La Unión Europea quiere evitar dar cualquier paso en falso que haga descarrilar el frágil proceso de recuperación económica. Los Veintisiete se conjuraron este fin de semana en Lisboa para evitar una retirada a destiempo de los estímulos fiscales que agrande las brechas sociales y territoriales. El principal reto pasa ahora por impedir a toda costa una oleada de insolvencias que ponga en peligro los empleos salvados con el escudo social europeo. La Comisión Europea ha decidido ya que facilitará esa tarea aparcando el regreso a la disciplina fiscal hasta 2023. Francia incluso pide aumentar la cuantía del plan de reconstrucción.
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La recuperación económica cobra mayor impulso a medida que el proceso de vacunación avanza sin descanso. Pero Europa ya aprendió el año pasado que la voracidad del virus puede acabar con exuberantes tasas de crecimiento. Y ahí no hay dudas entre los Veintisiete: el precio de retirar los estímulos a destiempo puede ser muy elevado.
Bruselas formulará el 2 de junio su propuesta de política fiscal para 2022, cuya conclusión este sábado avanzó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. “Según las previsiones económicas de primavera, podemos confirmar nuestro enfoque de que mantendríamos la cláusula de escape general activada en 2022, pero no en 2023”, dijo.
João Leão, ministro de Finanzas de Portugal (que tiene la presidencia de turno de la UE) afirmó que entre sus colegas “hubo acuerdo” para “mantener las reglas fiscales suspendidas para garantizar que el foco esté en la recuperación económica”. Aun así, fuentes comunitarias explicaron que la decisión de mantener activada esa cláusula —que permite dejar sin efecto las normas— no debe ser votada por los países. El proceso es el inverso: el Consejo solo debe pronunciarse si la Comisión propone reactivarla. Y eso previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de un año.
En el consejo de ministros informal, celebrado en Lisboa, los titulares de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales pasaron lista a las heridas que puede dejar esta pandemia. Las organizaciones internacionales vienen advirtiendo del riesgo de una oleada de quiebras cuando se empiecen a retirar las ayudas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que, entre las economías avanzadas, el sur de Europa es la región más expuesta al vendaval por el elevado peso del ocio y el turismo y la mayor proporción de pymes.
En otro informe de marzo, el organismo concluye que el 8% de las compañías solventes antes de la pandemia pudieron dejar de serlo a finales de 2020 y estima que para ayudarlas se necesitarán medidas equivalentes a entre el 2% y el 3% del PIB. “El principal riesgo que identificamos para la estabilidad financiera es una potencial ola de insolvencias en el sector corporativo”, afirmó este sábado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien pidió a los gobiernos que la retirada de las ayudas y las moratorias a empresas sea gradual y prudente.
El día antes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, había despejado los temores que pueden instalarse en algunos países, como Alemania, a que los estímulos fiscales lleven a una escalada de precios desmesurada. Lagarde sostuvo que esa subida es de “carácter temporal” y pidió a los ministros que mantengan las políticas de apoyo ante la “incertidumbre”, los riesgos de que haya mayores “divergencias” en la zona euro y la difícil situación que todavía atravesarán quienes estén sin trabajo.
Durante el consejo, los ministros han tenido sobre la mesa varios informes, entre ellos uno del equipo de expertos Bruegel que desgrana todas esas desigualdades de las que advirtió Lagarde. El documento es claro: “Algunas de las divergencias dentro de la UE pueden convertirse en permanentes o al menos de larga duración”.
El texto de Bruegel pone negro sobre blanco otras desigualdades: la generacional, después de que esta crisis haya vuelto a afectar a los jóvenes “de forma desproporcionada”; la educativa, porque ha privado a los más vulnerables de seguir con sus estudios, y la digital, al haber perjudicado a quienes no pueden teletrabajar.
El informe recuerda que la pandemia “probablemente” todavía no estará controlada en 2022 y que el virus puede “incluso convertirse en endémico”. “Aconsejamos a los responsables políticos no retirar el apoyo fiscal demasiado pronto. Al contrario, vemos justificado un impulso fiscal a corto plazo para volver a la senda de crecimiento de 2019 antes de lo previsto”, agrega el documento.
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Ese es el mismo análisis que hace París, que ve con inquietud que la UE todavía está lejos de recuperar la trayectoria de crecimiento anterior a la pandemia, que ya se antojaba algo anémica. “¿Queremos jugar en primera división o quedarnos rezagados respecto a Estados Unidos y China?”, se preguntó el ministro francés Bruno Le Maire.
Las demandas de París de dar una mayor munición al plan de reconstrucción suenan algo prematuras en algunas capitales, que dan prioridad a lograr las cinco ratificaciones que faltan para sacar adelante el paquete de recuperación, entre las que están la de Austria y Países Bajos. La vicepresidenta segunda española, Nadia Calviño, defendió que la prioridad ahora es aprobar “cuanto antes” los planes de recuperación para que los fondos europeos empiecen a fluir en la economía y mantener una política fiscal y monetaria expansivas. “Hay unanimidad en que se debe evitar una retirada prematura de los estímulos fiscales”, afirmó.
Los socios de la UE, también los halcones, se decantan ahora por centrarse en los planes de recuperación y dejar para finales de año el debate sobre el regreso y la reforma de las normas fiscales. La presidencia portuguesa se ha fijado como objetivo que los primeros planes puedan ser aprobados por Bruselas en junio y pasen por el Consejo ese mismo mes para empezar a regar las capitales con ayudas. Fuentes diplomáticas dudan de que se puedan acortar los plazos. “Tener una decisión del Consejo a finales de julio ya es optimista”, apuntan.
El 20% de los trabajadores llegaron a estar en ERTE
La suspensión de las reglas fiscales durante un año más da oxígeno a la Unión Europea para seguir tendiendo una red de seguridad sobre empresas y trabajadores. Sin embargo, fuentes comunitarias abogan por ir focalizando esas ayudas a medida que se levantan restricciones. Según un informe de la Comisión examinado por los ministros en Lisboa, hasta el 20% de los trabajadores europeos —30 millones— llegaron a estar dentro de sistemas de protección temporal de empleo. El documento apunta a que ese volumen se ha ido reduciendo, pero sigue siendo igualmente elevado en sectores como el turismo.
Pese a que las medidas desplegadas por los países han suavizado el aumento de la tasa de paro, la Comisión Europea recuerda que muchos trabajadores que perdieron su empleo “también tenían una mayor tendencia a desanimarse y, por lo tanto, se consideraban inactivos en lugar de desempleados en la estadística oficial”. Eso, agrega, significa que la situación del mercado laboral puede ser “menos favorable” de lo que las estadísticas sugieren.
El documento también pone el acento en el peligro que suponen las quiebras empresariales al estimar que a finales de 2021 alrededor de un tercio de las empresas podrían haber agotado sus colchones de liquidez. Y eso, concluye, podría llevar a “daños a largo plazo” y a un incremento del “nivel de desempleo de larga duración”.
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