Turismo y hostelería: anuncio sin plan

La crisis económica originada por la pandemia está lejos de ser superada. La totalidad de las instituciones económicas supranacionales y los principales bancos centrales siguen advirtiendo de la necesidad de mantener los apoyos públicos a los agentes económicos más castigados por la crisis y al empleo. Es preferible, vienen a decirnos, pasarse que quedarse cortos. Recesiones adicionales serían demoledoras. No es de extrañar, por tanto, que en EE UU, la economía cuyas autoridades han comprometido mayores recursos públicos en relación con el tamaño de su economía, la Reserva Federal advirtiera ayer mismo de que los riesgos de recaída siguen siendo importantes y, en consecuencia, sus actuaciones irán destinadas a neutralizarlos. Pronunciamientos similares han realizado el BCE y la Comisión Europea.

En ese contexto de amenazas todavía latentes sobre la recuperación económica cobra sentido el anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de incorporar 11.000 millones de euros adicionales en apoyos a las empresas y autónomos, fundamentalmente en los sectores de la hostelería, la restauración y el turismo. Son, efectivamente, las empresas de menor dimensión en esos sectores las que se están jugando la supervivencia si no han desaparecido ya. La crisis está originando problemas financieros y dificultades para el mantenimiento del empleo en un sector cuya contribución al PIB es significativamente superior en España que en el resto de la UE.

Debe celebrarse, pues, que después de un largo debate interno el Gobierno haya decidido activarse en este sentido. Pero hay que lamentar la inconcreción del anuncio, máxime cuando España se halla en el furgón de cola europeo en cuanto a ayudas directas y hay crecientes indicios de dañino retraso en este plano de acción. Siempre es deseable que los anuncios políticos tengan cierto respaldo técnico, cuando no para una aplicación inmediata al menos para sentar las bases del debate público y de las dinámicas inversoras. Esta realidad general es especialmente válida en las circunstancias actuales. Urge, por tanto, después de la verbalización en el Congreso, que el Gobierno aclare pronto los aspectos clave de tan importante acción. Por un lado, la naturaleza del apoyo: ayudas directas a fondo perdido, quitas de deuda u otras fórmulas. Por otro, los potenciales beneficiarios: no solo su adscripción sectorial, sino los criterios de selección dentro de los sectores, para asegurarse de que el apoyo llegue a agentes viables.

Las autoridades económicas españolas dieron respuestas adecuadas al principio de la crisis. Los ERTE y los créditos ICO han amortiguado considerablemente el golpe. Pero es evidente desde hace ya un tiempo que será necesario asumir mayores esfuerzos presupuestarios para contener las sangrías financieras en muchas empresas. No son decisiones precisamente fáciles, en busca del difícil equilibrio entre salvar tejido empresarial y no derrochar dinero del contribuyente. Por ello mismo, por esa extraordinaria complejidad, poco hay que celebrar en un anuncio sin plan, ya que en esta cuestión los detalles son esenciales. Habrá que confiar en que no se trate de una improvisación para aliviar presión y que pronto se materialice un plan eficaz en este sector, que es lo que hace tiempo es evidente que España necesita.