La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) se une a la petición de la Conferencia de Asociaciones de Escritores y Escritoras de España ante el Ministerio de Cultura para que se protejan los derechos de autor de los creadores de contenidos culturales y periodísticos de tal manera que sean “conveniente y equitativamente retribuidos por la circulación y distribución de su trabajo a través de redes digitales, frente a posiciones puramente mercantilistas”. Ambas organizaciones, a las que también se han sumado las entidades de gestión de derechos de autor españolas, reunidas en Adepi, que incluye las de los artistas visuales, cineastas, músicos, escritores y otras disciplinas, reclaman que se adapte a la legislación española la directiva europea relativa a los derechos de autor que fue aprobada en 2019 y que España debería aplicar en junio.
“Los autores son piezas fundamentales en el ejercicio de la creación, pero también las más frágiles de una cadena que con la irrupción de las nuevas tecnologías corren serio riesgo de quedar sepultadas bajo los intereses de las grandes empresas de la era digital”, ha señalado la SGAE. La asociación entiende que escritores o periodistas “merecen recibir una justa e irrenunciable remuneración por su trabajo, así como por la difusión y presencia de sus obras en los entornos digitales”. De esta manera, la entidad se ha adherido también a la campaña emprendida por la Asociación de Medios de Información (AMI) para que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ante la inminente adaptación de la directiva europea “reconozca la gestión colectiva obligatoria y la irrenunciabilidad del derecho de autor”. “Solo de este modo se verían salvaguardados los intereses de nuestras creadoras y creadores frente a las grandes plataformas tecnológicas que abogan por romper las reglas del juego europeas en su beneficio”, ha concluido la SAGE en un comunicado.
Conscientes de que hay “posturas diferentes”, Cultura ha destacado que trabajan sobre tres principios: “Protección derechos de autor, que no haya posición dominante por parte de nadie y favorecer el pluralismo informativo, la libertad de prensa y preservar el ecosistema informativo español”.
La letra de la directiva
La letra de la norma dice que el artículo 17 insta a los portales que almacenan, organizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales (por ejemplo, YouTube) a contar con una licencia previa de los creadores de esas obras. Y el 15 otorga a los editores de prensa el derecho a conceder o no el visto bueno a webs con ánimo de lucro para que compartan “fragmentos significativos” de sus publicaciones. El legislador pretende así responder a las quejas de los autores, indignados con que sus obras lleguen a más espectadores y lectores que nunca, pero los ingresos se desvíen hacia otros bolsillos.
Hasta la fecha, se amparaban en que solo debían reaccionar a posteriori, cuando se les comunicaba que alojaban un contenido no autorizado. Eran lo que se conoce como “puertos seguros”. Ahora, se les exige un rol más proactivo. Al menos, deben demostrar que han realizado “los mayores esfuerzos” para alcanzar un pacto, impedir rápidamente el acceso a las obras denunciadas y encargarse de que no vuelvan a estar disponibles.
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