Cerrado el impeachment con una absolución, el expresidente Donald Trump afronta nuevas investigaciones por el asalto de sus seguidores al Capitolio. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) ha presentado este martes una demanda contra el republicano en nombre del congresista demócrata y afroamericano Bennie Thompson. Además, el Congreso creará una comisión similar a la del ataque a las Torres Gemelas del 11-S para analizar el ataque.
Los demócratas no dan por zanjado el asunto tras la reciente absolución de Trump en el Senado por el asalto del pasado 6 de enero. El escrutinio de sus acciones antes y durante el ataque al Capitolio se trasladará ahora al terreno legal con la demanda presentada por la NAACP en nombre de Thompson, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. La organización espera que al menos otros dos congresistas demócratas se sumen a la iniciativa legal.
La demanda presentada en un tribunal federal del Distrito de Columbia acusa a Trump de incitar al ataque de sus seguidores al Capitolio, y también le imputa conspirar junto a su abogado Rudy Giuliani contra los resultados electorales que dieron la victoria a Joe Biden.
El discurso de Trump poco antes del ataque y lo ocurrido en el Congreso “fue la culminación prevista y previsible de una campaña cuidadosamente coordinada para interferir con el proceso legal necesario para confirmar el recuento de votos emitidos en el Colegio Electoral [en favor de Biden]”, reza la demanda presentada por el representante de Misisipi, que busca una condena a Trump y una compensación por los daños causados. Jason Miller, asesor de Trump, insistió este martes en un comunicado que su cliente no organizó la manifestación que precedió a los disturbios —la respaldo en las redes sociales— y “no incitó ni conspiró para incitar a la violencia en el Capitolio”.
La demanda, que se ampara en la Ley de Derechos Civiles de 1871, también carga contra los grupos de extrema derecha Proud Boys y Oath Keepers. El Departamento de Justicia ha acusado a varios de sus miembros de participar en el asalto.
El otro frente que se abre contra el expresidente será la comisión independiente que creará el Congreso, similar a la que investigó el 11-S, para examinar “los hechos y las causas” del ataque, que causó cinco muertos, entre ellos, un policía.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió el lunes por la tarde una carta a los congresistas para anunciar la creación de la comisión por el “ataque terrorista doméstico”, según sus palabras, así como “la interferencia en la transferencia pacífica del poder”.
Además, varios comités del Congreso están programando audiencias para interrogar a los jefes de las agencias de seguridad involucradas en la preparación de la jornada y la respuesta al ataque.
A mediados de enero, Pelosi encargó también al general retirado Russel Honoré una auditoría sobre la seguridad del Capitolio. Tras leer el “informe provisional”, la líder demócrata avisó el lunes de la necesidad de sacar adelante una ley urgente para financiar mejoras en la seguridad del Congreso. Pelosi recalcó que, tras lo visto en el impeachment, está “claro” que se debe “llegar a la verdad” de lo ocurrido.
Por otro lado, un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes ha exigido a Pelosi que aclare las decisiones de seguridad tomadas antes de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y qué participación tuvo su oficina. En concreto, los republicanos han preguntado por qué se rechazaron las solicitudes de despliegue de la Guardia Nacional presentadas, según afirman, el 4 de enero. La oficina de Pelosi dijo el lunes que el sargento de armas Paul Irving no les presentó una solicitud de la Guardia Nacional antes del día del asedio. En la carta enviada a la líder demócrata, los congresistas también criticaron su decisión unilateral de nombrar al general retirado Honoré para examinar la seguridad.
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