Las vacunas han encendido la luz al final del túnel pandémico. Pero aún queda camino para salir de la oscuridad: una persona inmunizada está protegida contra las formas graves de la enfermedad, pero puede contraer el virus y, hasta la fecha, no se sabe cuál es su capacidad de infectar a otros —aunque se presume que muy poca—. Con solo el 2,8% de la población vacunada en España, no hay inmunidad de rebaño y los vacunados tienen que quedarse como están. Por solidaridad. No pueden saltarse las restricciones ni desprenderse de las medidas de seguridad, como la mascarilla. Al menos, de momento. Algunos países ya han abierto las puertas a un nuevo mundo para los vacunados y Estados Unidos, por ejemplo, permite a los inmunizados reunirse en interiores sin mascarilla entre ellos o con personas de bajo riesgo. La Unión Europea, por su parte, avanza hacia la creación de un certificado vacunal, como Israel o China, que permita facilitar la movilidad de los vacunados para reactivar la economía. Las voces más críticas con este tipo de pases, sin embargo, alertan de la falta de evidencia científica sobre el riesgo de transmisión cero tras la inmunización y avisan de que estos certificados amenazan con dividir la sociedad entre vacunados y no vacunados, sobre todo cuando el acceso a las vacunas es limitado.
Más de 1,4 millones de personas han completado la pauta vacunal en España. Es decir, que su organismo ya está preparado para neutralizar al virus antes de que provoque una enfermedad grave. De lo que no hay evidencia clara es de si los vacunados pueden infectar, aunque los datos epidemiológicos recabados hasta ahora sugieren que la transmisión, de haberla, es baja. Pero no hay estudios concluyentes que lo certifiquen. Un ensayo con sanitarios del Reino Unido constató que la vacunación previene la infección sintomática y asintomática, pero esta investigación aún no ha sido publicada en ninguna revista científica ni revisada por pares. “Científicamente no se puede decir que una persona inmunizada no transmite. No está demostrado el riesgo cero”, zanja Carmen Cámara, secretaria general de la Sociedad Española de Inmunología.
Ante la duda, los expertos y las autoridades sanitarias han aplicado “el principio de prudencia”. Sobre todo, cuando la inmensa mayoría de la población aún no está vacunada y sigue desprotegida. Por eso, esos 1,4 millones de personas vacunadas en España no pueden hacer mucho más de lo que hacían. Si acaso, los ancianos de las residencias, que ya están masivamente vacunados, pueden flexibilizar un poco sus restricciones (mucho más duras por su situación de vulnerabilidad) e igualarlas a las de la población general. Hace dos semanas, por ejemplo, un grupo de ancianos acudieron al teatro en Madrid, una actividad que ya estaba permitida para el resto de la ciudadanía. “La vacuna no es un seguro de vida para cualquier contingencia. Es el seguro para no morirte, pero no para no infectarte. Más te vale que te cuides a ti y a los demás”, recomienda Daniel López Acuña, exdirector de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Algunos países, no obstante, ya han abierto la puerta a flexibilizar restricciones a los vacunados. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos dio luz verde el lunes a que las personas que han completado la pauta se reúnan en interiores sin mascarilla ni distancia de seguridad. Incluso con personas no inmunizadas, siempre que sean de bajo riesgo. Y, además, los vacunados no tendrán que hacer cuarentena ni una prueba diagnóstica si entran en contacto con un positivo, a no ser que tengan síntomas o vivan en entornos grupales. En público, sin embargo, tendrán que seguir manteniendo las medidas de protección y evitar grandes reuniones.
Otros gobiernos también trabajan para habilitar certificados vacunales o de inmunidad que permitan más margen de maniobra, ya sea para cruzar fronteras o para acceder a determinados lugares en un mismo país. Por ejemplo, Israel, donde más de la mitad de la población ya está vacunada, ha implantado un pase digital que da acceso a gimnasios, espectáculos o clases universitarias presenciales solo a las personas inmunizadas. Incluso en los bares, que han abierto tras seis meses cerrados, hay medidas diferenciadas: solo los vacunados podrán acceder al interior de los locales; los demás tendrán que quedarse en las terrazas al aire libre. China también ha lanzado un certificado con datos vacunales y de pruebas diagnósticas para realizar viajes transfronterizos.
La Unión Europea, por su parte, acelera la creación de un pasaporte vacunal que facilitaría la movilidad entre los estados miembro. Tras una primera discusión con los países, la Comisión Europea estudia incluir a personas con PCR negativa o que hayan pasado la covid, aunque la propuesta formal se conocerá la próxima semana. Con este último supuesto, la UE vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que ya había planteado el pasado abril el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, dentro de su plan de desescalada. Igual que entonces la medida se topó con las críticas de parte de la comunidad científica e incluso de la OMS —en ese momento lo rechazaba por la falta de evidencia sobre cómo funcionaba la inmunidad de los infectados—, las voces consultadas vuelven a alertar ahora de que dar un certificado a una persona que ha pasado la enfermedad puede incitar a la gente a infectarse para acceder a los privilegios que aporta ese documento.
Pero no es esta la única suspicacia que levantan estos pases digitales. “Nos plantea falsas seguridades porque el riesgo de infección, aunque estés vacunado, existe. Para el propósito de darnos seguridad sanitaria plena y evitar la importación de esta enfermedad, el pasaporte no sirve”, mantiene López-Acuña. “Desde el punto de vista ético me parece una barbaridad cuando no hay acceso universal a la vacuna”, opina Cámara. Según el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), la UE ha administrado casi 38,5 millones de dosis, pero la población con la pauta completa (la mayoría de vacunas requieren dos dosis) está por debajo del 6% en todos los países.
Hay demasiados flecos sueltos, insisten las voces críticas. “Una cosa es que quede un registro en la historia clínica, que se tenga un carné vacunal y otra un pasaporte inmunitario cuando no sabemos si evita la infección. Y, en cualquier caso, ¿quién tendrá acceso a ese pasaporte? Ciudadanos de países ricos. Porque las vacunas aún no han llegado a muchos territorios en vías de desarrollo y esto hará aumentar la brecha entre países. Y, por otra parte, ¿qué hacemos con los menores de 18 [para los que no está indicada estas vacunas]?”, cuestiona Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. La mayoría de los países de África, por ejemplo, todavía no han empezado a vacunar. En esta línea, el director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, también ha rechazado que los países pretendan pedir un certificado de vacunación para viajar porque creará “más desigualdades”, justificó.
La Comisión Europea prevé presentar el 17 de marzo su certificado digital. Con la vista puesta en salvar la campaña turística del verano, el organismo europeo todavía no ha aclarado, sin embargo, cuáles serán sus usos definitivos —previsiblemente serviría para entrar en un país, como ocurre con la vacunación contra la fiebre amarilla en zonas donde esta enfermedad es endémica—, o las condiciones para tenerlo (qué ocurrirá con los menores o con las personas con contraindicaciones a la vacunación). Entre los estados miembro, además, hay discrepancias: mientras España y Grecia alientan el llamado “pase digital verde”, Francia y Luxemburgo han mostrado su rechazo por el temor a que se creen ciudadanos de primera y segunda por el hecho de estar vacunados.
“Ninguna intervención está exenta de efectos colaterales. Hay efectos indeseados en cualquier intervención comunitaria”, resuelve el infectólogo Oriol Mitjà, impulsor del pasaporte inmunitario en Cataluña hace un año. El médico admite que no se puede garantizar el riesgo cero de transmisión entre los vacunados y que puede haber gente que quiera infectarse para conseguir el pase verde, pero son riesgos “que se pueden considerar y mitigar”, apunta. Por ejemplo, manteniendo las medidas preventivas de protección, como la mascarilla. “La alternativa al pase verde es cerrar para todos. Pero no puede ser abrir para todos porque pones en peligro la salud pública”, sostiene. Aunque la curva epidémica está de bajada, la incidencia de casos todavía es muy alta en buena parte de Europa.
Cámara, por su parte, propone cambiar el pasaporte por hacer más test. “Habría que reforzar las pruebas diagnósticas a la llegada: test de antígeno obligatorio en el punto de llegada a todo turista que entre en el país. Me parece más igualitario y efectivo”.
Lo que está claro es que, en unos meses, muchos países convivirán con una parte de la población vacunada y otra parte no. “La idea inicial era seguir con las medidas de protección y prudencia en interiores hasta final de año, pero habrá quien quiera que se hagan distinciones. Pero esta pandemia es complicada y veremos a ver cómo evolucionan las variantes, que intentarán escaparse de los efectos de la vacuna”, alerta Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic, duda de que en Europa se replique el modelo de Israel: “Cuando la mayoría de la población esté vacunada, se reducirán muchos problemas porque aunque las vacunas no sean efectivas al 100% para reducir la transmisión, el hecho de que haya mucha gente vacunada, ayudará a que el virus circule menos. Pero, por ahora, en el ámbito público, yo vacunado voy a hacer lo mismo que tú”. Trilla apunta, además, que los pasaportes “tienen fecha de caducidad” porque no se sabe cuánto durará la inmunidad” y habrá que ir actualizando, añade, esas eventuales ventajas que aportan los pases verdes.
Lo que sí persistirán más tiempo son las desigualdades entre países, sobre todo con aquellos en desarrollo, donde la vacunación irá más lenta. “Vamos a pasar unos años de distopía, en un mundo de vacunados y no vacunados. Se permitirá la movilidad dentro de la UE, pero viviremos con un mapa de restricciones de acceso para África y América Latina más tiempo”, asume Infante.
Discrepancias entre los expertos en bioética
Entre los propios bioeticistas también hay discrepancias respeto a las bonanzas o no de este tipo de certificados. “Si en el corto plazo ya tenemos vacunados a todos los grupos de población que tienen un riesgo de mortalidad o comorbilidad grave frente a la covid-19 (véase, sustancialmente, los de mayor edad), el presunto riesgo de transmisión que no evita el estar vacunado, aunque, como hemos señalado, seguramente lo mitigue, no pondría en peligro la vida o integridad de los grupos más vulnerables”, justificaba en un artículo en EL PAÍS el presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo. Y aunque admitía que “desde una dimensión deontológica, lo más justo sería esperar a que existiera un acceso universal a las vacunas”, luego agregaba: “Es bueno no olvidar que una sociedad con peor economía es harto probable que tenga peor salud. Los certificados y pasaportes, pese a las objeciones comentadas, estarían, en definitiva, protegiendo la salud de la sociedad y no solo la economía”.
En cambio, Itziar de Lecuona, subdirectora del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona, rechaza de pleno cualquier tipo de certificado de inmunidad. “Afecta a derechos fundamentales y abre la puerta a la discriminación entre vacunados y no vacunados. Pueden acabar pidiéndolo para trabajar y es dar privilegios a determinadas personas”, insiste. Y avisa de que, en cualquier caso, tendría que haber una ley que regulase este tipo de dispositivos.
Source link