México tiene una nueva reforma eléctrica y Andrés Manuel López Obrador una nueva bandera de lucha política en vísperas de la campaña del próximo junio para la elección de los miembros de la Cámara de Diputados. Tras apenas un mes de tramitación parlamentaria, el presidente, que hizo de este polémico plan una apuesta personal, celebró este miércoles la aprobación del Congreso y anticipó la renegociación de los contratos con una decena de compañías. La ley deshace la anterior, impulsada por Enrique Peña Nieto, y fortalece a una empresa del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a la iniciativa privada. Su discusión profundizó el choque entre el Gobierno y el partido que lo sostiene, Morena, y la oposición. Pero si las críticas a este cambio legal han tenido que ver con su preocupante impacto económico y ambiental, su defensa ha sido esencialmente política e ideológica. Y más allá de las consideraciones sobre la difícil aplicación de la reforma, el mandatario se ha apuntado una victoria con la que intenta reafirmar su proyecto en un momento decisivo.
El presidente lleva semanas refiriéndose a su plan energético casi a diario desde las conferencias de prensa matutinas. Lo ha hecho recurriendo a argumentos muy sencillos, cargando contra todo el que criticaba la nueva norma, bien sea políticos, empresarios o medios de comunicación, incluido este periódico. Su blanco más habitual han sido los inversores extranjeros, a los que ha vinculado a menudo con la corrupción. Ante todos, ha apelado al orgullo nacional. Prometió a los ciudadanos un ahorro en las facturas de la luz y atribuyó todas las objeciones a los que considera intereses especulativos. Aprovechó la crisis eléctrica que a mediados de febrero dejó a oscuras a millones de mexicanos en el norte del país y que evidenció la debilidad estructural de la red para ratificar su discurso, que gira en torno a la idea de soberanía energética. Y todo ello le ha servido también para atacar a sus adversarios y criticar a la prensa.
Esta reforma queda aprobada cuando está a punto de comenzar una campaña electoral clave para la segunda mitad del mandato. López Obrador mantiene una aprobación general elevada. Una encuesta realizada la semana pasada por SIMO Consulting para EL PAÍS la sitúa en el 65%. Todas las piezas encajarían aparentemente en un cálculo político preciso, aunque Santiago Rodríguez, politólogo y director de estudios de la firma, apunta que el presidente parece apegarse más a “una especie de razón histórica que a una razón pragmática”. “Algo que ha quedado claro con la Administración de AMLO es su compromiso total con los símbolos que han dado forma a su discurso a lo largo de los años”, señala. “Claro que este es un lujo que se puede dar al tener un núcleo de aceptación popular sólido del 65% y la falta de algún contendiente que pueda poner en riesgo su proyecto político. Su interés parece estar enfocado en escribir desde ahorita los libros historia que hablarán de él en un futuro”.
Para el mandatario ha llegado el momento de “cuidar el patrimonio público, el presupuesto, que es dinero del pueblo”. “Nada más que al servidor público le deben de interesar mucho, mucho, mucho los negocios públicos, no los negocios privados. Entender eso”, afirmó. El propio López Obrador resaltó también que este no es solo un plan económico. “Queremos seguir manteniendo contratos [con compañías privadas], pero los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política, así también de claro; ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas”, enfatizó. El presidente hacía referencia a grupos como Iberdrola, que ya descartó a finales del año pasado nuevas inversiones en México.
Pese a esa filosofía, asegura que no tiene intención de prescindir de los empresarios. Ante las críticas, agregó: “Quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México. No se podría crecer, no podría mejorar la economía del país, no habría progreso sin la participación de los empresarios. Pero no ayuda la corrupción. Entonces, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción”. “¿Por qué, si en España tienes un margen de utilidad del 15%, aquí tu margen de utilidad va a ser de 150%?”, se preguntó.
La reforma, que ha costado al Gobierno críticas de organizaciones empresariales y cámaras de comercio, entre ellas las de España y Estados Unidos, supone un giro profundo que lamina el principio de liberalización del sector energético. Eso es en la práctica un freno a que las plantas más eficientes, que suelen ser las centrales renovables de compañías privadas, sean también las primeras en suministrar electricidad. El orden ahora se invierte y, cuando se empiece a aplicar la nueva ley, la Comisión Federal de Electricidad tendrá prioridad en todo el mercado nacional.
El cambio de paradigma plantea un serio conflicto ambiental que tanto oposición como expertos detallaron durante el trámite parlamentario. El plan sí refuerza a una empresa paraestatal, pero también asesta un golpe a las fuentes limpias, por ejemplo la energía eólica. Uno de los principales problemas de la CFE es la obsolescencia de muchas de sus centrales térmicas. El criterio deja así de ser la eficiencia a cambio de una concentración del mercado y a eso se añade que con la reforma ya no serán obligatorias las subastas para la compra y suministro de energía eléctrica.
Las consecuencias, según el sector, son preocupantes para el medio ambiente, lo que choca con el discurso de lucha contra el cambio climático defendido por el mandatario, y para la economía. La ley se convierte en un muro para las inversiones, sobre todos de las compañías extranjeras que ante los obstáculos pueden optar por otros mercados. Según cálculos de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, en los últimos años los privados aportaron al país 17.675 millones de dólares “por concepto de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica”.
Los analistas consultados no dudan en ver en el plan un regreso al pasado y una reconstrucción de una especie de nacionalismo energético. El consultor David Shields considera que el presidente “maneja una lógica según la cual él va a regresar a un pasado dorado, un pasado que fue mejor, en el que se nacionalizó”. “Entonces dice: ‘Lo que estoy haciendo es cambiar la ley de la industria eléctrica para que el país esté mejor y que la industria eléctrica no esté manejada por villanos’. Y eso recibe aplausos. Está en una cruzada contra los corruptos, los malhechores, gente que debilitó a la CFE, gran empresa que se nacionalizó”, razona. “Lo que sí es preocupante es que probablemente vayamos a tener una electricidad más cara, lo cual no afectará al pueblo de manera directa, porque esa energía siempre se ha subsidiado y se va a seguir subsidiando. A quien sí va a afectar es a los industriales. Ellos van a ver un aumento en sus costos. Y de forma indirecta sí afectará a la población”.
Según Rodríguez, el nacionalismo energético como símbolo se mueve precisamente entre esas dos vertientes. Remite por ejemplo “a uno de los iconos históricos del México en el siglo XX, casi fundacional, gracias a Lázaro Cárdenas”. Por otro lado, la coyuntura que lleva a López Obrador a ganar las elecciones en 2018 “es el rechazo a toda idea asociada y compromiso plasmado en el Pacto por México de Peña Nieto”. Y fue precisamente en torno a la apertura del mercado energético que el PRI, el PAN y el PRD se encontraron en esa plataforma política común, lanzada en 2012.
Con estas premisas, la reforma aprobada la noche del martes por el Senado plantea más consideraciones políticas y de carácter simbólico que una verdadera discusión sobre sus beneficios. “Esto tiene también una dimensión temporal. Al menos el tiempo que dure su mandato sí podrá controlar el precio que paga por la energía el grueso de su electorado, aunque esto afecte a administraciones futuras”, continúa el politólogo. “Pero su cálculo político parece girar exclusivamente en torno a su 65% de aprobación sólida. Se da cuenta de que pierde muy poco por cada excentricidad”. Este viernes comienza la campaña electoral en algunos Estados. Lo que AMLO ha dejado claro es que está dispuesto a llevar la confrontación política e ideológica a todos los terrenos para apuntalar sus bases.
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