Durante 40 años, José Manuel Villarejo Pérez no fue solo José Manuel Villarejo Pérez, nacido en la cordobesa localidad de El Carpio un 4 de agosto de 1951, hijo de Pedro y Ángela. Sino que también fue Francisco Javier Hidalgo Estévez (1957), presunto oriundo de Mérida. O José Javier Esteban Alonso (1958), descendiente de una tal María. O Manuel Pérez Villar. O José Javier Hidalgo Estévez, venido supuestamente al mundo en Badajoz capital en 1949. Las identidades ficticias que facilitó el Ministerio del Interior a este comisario ya jubilado, epicentro de una macrotrama de corrupción policial, se multiplicaron durante décadas y la Audiencia Nacional sospecha que pudo utilizarlas en sus oscuros tejemanejes. Así lo evidencia la documentación y los DNI falsos que los investigadores de la Operación Tándem localizaron durante los registros de sus casas y oficinas, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Uno de ellos se remonta a la década de los ochenta.
Esa capacidad de Villarejo para hacerse pasar por otros ha vuelto a cobrar ahora una gran relevancia. El temor a que se fugue se ha intensificado después de que este hombre de mil caras saliese el pasado miércoles de la cárcel de Estremera (Madrid) tras pasar tres años en prisión provisional. El magistrado Manuel García-Castellón lo liberó ante la imposibilidad de juzgarlo antes del próximo noviembre, cuando se iban a cumplir los cuatro años que, como máximo, puede permanecer encerrado de forma preventiva sin una sentencia en contra. Los propios fiscales Anticorrupción, que apoyaron la excarcelación, advirtieron de los riesgos que entrañaba y recordaron que se le incautó “documentación con pluralidad de identidades, así como pasaportes en blanco y grandes cantidades de dinero en efectivo”.
“Eso de que voy a huir es mentira”, se defendió a las puertas de Estremera el comisario, a quien el juez ha retirado el pasaporte y obliga a comparecer en diario en el juzgado más cercano a su domicilio. Pero los investigadores no se fían. “Lógicamente no se trata”de que Villarejo pueda utilizar los DNI falsos que le interceptaron tras su detención en 2017, sino que existe la posibilidad de que pueda recurrir a esas u otras identidades para la “planificación de una fuga del territorio nacional”, explicaron los representantes del ministerio público en un escrito enviado al juez. Experiencia para ocultarse tras otros nombres, desde luego, no le falta.
Por ejemplo, el macrosumario del caso Tándem, al que se ha incorporado una buena parte de los papeles que le intervinieron, revela que el comisario usó en 2013 uno de esos nombres ficticios (Francisco Javier Hidalgo) para adquirir ante notario el 100% de las participaciones de una empresa (Taja Develops Sociedad Limitada). Además, con el conocimiento de su pareja, Gemma Alcalá, que le ayudó en las gestiones y que manejaba también su DNI falso, que envió por correo electrónico para abrir una cuenta bancaria. También se alquiló un local o se hicieron trámites ante el registro mercantil.
Los fiscales hace mucho tiempo que saben que Villarejo utilizó las identidades falsas que le facilitaba Interior para sus maniobras, algunas presuntamente amparadas por el ministerio —como Javier Hidalgo contactó con Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, a quien convenció para que declarara contra su expareja, lo que permitió la apertura de una investigación contra la familia de los Pujol—. El problema es dónde acababa su actividad como agente y dónde comenzaban sus negocios. O dónde se mezclaban ambos. Y si estaba legitimado por la ley o le permitían operar al margen de ella por un supuesto “interés nacional”, como defienden en su entorno.
A Eugenio Pino, director adjunto de la Policía Nacional con Mariano Rajoy e imputado en la causa por el espionaje sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas (Operación Kitchen), le preguntaron directamente por ello en enero de 2020.
—¿Puede concretar en qué modo la estructura empresarial de Villarejo le facilitaba o le permitía realizar sus labores de información de interés policial en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa?—, interrogó un fiscal a Pino.
—Concretar, no. La cobertura es una cuestión muy personal. Cuando yo le mando a un país lejano a investigar un secuestro de una serie de personas, le digo que aproveche su condición de abogado. [Villarejo se dio de alta como letrado en el Colegio de Abogados en 2009 y una de sus empresas se dedicaba a la actividad jurídica]. Porque evidentemente no puede usar la documentación de la Dirección General de la Policía… Cuando yo le mando a otro país mucho más lejano para hablar con una persona, a ver si es posible que nos facilite una serie de datos, le digo si su mujer le puede proporcionar un carné de periodista. Y nada más—, contestó Pino.
—¿Pero entonces qué sentido tiene que tuviera documentaciones dobladas?—, insistió el fiscal.
—Pregúntaselo a quién se las dio—, esquivó el mando policial.
Cuando estalló la Operación Tándem y se comenzó a investigar el millonario patrimonio acumulado por Villarejo, se dictaron también comisiones rogatorias a países como Uruguay, Panamá y Reino Unido para que se informara si en esos Estados constaban cuentas o propiedades a nombre de dos de las identidades falsas que usaba el comisario y que le había facilitado Interior.
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