Las multimillonarias partidas de subvenciones europeas quedarán en suspenso en aquellos países donde se “impida la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas” relacionadas con la ejecución de los fondos comunitarios, según el borrador de las directrices elaboradas por la Comisión Europea para aplicar el reglamento de condicionalidad ligado al respeto del Estado de derecho. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se decanta por una aplicación estricta del reglamento y advierte de que además de investigar los riesgos caso por caso tomará en cuenta también la erosión acumulada del Estado de derecho que ponga en peligro la adecuada gestión de los fondos europeos. Ese deterioro “puede justificar proponer medidas que entrañarían un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido”, señalan las directrices, en alusión al posible corte de un maná comunitario que en países como Polonia o Hungría supone en torno al 60% de la inversión pública.
El reglamento aprobado a finales del año pasado permite por primera vez suspender los fondos a los países donde la buena gestión de los recursos comunitarios no esté garantizada por la ausencia de las adecuadas estructuras administrativas, de auditoría o judiciales. La norma nació con vocación de frenar la deriva autoritaria en países como Hungría o Polonia. Pero en aras del consenso se restringió su ámbito de aplicación a las violaciones del Estado de derecho que puedan dañar de manera directa los intereses financieros de la Unión.
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Bruselas confía, no obstante, en que sirva para atajar desde los ataques a la independencia judicial a los conflictos de interés (como el del primer ministro de la República checa, uno de los principales beneficiarios de las ayudas comunitarias en su país) a los casos de corrupción ligados a la gestión de partidas comunitarias que van desde los fondos de cohesión a los de la política agrícola común, pasando por el nuevo fondo de recuperación.
El reglamento ya recogía la posibilidad de suspender las ayudas en caso de “poner en peligro la independencia de los jueces”. Pero el borrador de las directrices de la Comisión convierte a la independencia judicial en uno de los ejes de la nueva vigilancia y detalla las violaciones que podrían desencadenar la pérdida de fondos.
La Comisión ha tenido ya varios lances con Estados miembros sobre la vulneración de la independencia judicial, los más frecuentes con Polonia. El pasado mes de marzo, Bruselas denunció ante el Tribunal de Justicia europeo la reforma judicial polaca que, entre otras cosas, incluye la posibilidad de sancionar a los jueces que remitan consultas prejudiciales a la corte europea. La Comisión ha pedido al Tribunal que suspenda cautelarmente la reforma. Pero más allá del coste político, Varsovia y otras capitales con derivas autoritarias afrontan estos procesos judiciales a sabiendas de que no tendrán ninguna repercusión en los multimillonarios fondos que reciben de la Unión.
La aplicación del reglamento podría poner fin a esa impunidad. Las directrices apuntan de manera precisa a “leyes nacionales que impiden una revisión judicial efectiva de decisiones administrativas para implementar el presupuesto de la UE”. En el punto de mira también los países donde se adopten medidas “para obstruir la remisión de casos relevantes al Tribunal de Justicia de la UE”.
El borrador señala que “en tales casos, las medidas de suspensión o prohibición [de entrega de fondos] previstas en el reglamento de condicionalidad, impuestas de manera acumulativa hasta que termina la violación [del Estado de derecho] podría proteger el presupuesto de la Unión”.
Bruselas se decanta, además, por utilizar el nuevo reglamento para perseguir irregularidades que podrían corregirse por otras vías (como el control financiero de los fondos) pero que al alcanzar un carácter sistémico o generalizado requieren una intervención más drástica y menos quirúrgica.
“La Comisión considera que cuando una violación del Estado de derecho afecta o corre riesgo de afectar a múltiples programas o fondos de la Unión, cabe esperar un impacto substancial en el presupuesto de la Unión o en los intereses financieros de la Unión”, señalan las directrices. El texto añade que en esos casos de falla sistémica o generalizada “puede justificarse proponer medidas que entrañen un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido”.
El recurso de Hungría y Polonia
Las directrices son el primer paso para la puesta en marcha de un reglamento que está en vigor desde el pasado 1 de enero pero que la Comisión Europea ha aceptado no aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre un recurso presentado por Hungría y Polonia para intentar frenar la norma.
El caso judicial, que se tramita por procedimiento acelerado, podría quedar resuelto a finales de este año o principios del próximo. Pero la Comisión, que confía en la victoria ante los jueces, advierte de que la aplicación será retroactiva y que sus pesquisas sobre posibles violaciones del Estado de derecho están en marcha desde el primer día, por lo que podrá explotar toda la información o las denuncias recibidas durante los meses de espera.
El Parlamento Europeo considera inadmisible la suspensión de facto del reglamento hasta que llegue la sentencia. Y la semana pasada aprobó una resolución, por amplísima mayoría, en la que amenaza con denunciar a la Comisión ante el Tribunal europeo por no cumplir con sus obligaciones.
El choque institucional denota el creciente disgusto entre muchos socios por el trasvase de importantes recursos presupuestarios hacia países donde el Estado de derecho se fragiliza por momentos y la separación de poderes se diluye de manera imperceptible a corto plazo pero potencialmente muy peligrosa a medio y largo plazo. La inquietud ha ido a más con el nuevo marco presupuestario (2021-2027), que asciende a 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones de euros del Fondo de recuperación para superar la crisis de la covid-19.
Bruselas insiste, de todos modos, en que el nuevo reglamento no va dirigido contra ningún país en concreto. Y la historia muestra que las medidas de disciplina a veces recaen en los socios más inesperados. Alemania, que impulsó el Pacto de Estabilidad, se vio incursa en un expediente por superar el 3% de déficit público. Berlín tuvo que maniobrar para suspender el pacto y evitar el riesgo de recibir una humillante sanción. En cuanto al reglamento que penaliza la manipulación de las estadísticas, introducido después de que Grecia trucase las cuentas públicas, fue estrenado con España, que pagó una multa de 20 millones de euros por la manipulación de las cifras de la Generalitat valenciana.
En el terreno de la independencia judicial, España ya recibió un bocinazo de la Comisión cuando el PSOE y Unidas Podemos plantearon una reforma, después abandonada, que pretendía rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bruselas ha advertido de que seguirá muy de cerca la reforma de ese órgano judicial y ha recomendado a España que consulte con la llamada Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que supervisa las reformas de calado constitucional o especialmente sensibles para una democracia de calidad.
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