La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos y lo turnó al Senado de la República para su revisión y, en su caso, aprobación.
La reforma, que fue enviada a la Cámara por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 26 de marzo, considera la suspensión de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en caso de “peligro inminente” para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
Luego de un debate de once horas de discusión y tras rechazar 137 reservas, la reforma fue aprobada en lo particular por 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, en los términos del dictamen de la Comisión de Energía, que agregó que en el caso de que se suspenda una concesión, ésta debe ser antecedida por una notificación al permisionario en la que se indiquen las causas que motivaron la suspensión.
“La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario, indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que podría darse en caso de que continúen los actos que ampare el permiso. El permisionario contará con un plazo de quince días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes”, señala el añadido.
La reforma también otorga facultades a la Secretaría de Energía (Sener), así como a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos cuando se determine que los hidrocarburos fueron adquiridos de forma ilícita o mediante el contrabando en la modalidad conocida como “huachicoleo”.
Los solicitantes de permisos deberán demostrar cuando se les requiera, que cumplen con la capacidad de almacenamiento legalmente establecida. También considera negados los permisos en el caso de que la autoridad no responda a la solicitud, lo que se conoce como “negativa ficta”; lo anterior, con el fin de que no se consideren otorgados en automático a entidades que no cuenten con la calificación o que tengan impedimentos legales para ello.
Por tanto, establece la revocación del permiso a quienes alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como a aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin autorización.
Previamente, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general, por 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Justino Arriaga, adelantó que la reforma recibirá una “lluvia de amparos” por lo que terminará suspendida por los jueces al igual que la reforma eléctrica.
Por su parte, el panista Marco Antonio Adame, aseguró el dictamen aprobado genera incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y ahuyentará las inversiones en el sector energético: “Hay que ordenar el sector, pero sin violentar la Constitución; hacerlo productivo y sustentable para que sea palanca de desarrollo”.
En su defensa, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, dijo que la reforma ayudará a recuperar la soberanía energética: “La política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso; somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina”.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Galindo Favela, apunto que la reforma va en contra de la Constitución y afecta los derechos de empresarios mexicanos y de inversionistas internacionales que han apostado por el país: “no hay duda que van a controvertirla afectando considerablemente las finanzas públicas del país”.
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