Reparto de poder

El anuncio de un acuerdo de los principales partidos independentistas para formar gobierno en Cataluña aleja la amenaza de una repetición de las elecciones en esta comunidad, lo que habría sido una pésima noticia en medio de una grave crisis social y económica. Tras un prolongado periodo de parálisis y desgobierno, el regreso a las urnas habría sido una anomalía doblemente grave. Sin embargo, desafortunadamente para Cataluña, el pacto dista de configurar un horizonte esperanzador.

Cataluña necesita una gestión eficiente de los asuntos socioeconómicos y una descompresión de la tensión política acumulada. Es cuando menos dudoso que el naciente pacto de coalición garantice ambas. Que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya anuncien un Gobierno no significa necesariamente que logren llenarlo de contenido, teniendo en cuenta el largo historial de desencuentros y discrepancias públicas que ponen en cuestión su capacidad para sostener un ejecutivo estable y duradero. Es significativo que ayer se anunciara primero el reparto de poder y, solo horas después, el documento con los planes de gobierno.

ERC y Junts han alcanzado el acuerdo más por falta de alternativas viables que por convencimiento y coherencia de visiones. La percepción del hartazgo ciudadano, las incertidumbres de un regreso a las urnas y, sobre todo, la poderosa mezcla del control de cargos, presupuestos y medios públicos han encauzado el pulso. Ninguno de los dos podía permitirse el riesgo de quedarse a la intemperie institucional. Pero todo ello no garantiza una coherencia de acción, como demuestra la cuestión independentista, en la que de momento las partes se han limitado a desgajar el asunto, cuya estrategia será perfilada en un órgano compuesto por los partidos y las entidades independentistas, que tendrá que coordinarse con el Consell. El asunto queda envuelto en una nebulosa, y lo único claro es la reafirmación de la anomalía democrática de una estructura de poder paralela en una Comunidad que ya acumula muchos déficits en este sentido.

En cuanto a la gestión de las competencias reales, el documento evidencia el contorsionismo que supone la coalición entre las dos formaciones y los radicales de la CUP. A título de ejemplo, la fiscalidad, asunto sobre el que sí hay un poder autonómico legítimo, es resuelto con un raquítico párrafo con media docena de ideas genéricas.

Lo que en cambio está claro al milímetro es el reparto de poder. Junts obtiene carteras con fuerte peso económico, que le permitirán, si juega bien sus cartas, recuperar su diezmada influencia. ERC concentrará buena parte de su poder en un reforzado departamento de la Presidencia, pero perderá una parte destacable de su control sobre los departamentos sociales.

La presencia de los radicales de la CUP, que no estarán en el Gobierno pero sí tendrán que apoyarlo desde fuera, agita aún más las aguas. De hecho, sigue vigente el compromiso adquirido por Aragonès ante la CUP de someterse a una cuestión de confianza a mediados de legislatura. Ojalá, también a la luz de sondeos y de las voces de la sociedad civil, el nuevo Govern entienda que debería centrarse en una gestión socioeconómica pragmática, aparcar unilateralismos y rebajar la presión independentista. A la vista de factores pasados y presentes, no cabe depositar mucha confianza en que así sea.