La operación del jueves en la favela de Jacarezinho, en la zona norte de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, no alcanzó a la mayoría de las 21 personas que la policía se proponía arrestar por atraer a menores al tráfico de drogas. De la lista, solo tres fueron detenidos y otros tres fueron asesinados. La acción policial se saldó con 25 muertos y se convirtió en la más letal de la historia de la ciudad de Río y en la segunda mayor masacre registrada en ese Estado. Entre los muertos hubo un policía y 16 vecinos de Jacarezinho ya identificados por la Orden de Abogados de Brasil (OAB). La masacre atrajo la atención internacional. El viernes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió una investigación “parcial e independiente” de la masacre.
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El portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Rubert Colville, dijo en una rueda de prensa en Ginebra que hay un historial de uso “desproporcionado e innecesario” de la fuerza por parte de la policía brasileña. Y advirtió que su oficina recibió “informes preocupantes según los cuales, tras lo ocurrido, la policía no tomó las medidas necesarias para preservar las pruebas en la escena del crimen, lo que podría dificultar la investigación”. En algunas imágenes difundidas por la prensa, es posible ver a policías cargando los cuerpos de los muertos en sábanas, una práctica que puede arruinar pruebas forenses clave. “Recordamos a las autoridades brasileñas que solo se debería recurrir a la fuerza en casos estrictamente necesarios y que deben siempre respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad de la fuerza letal”, agregó el portavoz.
La OAB publicó el viernes una lista con los nombres de 16 de los fallecidos. Todos son hombres de entre 18 y 41 años. La Policía Civil no ha aclarado si alguno de ellos tenía realmente antecedentes penales. Sin embargo, el jefe de policía, Felipe Curi, dijo el jueves que los muertos eran todos delincuentes. “No hay sospechosos aquí. Tenemos criminales, asesinos y narcotraficantes. Lo que nos causa mucho dolor es la muerte de nuestro colega”, dijo. El vicepresidente Hamilton Mourão siguió la misma línea al referirse a las víctimas de la masacre: “Todos bandidos”, dijo el viernes, al llegar al Palacio del Planalto, la sede del Gobierno en Brasilia. También comparó la situación de Río con una guerra. “Esto es lo mismo que si estuviéramos luchando contra un país enemigo. Estoy casi absolutamente seguro, no tengo todos los datos al respecto, de que los muertos eran los marginales que estaban allí, armados, enfrentándose a la fuerza del orden.”
Según la Policía Civil, el jueves se detuvo a seis personas, y tres de ellas tenían órdenes de detención. Los otros tres fueron detenidos en el acto. Si tres fueron asesinados y tres fueron detenidos de una lista de 21 investigados, ¿qué pasó con los otros 15? ¿Quiénes son? EL PAÍS también preguntó a la Policía Civil, pero no recibió respuesta. En junio del año pasado, el Tribunal Supremo limitó este tipo de operativos a gran escala durante la pandemia. Los jueces dijeron que sólo están permitidos en “casos absolutamente excepcionales” y siempre que estén debidamente justificadas ante la Fiscalía de Río. La operación se notificó a los fiscales tres horas después de su inicio.
“Hay varias organizaciones que pretenden impedir el trabajo policial”, dijo el comisario Rodrigo Oliveira”, con la “victimización de los criminales”. Lo que buscan, dijo, es “impedir que la policía cumpla su función de estar del lado bueno de la sociedad. El activismo está impregnado en una serie de entidades y grupos ideológicos que juegan en contra de lo que piensa la Policía Civil. Y la policía está del lado de la sociedad”.
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