La caza del lobo ha unido a todas las comunidades con presencia de esta especie en el norte de España y ha generado una nueva ruptura en el Gobierno central. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su oposición a aumentar la protección de este animal como promueve el departamento de Transición Ecológica y Reto Demográfico. “Como ministro de los ganaderos, estoy a su lado y comparto su preocupación”, ha asegurado.
La reñida votación del pasado jueves en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ya mostraba la división existente para incluir al lobo en la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que implicaría que se prohíba su caza. No obstante, apenas cinco días después de esa votación en la que hubo nueve votos a favor de dar más protección a este animal y ocho en contra, las tiranteces son cada vez mayores.
Asturias (gobernada por el PSOE), Cantabria (Partido Regionalista Cántabro), Castilla y León (PP y Ciudadanos) y Galicia (PP) han abandonado sus diferencias políticas y han coincidido en su rechazo ante la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas cuatro regiones aglutinan al 95% de la población del cánido en España y basan su posición en los ataques que sufren los ganaderos sobre sus reses y en la defensa del sector primario, de gran influencia en estas comunidades. Asimismo, el presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), ha desautorizado el apoyo de la dirección general de Medio Natural, que gestiona Podemos, hacia la iniciativa.
Los responsables de Medio Ambiente asturianos, cántabros, gallegos y castellanoleoneses se han aliado para defender una postura común de intensa oposición frente al Gobierno. Para ello, han amenazado con acudir a los tribunales si el lobo finalmente adquiere esta protección especial. Estas autonomías entienden que se está produciendo una “invasión de competencias exclusivas” que impide “la gestión de la conservación y la población” de este cánido, con un “gravísimo” daño para el sector agropecuario. También esgrimen que el resultado de la votación donde se acordó proteger al lobo la semana pasada fue de nueve votos a favor contra ocho detractores y achacan al Ejecutivo escasez de diálogo, pues sienten que no se ha escuchado a los territorios que conocen mejor la controversia con este animal. Según ellos, ha faltado “diálogo” y “está en juego la supervivencia del medio rural”. La Federación Española de Caza se ha sumado a esta reprobación y se ha mostrado dispuesto a resolver el asunto en los tribunales “con una denuncia por prevaricación” y movilizaciones “masivas” si la situación sanitaria lo permite.
El consejero cántabro, Guillermo Blanco, ha insistido en que de ninguna manera esta comunidad va a dejar de controlar al lobo: “Tenemos que seguir con nuestro plan pase lo que pase”. Blanco, que ha sido ratificado por su presidente, Miguel Ángel Revilla, destaca que “si no hay consenso” dirimirán la cuestión ante la justicia pues defiende que el plan cántabro funciona. Los datos de este Gobierno recogen que en 1997 había cinco manadas contra las 19 actuales y que en 2019 notificaron 2.644 animales muertos contra los 1.700 de 2020. Para él, este descenso muestra que el plan de Cantabria, que lleva poco más de un año en vigor, trae resultados. “Nadie quiere extinguir al lobo”, sostiene, pero asegura que no permitirá que el medio rural “se vea abandonado y los lobos campen a sus anchas”. Blanco defiende que el Estado ha obrado “con criterio puramente político” y que se han “invadido competencias” que impiden la aplicación de planes ya trazados y en funcionamiento que incluyen la caza del lobo. Además, critica que se tenga en igual consideración al voto de comunidades como Baleares o Canarias, donde no hay población de estos depredadores, con el mismo peso que aquellas que sí se ven afectadas. “Las competencias cotidianas sobre el terreno, sea cual sea el régimen legal del lobo, las tenemos las autonomías. Ni el comité científico, ni el ministerio”, zanja.
La Junta de Castilla y León, región donde el cánido prosigue su expansión particularmente al sur del río Duero, ha expresado su sorpresa porque entiende que la importancia del lobo como “patrimonio cultural y científico”, así como su valor en los ecosistemas, resulta “perfectamente compatible” con la gestión realizada. Asimismo, creen que la postura de Transición Ecológica va en contra de la línea aprobada por consenso en épocas en las que esta especie era mucho menos abundante y, aun así, consideraba su conservación compatible con la actividad cinegética.
Dentro del propio Gobierno central, el ministro de Agricultura se ha mostrado este lunes contrario a la prohibición de cazar al animal y ha considerado “suficiente” la regulación actual [en la que el lobo cuenta con cierta protección de la Directiva Hábitats, pero a la vez es considerada una especie cinegética al norte del Duero]. “Este es un tema muy polémico y antiguo en la historia, con muchos puntos de vista, todos legítimos. Ahora se trata de pasar de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial, y yo, como ministro, no estoy de acuerdo”, comentó Planas.
“Respeto esa decisión”, añadió, “pero comparto la preocupación de los ganaderos y como ministro suyo, estoy a su lado. Hay que buscar un justo equilibrio donde consigamos lo que pretendemos todos: mantener nuestra biodiversidad y al mismo tiempo los intereses y las preocupaciones del sector ganadero y en particular de la ganadería extensiva”.
Otra muestra de la división provocada por la votación de la semana pasada son las tensiones dentro del Gobierno de Aragón, que comanda el PSOE con apoyo de Podemos. Allí, el presidente, Javier Lambán, del PSOE, ha desaprobado el voto favorable a la protección del lobo de su propio responsable del área de Medio Ambiente, Diego Bayona, de Podemos. A su vez, Bayona ha recordado que el lobo no se puede cazar en Aragón y que su protección en todo el territorio nacional no significa que no se puedan realizar controles de población.
Por su parte, el presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Ignacio Martínez, ha calificado la reacción de estas comunidades por la votación favorable para proteger esta especie como “derecho al pataleo”. Y ha asegurado que esta fuerte oposición a la iniciativa respaldada por el departamento de Teresa Ribera refleja el “desconocimiento de la normativa y los valores ambientales”.
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