,25%, en la práctica una semicongelación. El Gobierno anuncia a Bruselas que ahora España “garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula que la vincule con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”.
La tercera reforma supone la “alineación de la edad efectiva con la edad legal de jubilación”. “La reforma pretende mostrar a la población la conveniencia de retrasar la edad de jubilación y crear incentivos para ello. En esta línea, se hace preciso realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad.
Además, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad”, remata. La cuarta y la quinta son las del mecanismo de solidaridad intertegeneracional y la de la ampliación de los años para calcular la pensión. La sexta es un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales, la séptima una modificación del complemento de maternidad de pensiones, para que no sea discriminatorio para los hombres, la octava una revisión de los sistemas complementarios de pensiones “con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial”. Por último, se adecuará la base máxima de cotización del sistema. “La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”, señala el texto.
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