Cese de ayuda a Centroamérica aumentaría la migración

Autoridades, trabajadores humanitarios y activistas de Centroamérica expresaron su desconcierto por la amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump de eliminar casi $500 millones en asistencia a Honduras, Guatemala y El Salvador debido a lo que describe como una crisis migratoria.

A la larga, afirman, esa medida sólo agravará el problema.

El recorte pone en peligro la continuidad de diversos programas de desarrollo tendentes a enfrentar las causas de la migración, como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la corrupción.

Estos programas incluyen orientación a jóvenes en situación de riesgo para impedir que pandillas los recluten, así como otros para enfrentar la violencia de género y apoyar la educación, el desarrollo de la fuerza laboral y la complicada lucha para erradicar la corrupción.

“Eso es ilógico e irresponsable… Estamos hablando de desafíos a largo plazo que van a necesitar soluciones sostenibles a largo plazo”, declaró Adriana Beltrán, especialista sobre Centroamérica en la Oficina en Washington para América Latina.

“Así que en lugar de contribuir a estabilizar la situación e intentar abordar estos desafíos de largo plazo, reducir la asistencia sólo agravará la situación”.

“Dejar sin recursos programas importantes”, agregó, “propiciará a la larga más migración, más inseguridad, más corrupción y más impunidad en estos países”.

No ha quedado claro dónde, cuándo o en cuánto se reduciría la asistencia.

Trump dijo la semana pasada que “les estamos entregando enormes sumas de dinero y dejaremos de hacerlo porque no han hecho nada por nosotros”, y mencionó una cifra de $500 millones. 

El portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, dijo el martes que cualquier reducción a la asistencia alcanzaría $450 millones en el año fiscal 2018 y una cantidad no determinada correspondiente a 2017.

“El presidente ha dejado claro que la decisión tiene como propósito garantizar la seguridad de las fronteras de Estados Unidos y proteger a los ciudadanos estadounidenses”, señaló Palladino. “Estos programas no han frenado de manera eficaz la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, ni logrado los resultados deseados”.

La asistencia tiene como propósito fomentar la democracia, el buen gobierno, el comercio, la agricultura, la educación, la salud, la seguridad pública y la aplicación de la ley.

Los expertos aseguran que todas esas áreas inciden directamente en la manera como la gente puede ganarse la vida o incluso sobrevivir en sus países.

Los gobiernos de los tres países han reaccionado tibiamente quizá por temor a encolerizar a Trump.

Honduras y El Salvador señalaron que no les han avisado formalmente de ninguna reducción en la asistencia de Estados Unidos.

El ministro de Defensa de Honduras, Fredy Díaz, dijo que la cooperación con EEUU en seguridad “se mantiene igual”, mientras que la cancillería señaló en un comunicado que la relación es “sólida, estrecha y positiva”.

El vicepresidente salvadoreño Oscar Ortiz dijo el martes que disminuir la asistencia no resolverá el problema migratorio, pero sí tendrá el efecto contrario.

“La mejor manera de abordar el tema de la migración… no es con este tipo de decisión”, señaló. “La mejor manera de abordar el tema es seguir trabajando conjuntamente”.

Guatemala, origen de gran parte de la reciente ola migratoria en la región, fue bastante cautelosa, ya que el portavoz presidencial Alfredo Brito solo dijo que la postura oficial es no hacer declaraciones de momento.

Sin embargo, el anuncio de Trump ha preocupado a quienes efectúan físicamente las labores de asistencia en la región.

Rick Jones, que trabaja en El Salvador como asesor de políticas para jóvenes y migración con Catholic Relief Services, orienta a jóvenes para que no ingresen en pandillas y les ayuda a conseguir empleos.

También maneja terapia conductual para reclusos a fin de disuadirlos de regresar a la delincuencia, aspectos que tienen “un impacto positivo en ayudar a las personas a que piensen sobre su conducta y la cambien”, agregó.

Ha sido una labor ingrata pero altamente necesaria, en especial en un país como El Salvador, que tuvo el año pasado una tasa de homicidios de 50 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Sin embargo, los 38 millones de dólares que Catholic Relief Services recibe de agencias del gobierno estadounidense para dirigir programas en los tres países —incluidos algunos relacionados con educación y empleo— podrían desaparecer en caso de una reducción de la asistencia.

Si esto ocurre “se enviará el mensaje de que ‘la Asistencia no va en camino… y habrán de quedarse solos’”, declaró Jones. “Y básicamente las personas que se quedan solas van a estar más desesperadas y un número mayor de ellas van a migrar”.

De igual manera, Vicki Gass, orientadora sénior de política para América Central y México de Oxfam América, dijo que disminuir los recursos a programas que han funcionado durante años, en muchos casos, podría “suponer un desperdicio de los dólares de los contribuyentes de EEUU que ya se han invertido” y “fomentar la misma inestabilidad que hace que la gente huya en primer lugar”.

Algunos programas gubernamentales diseñados para persuadir a los centroamericanos de que no emigren fueron emprendidos debido en parte a las críticas previas de Trump a las caravanas migrantes en las que miles de personas viajaron hacia la frontera de Estados Unidos, y la amenaza de reducir la asistencia no toma eso en consideración, según funcionarios.

“Contrasta con lo que hemos conocido como informes que denotan efectivamente que ha habido disminuciones en el tema migratorio, que son producto de todos los esfuerzos que se vienen haciendo en esta materia”, dijo la legisladora Yanci Urbina, del partido izquierdista FMLN de El Salvador, el país con menor población entre los tres y tercero en cuanto al número de migrantes que van a Estados Unidos.

El ministro de Hacienda salvadoreño, Nelson Fuentes, dijo que la asistencia estadounidense al país incluye $20 millones en ayuda técnica y fiscal a lo largo de cinco años, y que no se ha notificado al gobierno de alguna reducción.

Otros $200 millones para impulsar el crecimiento y el empleo se manejan en conjunto con el Banco Mundial, y todavía se desconoce si esa ayuda será reducida. Finalmente hay donaciones directas de Washington al gobierno salvadoreño y organizaciones privadas.

Fuentes dijo que la asistencia para seguridad y migración podría ser afectada, pero no debería suceder lo mismo con los contratos que tengan financiación activa.

En Guatemala, la asistencia más importante es la canalizada a seguridad, en específico al combate al narcotráfico, la cual ya está bajo investigación debido a la utilización cuestionable de vehículos blindados donados por Washington.

Otros recursos entregados mediante USAID están dirigidos a apoyar diversos programas, incluidos agrícolas y educativos en comunidades rurales pobres, así como a la capacitación de fiscales, que han emprendido una notable lucha contra la corrupción en los últimos años, o de jueces.

El analista político hondureño Omar García dijo que la asistencia estadounidense a su país es “vital” y afirmó que las amenazas de reducirla muestran que Washington “es un aliado no confiable para Honduras”.

Al igual que Guatemala, Honduras ha apoyado al gobierno de Trump en asuntos cruciales, a decir el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y en la crisis política en Venezuela. Está por verse si perdura este este apoyo de Guatemala. “Está surgiendo en este país un sentido nacionalista… y eso puede ser bueno”, señaló García.

Beltrán subrayó que la mayor parte de la asistencia que está ahora en peligro no va directamente a los gobiernos de los tres países, sino a agencias, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y demás.

Auguró que el intento de reducir la asistencia podría ser rechazado en el Congreso si los recursos son reprogramados sin autorización legislativa. Particularmente en la Cámara de Representantes, los legisladores y comisiones podrían reservar esos recursos en la próxima iniciativa de presupuesto, apuntó.

“Va a resultar en una batalla”, declaró Beltrán, “porque es el Congreso el que a fin de cuentas tiene la decisión sobre el dinero”.