La Cámara de los Comunes británica no está dispuesta a permitir que sea solo el zorro quien revise las reglas del gallinero. El mandatario británico Boris Johnson ha ordenado una investigación interna de los intentos de influencia ejercidos por el ex primer ministro David Cameron sobre algunos miembros del Gobierno, en representación de la financiera quebrada Greensill. Sin embargo, Downing Street movió esta semana sus hilos para que la mayoría conservadora votara en contra de la investigación parlamentaria propuesta por la oposición laborista. Dos comisiones, la de Administración Pública y Asuntos Constitucionales y la de Estándares Éticos, han decidido comenzar a indagar por su cuenta en un escándalo que pone en evidencia la debilidad de los controles del sistema británico sobre las puertas giratorias entre la política y la empresa.
La inmediata reacción de Johnson, nada más publicar su predecesor Cameron un comunicado público en el que admitía a regañadientes sus errores de cálculo, tenía más de ejercicio de control de daños que de revisión en profundidad de un sistema con muchos agujeros legales. Incluso era en parte un ajuste de cuentas personal, después de que su anterior jefe hubiera puesto al actual primer ministro de vuelta y media en sus memorias recién publicadas, For The Record. El libro refleja a un Johnson oportunista que se sumó a la aventura del Brexit, según Cameron, para impulsar su carrera política.
Las ramificaciones que no dejan de surgir en torno al asunto Greensill han puesto de manifiesto que la actividad de los lobbies en el Reino Unido se desenvuelve en un terreno difuso. Esta misma semana surgía la noticia de que Bill Crothers, un alto funcionario del Gobierno al frente del Departamento de Adquisiciones y Compras, fue contratado por la financiera quebrada sin necesidad de abandonar su cargo público. Crothers había comunicado a sus superiores la decisión, y obtenido su autorización.
A los dos meses, en noviembre de 2015, dejó definitivamente la función pública y se centró íntegramente en su nuevo trabajo. En teoría, no cometió ninguna ilegalidad. Como no la cometió Cameron al enviar mensajes de texto en nombre de Greensill al ministro de Economía, Rishi Sunak, o promover una cita, copa incluida, entre su nuevo jefe, el financiero australiano al frente de la compañía, y el ministro de Sanidad, Matt Hancock. De hecho, el Gobierno de Johnson rehusó que la empresa participara en las ayudas y avales crediticios puestos en marcha para suavizar el impacto de la covid-19.
Todo el episodio, sin embargo, ha abochornado a muchos diputados conservadores y escandalizado a la oposición laborista. Y ha puesto de manifiesto que las actuales leyes de incompatibilidades, puestas en marcha paradójicamente durante el Gobierno de Cameron, son claramente insuficientes. Todos los grupos de presión deben figurar en la actualidad en un registro de lobbies, y cualquier político o alto funcionario debe esperar dos años antes de incorporarse a un puesto en la empresa privada que tenga alguna relación con la tarea que desempeñaba previamente en la administración pública.
Esas reglas no son suficientes para controlar a los actores solitarios que, como Cameron, echan mano de sus contactos e influencias para abrir puertas. Y el organismo controlador de las posibles incompatibilidades, el Comité Asesor de Nombramientos en Puestos de Dirección (Acoba, en sus siglas en inglés), es una institución sin capacidad coercitiva ni sancionadora. “No pretendo sonar demasiado brusco, pero en estos momentos no parece haber ningún tipo de fronteras ni límites”, ha admitido este jueves con resignación su actual director, Erick Pickles, ante la Comisión Parlamentaria de Administración Pública. “El problema lo tenemos con los lobbies no regulados, con los lobbies secretos que obtienen una serie de ventajas injustas”, ha señalado. “Todas nuestras carreras políticas se han construido a través de algún tipo de contacto o influencia, pero se convierte en algo malo cuando se realiza sin la regulación y la transparencia apropiadas”.
Tanto el propio Cameron como el ministro de Economía, Sunak, han adelantado ya su disposición a comparecer ante los diputados cuando sean convocados. Ambos se sienten lo suficientemente seguros legalmente como para dar la cara. “Como ex primer ministro, entiendo ahora que las comunicaciones con el Gobierno deben realizarse únicamente a través de los canales más formales, para no dar lugar a interpretaciones erróneas”, ha admitido Cameron en su comunicado público. “Pero el contexto era importante”, ha añadido, “y en ese momento, el Gobierno estaba tomando decisiones rápidas sobre el mejor modo de apoyar a la economía real. Agradecía cualquier información en tiempo real y todo diálogo posible”. Cameron aprovechó esa “ventana de diálogo” para favorecer a una empresa que asesoraba, y de la que tenía un importante paquete de participaciones cuyo valor, después de la quiebra, se ha volatilizado.
Más información
El jefe de Gabinete de Johnson y jefe máximo del prestigioso cuerpo de civil servants británico (altos funcionarios), Simon Case, ha dado una orden estricta pero reveladora a la vez del actual descontrol. Antes de que termine la semana, todos aquellos servidores públicos que tengan un doble empleo -algo, por otra parte, permitido en el peculiar sistema británico- deberán comunicarlo a sus superiores.
El líder laborista, Keir Starmer, ha encontrado un filón en el escándalo Greensill, después de un año en que su única materia de oposición era la gestión de la pandemia, con las precauciones que implicaba presionar sobre una crisis sanitaria tan delicada. “Este escándalo es solo la punta del iceberg. Contemplamos el regreso de la corrupción tory, con contratos sospechosos, acceso privilegiado y trabajos para los amigotes”, decía Starmer en la Cámara de los Comunes este miércoles a un Johnson que se empeñaba en ensalzar las ventajas de una relación fluida entre la administración pública y la empresa privada aunque, admitía, “en este caso las fronteras no estaban muy claras”.
Source link