La covid-19 ha sido la principal referencia de la campaña de las elecciones catalanas del 14-F. Más allá del enredo jurídico por el frustrado aplazamiento promovido por el Goverm —para esquivar el peligro del pico de contagios— y el posible efecto que tenga en la participación, los partidos ponen la recuperación social y económica en el centro de sus programas, fiándolo casi todo al dinero proveniente de la UE. Los reproches tanto al exministro y candidato del PSC Salvador Illa como al president en funciones Pere Aragonès (ERC) por la gestión de la crisis son constantes y ambos se quedan solos reivindicando sus respectivas decisiones.
La candidata de Junts, Laura Borràs, aprovechó este miércoles la conferencia de prensa de la Agencia Catalana de Noticias para lanzar su propuesta estrella, consistente en poner en marcha un “plan de apertura segura” de los sectores afectados por las restricciones. Este plan incluye “salvar el 50% de las pérdidas” que sufrieron las empresas por los cierres de la pandemia.
Preguntada por los periodistas con qué dinero haría frente a una medida tan ambiciosa (y sin cuantificar) la candidata se refirió a los fondos europeos. Y volvió a sacar un tema que ya había enfrentado al expresident Quim Torra y a Aragonès: acceder a los préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Torra pidió en su día a Sánchez que solicitara 5.000 millones en nombre de la Generalitat. Los republicanos descartan esa posibilidad.
Ese dinero sería adicional al que la Generalitat aspira a recibir de los fondos sin contrapartidas que llegarán para dotar los proyectos palanca que decida el Gobierno y en el que los territorios, según la Comisión Europea, también podrán intervenir. El Ejecutivo catalán calcula que necesita 4.600 millones de euros —alrededor del 2% de su PIB— para afrontar las consecuencias de la pandemia. Borràs hizo suya esa cifra.
El Govern aún no sabe cuánto dinero recibirá y si sus proyectos elegidos serán finalmente propuestos ante la Comisión por Sánchez. La cogobernanza de esos fondos también ha sido tema de la campaña. Junts vuelve a ver a los republicanos sometidos al Gobierno mientras que los socialistas ven electoralismo en que se presente la lista de proyectos catalanes justo ahora.
ERC defiende en su programa seguir con el plan que el Govern ha ido construyendo durante la pandemia y que incluye 145 actuaciones específicas, orientadas especialmente en la transición ecológica y el empuje a la digitalización. El coste de poner todo en marcha, con un horizonte de más de una década, es de casi 32.000 millones de euros.
Paradójicamente, con la Generalitat necesitada de recursos, como todas las Administraciones, Junts y ERC rechazan la posibilidad de participar en el diseño de un nuevo sistema de financiación autonómica que ya está vencido y el Gobierno quiere abordar. Su fórmula es que Cataluña tenga la llave de la caja. El PSC, por su parte, ve la llegada del dinero de Europa como una posibilidad de ahondar en la “cooperación” entre la Generalitat y el Gobierno. Su programa electoral identifica los planes de renovación urbana a nivel municipal como una de las grandes oportunidades.
La velocidad de la reapertura de los negocios cerrados por la covid-19 ya había causado roces entre los socios del Govern. Tanto que, a puertas de la campaña, el mismo día el departamento de Sanidad (en manos de ERC) alertaba de la presión insostenible en las UCI, el responsable de Empresa, Ramon Tremosa (Junts), pedía aliviar las restricciones para practicar deportes de invierno.
La calidad de la gestión de la pandemia tanto del Gobierno como de la Generalitat ha sido una de las armas arrojadizas más utilizadas en estos 12 días de campaña. Incluso desde la precampaña, cuando el PSC finalmente comunicó el cambio de Miquel Iceta por el entonces responsable de la cartera de Sanidad para su cartel electoral en Cataluña. A la actitud beligerante del Govern hacia las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez (en la Generalitat defienden que sencillamente es “exigente”) se sumó el reproche de que Illa abandonaba el barco cuando la tormenta era más complicada.
Plan de vacunación
El candidato socialista arrancó su campaña con el chip de ministro aún puesto. En la primera entrevista que concedió, en Antena 3, dijo que su primera decisión si era elegido president sería asegurarse de que estuvieran “todos los medios disponibles para la vacunación”. Sus adversarios criticaron automáticamente lo que consideraban era un uso electoralista de su anterior cargo, pero también pusieron en duda la seriedad del plan nacional de vacunación.
Tanto Illa como Aragonès se han visto en la tesitura de atacarse, pero al mismo tiempo defender lo que cada uno ha hecho en este año. En el debate de TVE, el exministro pidió “humildad” a sus rivales, especialmente a Borràs que contraponía su “nefasta gestión” a la de Torra, que siempre se quería mostrar más duro que el Gobierno.
ERC recibe ataques de candidatos de Junts, que hablan como si no compartieran el Palau. La idea del buen gobierno es crítica para los republicanos, pues creen que le da verosimilitud a una Cataluña independiente. La candidata de los comunes, Jéssica Albiach, critica el “triunfalismo” con el que Aragonès defiende su gestión. El punto más negro sigue siendo la situación de las residencias. Los dos consejeros más cuestionados, Alba Vergés y Chakir El Homrani, repiten en la lista, pero de manera testimonial. De momento su participación se reduce a actos territoriales, lejos de los focos de la caravana de Aragonès y Oriol Junqueras.
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