Washington DC.- El fiscal general Merrick Garland ha descartado una política de la administración Trump que prohibía a los jueces de inmigración archivar temporalmente algunos casos de deportación.
Garland anuló el jueves una decisión del entonces fiscal general Jeff Sessions de que los jueces no podían suspender esos casos, una práctica conocida como cierre administrativo.
Los jueces de inmigración dijeron que la práctica les ayudó a administrar sus expedientes de manera más eficiente al permitirles enfocarse en casos prioritarios y que prohibirlo atrasó un sistema judicial de inmigración ya sobrecargado donde las personas esperan años para obtener una audiencia.
Para muchos inmigrantes, el cierre administrativo fue visto como un salvavidas que los protegió de la deportación mientras sus solicitudes de estatus legal estaban pendientes. Los críticos de la práctica dijeron que los jueces a menudo permiten que las personas permanezcan en el país más tiempo del que deberían en una especie de limbo legal.
Los tribunales de inmigración son parte del Departamento de Justicia y los jueces de inmigración son empleados de la agencia.
Tres tribunales de apelaciones ya habían rechazado la política de Sessions, diciendo que los jueces de inmigración tenían la autoridad para decidir cómo querían manejar los casos, escribió Garland en su decisión. Dijo que el Departamento de Justicia estaba estableciendo reglas relacionadas con la práctica, que se restablecerían mientras tanto.
El número de casos pendientes ante los tribunales de inmigración aumentó durante la administración Trump, en parte porque cientos de miles de casos que habían sido archivados se volvieron a colocar en el calendario para audiencias judiciales.
Desde el año fiscal 2018, la cantidad de casos pendientes en los tribunales de inmigración aumentó un 74%, a 1.3 millones, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse en Syracuse University.
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