El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que ha de pronunciarse sobre el suplicatorio del Tribunal Supremo cursado contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, eurodiputados desde principios de 2020 y reclamados por la justicia española desde 2017, propone que les sea retirada la inmunidad a los tres políticos catalanes, según ha adelantado ABC y ha podido confirmar este diario con fuentes que han recibido el documento.
El informe, de contenido confidencial, ha sido elaborado por el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo parlamentario ultraconservador ECR, tras escuchar el caso, oír a las partes y discutir el asunto en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos. El dosier fue remitido este miércoles a los miembros de este órgano, los cuales deberán debatir el próximo 23 de febrero para fijar su posición, y finalmente votar el día 24 si retiran o no la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Su decisión será elevada entonces al pleno del Parlamento Europeo, cuyos 705 diputados deberán decidir finalmente si despojan a los catalanes de la protección de la que gozan frente a la euroorden dictada contra ellos por el juez Pablo Llarena, por su participación en el procés. Esta votación tendría lugar, en principio, en el pleno de la segunda semana de marzo.
De confirmarse en el pleno, los políticos no serían inmediatamente extraditados, sino que su asunto pasaría a la justicia belga (en el caso de Puigdemont y Comín, residentes en este país) y la británica (en el caso de Ponsatí, que se asentó en un primer momento en Escocia, aunque últimamente reside en Bélgica). Los tribunales de estos Estados deberán entonces decidir si aceptan o deniegan las euroórdenes españolas cursadas contra ellos. En una reciente sentencia, que ha supuesto la primera gran derrota del Supremo español, el Tribunal de Apelación belga rechazó la extradición de Lluís Puig, otro de los exconsejeros catalanes asentado en Bruselas desde que huyó de Cataluña en 2017. La decisión sienta un claro precedente y podría marcar el destino jurídico del resto.
El informe confidencial argumenta que a los eurodiputados catalanes se les reclama por hechos de 2017, anteriores a su elección en 2019 como miembros de la Eurocámara, y sin vínculo alguno con su actividad en el seno de esta institución, por lo que correspondería levantar su inmunidad, según recoge ABC. El ponente también esgrime que la solicitud de procesamiento no podría acogerse al protocolo sobre inmunidades de los europarlamentarios, ya que no se refiere a actos derivados de su actividad en la Eurocámara y sostiene que el Parlamento Europeo no debe cuestionar los procedimientos judiciales de los Estados miembros. El informe desoye, por tanto, la defensa de los catalanes que denunciaba una “persecución política” desde España y aducía también el reciente fallo de la justicia de Bélgica que rechazó la extradición de Puig “por el riesgo de violación de la presunción de inocencia”.
La filtración de un informe confidencial relativo a un asunto tan sensible, cuyos debates se mantienen en secreto, ya que afectan a derechos fundamentales, ha levantado cierta polvareda entre los implicados. “La Comisión aún no se ha reunido y ni siquiera conoce el informe del ponente, pero para el nacionalismo español este es un detalle insignificante”, ha protestado Puigdemont (en inglés) a través de un tuit, tras conocer su difusión.
“Es un procedimiento parlamentario muy serio, y es fundamental concienciar en la necesidad de mantener la confidencialidad del mismo durante todo el proceso”, recuerda Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. “Hacer filtraciones no solo es éticamente reprobable, sino que puede suponer la apertura de un procedimiento sancionador a quien las haya realizado”.
Según una fuente de esta Comisión, hay pocas dudas de que el órgano votará a favor de retirar la inmunidad de los eurodiputados catalanes la próxima semana, y contará “seguramente” con el apoyo “en bloque” de los eurodiputados de las tres grandes familias políticas: populares, socialistas y liberales. La gran votación de la Eurocámara será algo más difícil. “En el pleno es otra cosa, porque estos grupos son más heterogéneos”, dice, aunque cree que también votará a favor de retirarles la inmunidad. “Habrá un poco de todo, distinta casuística, pero saldrá adelante. No creo que tenga mucho recorrido”.
Otra fuente de la familia socialista en la Eurocámara aseguraba hace unos días, sin embargo (cuando aún no había sido recibido el informe), que de momento no habían fijado su postura como grupo parlamentario. “No es responsable ahora mismo que digamos cuál va a ser nuestra posición cuando todavía no hay un informe sobre el que tengamos que votar”. En breve y ya con el informe en la mano, los socialistas europeos, cuya posición es quizá la más escrutada desde España, por sus conexiones con la política interna, deberán reflejar oficialmente el sentido de su voto.
El procedimiento para valorar el suplicatorio contra los eurodiputados catalanes se puso en marcha en otoño, con meses de retraso debido a la pandemia. Las medidas sanitarias y de distancia social impedían celebrar las reuniones preceptivas, que han de ser presenciales y a puerta cerrada. Finalmente, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo permitieron que estas se desarrollaran de forma híbrida, en parte presenciales y en parte telemáticas, para desatascar este y otros asuntos.
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