Maximiliano Díaz estaba leyendo el periódico mientras comía, como hace cada día, cuando vio una noticia que lo conmovió. “Me impactó tantísimo que, literal, se me saltaron las lágrimas”, explica por teléfono este madrileño de 47 que trabaja en un departamento financiero. El artículo le generó “una gran impotencia” al ver que por una cantidad que para él no supone un esfuerzo se pudiese truncar la carrera de un joven. Su reacción fue inmediata, buscó el contacto de la periodista y le escribió.
El pasado abril EL PAÍS publicó un artículo sobre un grupo de alumnos madrileños, concretamente de Móstoles, que no podían pagar las tasas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). La noticia, recogida por la redactora Berta Ferrero, provocó que decenas de lectores mostraran su disposición a ayudarlos con una donación.
Ferrero recibió unos 80 mensajes. “La respuesta de los lectores fue realmente increíble”, valora. Primero le advirtieron de que en los comentarios de la noticia había gente preguntando que cómo podía ayudar, así que contestó y dejó su correo. Entonces empezaron a lloverle los mensajes. “Un lector me contaba que había llegado a un puesto alto en una compañía aérea gracias a que le habían ayudado económicamente cuando lo necesitó y por eso se veía bastante reflejado en esos tres chicos”, cuenta.
Todos los mensajes que recibió la periodista mostraban su deseo de contribuir y agradecían la difusión de esta noticia que, para la lectora María Arévalo (34 años), contribuye a “dar visibilidad a temas menores, olvidados, pero más importantes que el día a día de la política porque su repercusión y aporte social es mayor”. Arévalo, que trabaja en Alemania como arquitecta, aunque es de Ciudad Real, sintió que tenía que actuar, aunque nunca había hecho una cosa así. “Cuando terminé de estudiar me encontré con la vida real y tuve que irme para poder trabajar, pero al menos pude conseguir mi título; estos chicos están haciendo el esfuerzo y por razones puramente económicas, no pueden seguir estudiando; me pareció muy frustrante”, lamenta señalando la inacción de la Administración pública.
Lo mismo le ocurrió a Daniel de la Fuente, 48 años, trabajador de una entidad financiera en Madrid. “Tengo la teoría de que todos los problemas se solucionan con la educación”, sostiene. Se confiesa afortunado de haber podido estudiar, primero en un colegio privado y después en uno público. La impresión que le produjo el cambio de centro fue posiblemente el resorte que le hizo reaccionar ante esta noticia: “Con 15 años me encontré con un grupo de chavales que se esforzaban para conseguir una beca, mientras que en el colegio privado eran chicos privilegiados que a veces estudiaban como castigo; no puede ser que quien realmente quiera estudiar, quien va a ser realmente valioso para la sociedad, no pueda hacerlo”.
Aunque las competencias son regionales, el Ayuntamiento de Móstoles se hizo cargo de las tasas a través de ayudas sociales después de que EL PAÍS publicara la noticia. Ferrero, que recogió esta continuación del caso en un segundo artículo, cuenta que en la sección de Madrid eran conscientes de que lo que ocurría en el centro de Móstoles no era una excepción, pero no se imaginaba que el tema pudiera “tocar la fibra” de tantas personas. “Estudiar no debería de ser un privilegio, y pensar que varios chicos se queden sin hacerlo por dinero es bastante desolador, sobre todo cuando no estamos hablando de cifras astronómicas, sino de tasas, las de la selectividad, el primer paso para acceder a la universidad”, considera.
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