En Nicaragua, el ejecutivo cogobernó una década con el sector empresarial bajo la figura de “diálogo y consenso”. Aunque hoy lucen enfrentados, en aspectos sustanciales el acuerdo se mantiene con los grandes empresarios.
Por CONNECTAS
En un paraje del sur de Nicaragua, detrás de enormes portones de madera corrediza, se esconde Guacalito de la Isla, un mega complejo turístico ubicado en una de las costas más bellas del pacífico nicaragüense “Costa Esmeralda”, un paraíso donde se hospedó el actor estadounidense Morgan Freeman.
Una villa completa dentro de Guacalito tiene un valor aproximado de dos millones de dólares, según información de la empresa. En las 675 hectáreas de esta playa privada existen 600 terrenos, entre ellos villas, condominios y apartamentos, que rondan entre 350.000 dólares y 3.5 millones de dólares. Es un negocio de 1.000 millones de dólares que, por la Ley 306, de incentivos turísticos aplicada por el gobierno de Daniel Ortega, está exonerado de Impuestos por transmisión de Bienes Inmuebles (IBI), es decir, por las transacciones de compra y venta de propiedades.
Un vistazo a una residencia en el vecindario Verdemar, en el proyecto Guacalito de la Isla, el proyecto turístico emblemático de la familia Pellas.Foto Tomada de la página de Guacalito Nicaragua.
Sin embargo, ni el gerente inmobiliario de Guacalito de la Isla, ni el vocero del Grupo Pellas, Ariel Granera, aceptaron una entrevista para hablar del tema, aunque se trate de parte de los beneficios fiscales que han acompañado a los grandes empresarios en los años de “diálogo y consenso” como el gobierno llamó la relación con el sector privado.
En Nicaragua las exoneraciones significaron entre 2010 y 2014 privilegios por el orden de 1.100 millones de dólares, equivalentes al 9,3 por ciento de toda la riqueza que generó el país en ese mismo período, según las cifras más actuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveladas en 2015 por el experto tributario Julio Francisco Báez.
“Las exoneraciones deben tener vida efímera. No pueden ser eternas. Porque se trata de que incentiven, no que pasen incentivando todo el tiempo”, dijo Báez para esta investigación del especial #NicaraguaNoCalla, publicado por la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.
Con tasas anuales de crecimiento del cinco por ciento del PIB hasta 2017 en Nicaragua, muy superior al promedio regional, el modelo de cogobierno empresarial ganó rápidamente adeptos tanto entre los funcionarios como entre los hombres de negocios, mientras crecieron las críticas desde la sociedad civil por la deriva autoritaria del gobernante.
Los empresarios vieron aumentada su incidencia en políticas públicas, con el nombramiento de 43 de ellos en las directivas de instituciones del Estado y además lograron consensuar con el ejecutivo al menos 124 de 326 leyes antes de su aprobación por la mayoría sandinista parlamentaria entre 2008 y 2018, es decir el 40 %.
La vida en el sector privado se caracterizó por la ausencia de protestas de los sindicatos, controlados por el gobierno, y, cuando tocaba hablar de aumentos de salarios, fueron mínimos. La administración Ortega propició oportunidades de negocios con el flujo de la cooperación venezolana y los ejecutivos empresariales fueron los primeros en respaldar los cambios a la Constitución, que instauraron la reelección continua.
Cuando inauguraron Guacalito de la Isla, el 13 de enero de 2013, con una inversión de 250 millones de dólares, Pellas llamó a la inversión extranjera, luego de “dar el ejemplo”. Ese ambiente de cordialidad lo mantuvieron también en privado con las otras familias ricas del país. El cuatro de septiembre de 2013, la familia presidencial recibió a varios de ellos, José Antonio Baltodano, Juan Bautista Sacasa, César Augusto Lacayo, Pellas y al banquero nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga, presidente del grupo Promerica.
El hotel Mukul, en el proyecto Guacalito de la Isla. FotoTomada de la página de Guacalito Nicaragua.
Esa relación acabó en abril de 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles para pedir la renuncia de Ortega, fueron reprimidos y entonces los grandes empresarios luego pidieron elecciones adelantadas para salir de la crisis. Pellas dijo al diario local La Prensa que el modelo que tanto había defendido “se agotó”.
La crisis de derechos humanos, causada por la represión, dejó 328 asesinados, daños al sector turismo—los ingresos cayeron de 900 millones a 515 millones de dólares entre 2017 y 2019—. El Estado acosó fiscalmente a decenas de empresas pequeñas y a Piero Coen, propietario de las operaciones de Western Union, quien apoyó a los opositores.
La intención de que la situación del gobierno con los empresarios regrese a como estaban antes de la crisis sigue siendo una propuesta estatal. El principal asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, anunció en el Canal VosTV, propiedad de Pellas, la voluntad estatal de sentarse este año con los sectores empresariales para revisar la reforma tributaria de la que se han quejado algunos presidentes de cámaras, mientras el sector privado aseguró el 20 de enero de 2020 que no habrá conversaciones en lo económico, mientras no se resuelva lo institucional. En cualquiera de los casos, el tema de las grandes exoneraciones sigue intacto.
El auge de la banca
Desde que Ortega se sentó en la silla presidencial, los índices de rentabilidad anuales eran de 15.4 por ciento, mientras que en 2016, en pleno funcionamiento del diálogo de consenso con los empresarios, este porcentaje llegó hasta 27.8 por ciento.
Ninguno de los países de la región ha tenido este tipo de rendimiento en los últimos 13 años. El que más cerca estuvo fue Guatemala con 20.6 por ciento en 2016. A pesar de la crisis de 2018, la rentabilidad de los bancos nicaragüenses fue una de las tres mejores.
En el período 2008 y 2012, el Banco de la Producción (Banpro), propiedad de Ortiz, pasó de tener activos de 1.003 millones de dólares a 1.496 millones de dólares, convirtiéndose en el más poderoso de Nicaragua.
En un mensaje dirigido a sus accionistas, el empresario resumió su éxito por “la prudente administración de riesgos”. El gerente del grupo, Luis Rivas, no comentó nada para este reportaje.
Las operaciones bursátiles son otro indicativo con el cual se puede medir la estabilidad financiera. El gerente de la Bolsa de Valores de Nicaragua, Gerardo Argüello, dijo que en 2017 se transaron 1.500 millones de dólares. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2018, con todo y que ofrecen los rendimientos más elevados de toda la región centroamericana, las transacciones bajaron hasta 250 millones de dólares. “La plata es bien cobarde”, dijo.
La rentabilidad de las mineras
La Mina El Limón es la principal productora de oro de toda Nicaragua. Este ha sido uno de los rubros más favorecidos durante el gobierno de Ortega. Crédito: CONNECTAS
A pesar de la crisis, la minería registra exportaciones de 408 millones de dólares en oro hasta agosto 2020, una cifra récord en los últimos 10 años en ese sector en Nicaragua. Según Báez, se debe a las ventajas fiscales que reciben las empresas. La exención del pago de impuestos a los inmuebles dentro del perímetro de concesión y tasa de cero por ciento aplicable a las exportaciones en general convierte el aporte tributario en “irrisorio”.
Omar Vega, un ingeniero que ocupa el cargo de gerente país de la trasnacional Calibre Mining, dueña de la concesión de Mina El Limón, ubicada en el occidente del país, defendió el aporte de su compañía como algo más que pago de impuestos.
“Calibre genera un poco más de tres mil empleos dignos de manera directa e indirecta. Nuestras operaciones también aportan a la dinamización de la economía local en los municipios donde tenemos presencia y aportan con inversión social en proyectos específicamente de educación, salud y medios de vida”, dijo.
En 2015, en Mina El Limón hubo enfrentamientos entre policías y trabajadores, que provocaron la muerte de un oficial, porque los mineros pedían más beneficios que se negaban a otorgarles.
“Ahora tenemos el apoyo del gobierno: para que el personal no salga a hacer huelga, ellos (operadores del Frente Sandinista) buscan cómo resolverlos”, dijo Luis Ramos, secretario del sindicato Pedro Roque Blandón, el más grande, con 350 afiliados de los 550 trabajadores de la minera.
Carlos Urrutia, secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros (SITRAM), dice que los trabajadores tienen el convenio colectivo mejor pagado de toda Nicaragua, ya que reciben salarios que promedian 1.400 dólares.
La alianza entre públicos y privados es similar a la que tuvieron los empresarios con Anastasio Somoza García, quien gobernó entre 1937 y 1956, según el sociólogo e historiador Oscar René Vargas, un sistema de gobierno guiado bajo la lógica de las tres p desde el punto de vista del ejecutivo: “plata para los aliados, palo para los indecisos y plomo para los enemigos”.
En abril de 2018, la hegemonía de Ortega entró en crisis y con ello varios de sus antiguos aliados. El experto tributario Báez dice que “los empresarios actualmente tienen una nostalgia de que revivan los intereses que tenían con el gobierno, y que, por la crisis, están moribundos o por morir”.
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