El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Carles Puigdemont

Sin sorpresas ni sobresaltos, el Parlamento Europeo ha cumplido con lo esperado y ha decidido levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones, y con sufragios casi idénticos en los casos de los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Clara Ponsatí (404 a favor, 247 en contra y 42 abstenciones).

La decisión de la Eurocámara, que se votó el lunes de forma secreta, pero ha sido hecha pública este martes, permite reactivar los procesos de extradición contra los tres eurodiputados reclamados por la justicia española desde su huida de Cataluña en 2017. Puigdemont y Comín están acusados de sedición y malversación, y Ponsatí, de sedición, por el papel que tuvieron en el procés [el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia].

Serán ahora los tribunales belgas los que deberán tomar las riendas del proceso (en el caso de Puigdemont y Comín) y los británicos (en el caso de Ponsatí, que se instaló en Escocia, aunque últimamente reside en Bélgica). Los procedimientos iniciados a través de euroórdenes de detención cursadas por el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso independentista, Pablo Llarena, quedaron suspendidos a principios de 2020, cuando los políticos catalanes tomaron posesión de sus actas como eurodiputados, a la espera de que el Parlamento Europeo se pronunciase sobre su inmunidad.

Su entrega a España no será inmediata. Y la posibilidad parece incluso más lejana desde el pasado mes de enero, cuando la justicia belga denegó la extradición del exconsejero catalán Lluís Puig, también fugado a Bélgica y reclamado por el Tribunal Supremo, pero cuyo proceso siguió su curso al no ser eurodiputado y por tanto carecer de protección especial.

El ajedrez jurídico será complejo. Los políticos catalanes, además, han anunciado que recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por supuestas “irregularidades” en el procedimiento seguido contra ellos en la Eurocámara. El magistrado Llarena, desde el otro lado del tablero, ha decidido elevar una cuestión prejudicial ante la justicia europea con el fin de obtener garantías en el proceso.

Se abre así un período de incertidumbre con muchos interrogantes, sobre todo cuando hablamos de un país con más precedentes de resistencia a las extradiciones a España: para la entrega de la presunta etarra Natividad Jáuregui, que se instaló en Bélgica en 2003, fueron necesarias hasta tres órdenes de detención, y un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Bruselas, para que los tribunales belgas finalmente accedieran a su extradición el pasado mes de noviembre.

Fuentes del ministerio de Exteriores explican que el paso dado por Llarena este martes tiene el objetivo de que la justicia europea “interprete cómo se ha de aplicar una euroorden”, tras la postura de los tribunales belgas en los precedentes de Puig y de Jáuregui. Y aseguran que el Gobierno ha tratado de “generar confianza” entre el sistema de justicia español y el belga. Esperan que la extradición se haga finalmente efectiva, pero tampoco están seguros de que así sea. “¿Qué garantías tenemos de que vaya a hacerlo? Ninguna”. Valoran el resultado dado a conocer este martes: “Es un voto de confianza en el Estado de derecho y el funcionamiento de la justicia en España”. Y destacan que es una forma de validar que los problemas de Cataluña se han de resolver en España, no en Europa, y que la condición de eurodiputado no se puede usar para eludir la justicia nacional.

La votación en el Parlamento Europeo ha seguido el guion previsto: las tres grandes familias políticas de los populares, socialistas y liberales, que suman 432 de los 705 eurodiputados (el 61%), han votado a favor de retirar la inmunidad; lo han hecho de forma monolítica en el primer caso, aunque con algunas fisuras y disensiones en el bloque de los progresistas y liberales. Tanto los verdes como la izquierda, que aglutinan 108 escaños, votaron, tal y como habían anunciado, de forma mayoritaria en contra.

La división entre las formaciones del Gobierno español de coalición, cuyos puntos de vista divergen sobre la manera de resolver la crisis catalana, se ha materializado también en el hemiciclo, con los socialistas apoyando el levantamiento de la protección de Puigdemont, Comín y Ponsatí y los miembros de Unidas Podemos desmarcándose para votar en sentido opuesto.

“Podemos tendrá que explicar por qué ha decidido no cooperar con la justicia”, ha reaccionado en rueda de prensa Iratxe García, presidenta del grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara, tras conocer los resultados. García ha destacado la “victoria de la democracia y el Estado de derecho” y la “clara mayoría absoluta” que ha respaldado que la justicia española “haga su trabajo”. “Este parlamento no está para opinar sobre lo que hacen los jueces en España”.

A pesar de que ha salido adelante, las grietas que ha generado la causa independentista en el hemiciclo europeo se pueden detectar en la diferencia del voto con los otros dos levantamientos de inmunidades que decidía también el lunes: los casos de un croata y un portugués (sin tanta carga política), que recibieron el apoyo de 658 y 652 eurodiputados, respectivamente, más de 250 escaños por encima de las votaciones de los catalanes, sumando un 93% de escaños frente al 57% que ha apoyado la retirada de la inmunidad en la votación de Puigdemont. De los 59 eurodiputados españoles, populares, socialistas, ciudadanos y la ultraderecha de Vox habrían votado a favor, mientras que lo habrían hecho en contra, además de Podemos, los de ERC, PNV, Bildu y los tres implicados de Junts.

“Es un día triste para el Parlamento Europeo”, ha asegurado Puigdemont en rueda de prensa este mediodía, tras agradecer a los colegas del hemiciclo que le han ofrecido “más apoyo de lo esperado”. En la comparecencia, junto a Comín y Ponsatí, los políticos han destacado que un 42% de la Eurocámara no ha votado a favor de levantar su inmunidad, algo que valoran como una “victoria política”, a pesar de la derrota “aritmética”. “El voto de hoy es una señal muy clara de que la solución no pasa por ponernos en manos de la justicia española”, ha subrayado Puigdemont. “Constata que esta no es la manera de resolver las cosas […] Nos han quitado la inmunidad, pero ¿a qué precio?”.

Los independentistas calculan que han arañado cerca de 80 votos o abstenciones de entre las filas de los populares, socialistas, liberales y conservadores. Y consideran que han logrado el apoyo de prácticamente todo el ala de izquierda. Puigdemont no ha querido “especular” sobre la procedencia de las disensiones en las cuatro grandes familias políticas de la Eurocámara, “pero es evidente que ha pasado algo”, ha dicho dibujando una sonrisa. “Se ha quebrado la solidez, la confianza ciega” que tenían estos grupos, y el resultado, tal y como lo interpreta, habría enviado “un primer aviso de que este es el camino que no le conviene recorrer al Parlamento Europeo”.

Un eurodiputado que acertó de pleno ayer en su pronóstico (con un error de siete votos) cree que en torno a un 20% de las cuatro principales familias europeas decidió no dar un voto afirmativo. El factor decisivo es la nacionalidad: ”Entre los flamencos [belgas] y en varios países del Este el nacionalismo está vinculado políticamente a la democracia”. Hay diputados de minorías, explica, que se habrían sentido identificados. “Y algunos (pocos) incautos que han comprado el argumentario democrático”. A esto se han sumado los 23 votos de los franceses de Agrupación Nacional (el partido de Marine Le Pen, cuya inmunidad como eurodiputada también fue levantada en 2017)

Sobre las divergencias en el voto entre los socios del Gobierno español, Puigdemont ha destacado la “coherencia” de Podemos, que siempre habría defendido una solución del conflicto catalán por vías políticas. “Me sorprende que no haya sido coherente el PSOE”, ha dicho, en cambio, tras recordar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su defensa en el pasado de la “despolitización de la justicia”. Los tres catalanes se han declarado “a disposición de las autoridades belgas” y han confirmado que acudirán a la justicia europea para denunciar las irregularidades del proceso en la Eurocámara.

“Acaba de terminar la fase política del procedimiento y comienza la judicial”, asegura Gonzalo Boye, abogado que forma parte de la defensa de los catalanes. “Estamos muy tranquilos porque sabemos lo que tenemos que hacer y, sobre todo, cómo se va a resolver”. Desde la sentencia belga sobre Lluís Puig, Boye considera que la batalla jurídica se estaría aproximando a un “jaque mate” por su parte (la no extradición), en el que lo único que faltaría por decidir son el número de jugadas.

Tras los resultados, que se han conocido a primera hora, la jornada de este martes ha transformado en un hervidero español las salas y los intrincados pasillos de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, con ruedas de prensa convocadas por los principales partidos del país y también por parte de los directamente implicados. Todos a la espera de que pase a la siguiente fase el proceso sobre su extradición, pero ya fuera de los muros del hemiciclo.

La eurodiputada popular Dolors Montserrat y el de Ciudadanos Luis Garicano han celebrado también en sus respectivas comparecencias de prensa en sede parlamentaria la decisión de la Eurocámara. “Gana España, gana la Unión Europea, gana la democracia”, ha dicho Montserrat, que ha aprovechado para arremeter también contra Podemos y el PSOE: “El mejor aliado de Puigdemont ha sido el socio de gobierno de Sánchez”. Garicano, de Cs, ha incidido en esta línea: “El Gobierno no solo ha sido abandonado por Podemos, sino por todos sus socios de Gobierno” en “la votación más importante para España” de la legislatura, poniendo en juego su “prestigio exterior”.

Podemos ha defendido su posición a través de la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop: “Esto es un conflicto político que se tiene que resolver en sede política”. Palop ha recordado la apuesta de su grupo “por el diálogo”. “Las fuerzas políticas que hemos hecho presidente a Sánchez hemos estado siempre en el no a la judicialización de la política”. Y le ha quitado importancia al voto divergente, algo que ya ha sucedido en otros momentos por la diferencia entre sus proyectos políticos.