El principal urdidor de la trama corrupta del caso Azud, el empresario Jaime Febrer, encarcelado por pagar supuestas comisiones a cargos públicos a cambio de favores urbanísticos en Valencia, apuntaba en sus agendas, teléfonos o correos electrónicos las reuniones que mantenía, los contactos con los que hablaba para cada proyecto e, incluso, en algunos casos, las mordidas que pagaba a aquellos que le favorecían. Fuentes de la investigación han asegurado que el rastreo de sus dispositivos y documentación incautada han posibilitado la elaboración de un listado, de las hasta medio centenar de personas, que están imputadas en la causa.
Entre las anotaciones se encontró nombre del ahora exsubdelegado del Gobierno de Valencia, Rafael Rubio, que también ingresó en prisión provisional y sin fianza el sábado. Y el del exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barbera, Alfonso Grau, imputado como una de las piezas más destacadas en la trama. Sobre el primero, según fuentes de la investigación, su papel, en la mayoría de los casos, se centraba en diluir las críticas desde su puesto de portavoz de los socialistas valencianos en el Consistorio. Pero también se investigan su participación y decisiones en empresas públicas municipales como las encargadas de la gestión del agua, Egevasa y Emivasa, y la del suelo, Aumsa. Respecto al segundo es, según las mismas fuentes, quien recibía presuntamente, la mayor parte de las mordidas. Así, en su declaración ante la titular del juzgado número 13 de Valencia, que instruye el caso, se les preguntó por reuniones concretas, en fechas concretas y con unos participantes muy concretos.
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Jaime Febrer, que se encontraba en Ibiza cuando se desplegó la operación el pasado jueves, hacía gala de saber manejar a los políticos, tanto del PP como del PSOE, según fuentes empresariales, que apuntan que, además, ofrecía contactos a otros constructores. Amante del golf y de los últimos modelos de Porche, diseñó el operativo, extendido entre 2005 y 2010, para no solo esquivar la crisis de la construcción sino para expandirse por toda la Comunidad Valenciana. De ahí, que también se encuentren imputados varios cargos municipales, como la exacaldesa de Xixona (Alicante), Rosa María Verdú.
Además de Grau, Rubio y Febrer, la juez mandó el sábado a prisión a otras dos personas: Joaquín Pastor y Mónica Montoro. El primero, detenido cuando volvía de Chile, trabajaba para Febrer y fue el encargado del operativo financiero para ocultar y blanquear el dinero, según fuentes de la investigación. La segunda, perteneciente a la familia de un grupo promotor inmobiliario, también hizo negocios con Febrer.
Las pesquisas del caso Azud, en las que trabaja también la Fiscalía Anticorrupción, siguieron este lunes con un registro efectuado en el Ayuntamiento de Valencia. Los agentes de la Unidad Central operativa (UCO) reclamaron, fundamentalmente, documentación de las áreas de Bienestar Social, Ciclo Integral del Agua y Patrimonio, que gestiona que la compraventa de suelo.
La causa, declarada secreta, suma ya cerca de medio centenar de investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita. Además de este registro, el juzgado, que trabaja en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha cursado diferentes comisiones rogatorias para buscar dinero en el extranjero, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, para tratar de dilucidar si alguno de los arrestados pudo esconder dinero en el extranjero.
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