La decisión de reforzar la lucha contra los delitos de odio, anunciada la semana pasada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, incluye la próxima actualización del Plan de actuación y coordinación policial contra grupos organizados y violentos de carácter juvenil, que está en vigor desde 2014. Se trata de incorporar al radar de las fuerzas de seguridad lo que los expertos denominan “fenómenos juveniles emergentes vinculados a conductas ilícitas generadoras de una gran alarma social”, según aseguran a EL PAÍS fuentes conocedoras del proyecto.
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El objetivo es que la actuación policial contra estos grupos, que hasta ahora se centra en combatir bandas latinas, grupos antisistema de extrema derecha y extrema izquierda, y ultras vinculados al mundo del fútbol cuando están integrados por menores y jóvenes de entre 14 y 30 años, se extienda a otras bandas que, como los Hermanos Koala, autores de la brutal paliza a un joven de Amorebieta (Bizkaia), no se contemplaban hasta ahora.
Para ello, la Secretaría de Estado de Seguridad ultima una instrucción que distribuirá próximamente a las fuerzas de seguridad en la que definirá nuevos indicadores más allá de los de ideología, origen y ámbito de actuación que se utilizan ahora. Se busca así extender el control policial tanto a grupos ya existentes en la actualidad que quedaban fuera de este plan como a otros que “puedan emerger en el futuro”.
El documento también incidirá en la necesidad de que los policías que tramiten los atestados por la actuación de bandas juveniles incluyan en sus informes a los juzgados aquellos posibles indicios de “comportamientos relacionados con delitos de odio o la discriminación” y, por tanto, agravantes de las infracciones que cometan. Interior pretende también estrechar la colaboración con la Fiscalía para que los menores condenados por este tipo de hechos reciba un tratamiento individualizado que facilite su desvinculación de la banda.
Fuentes policiales admiten que el plan de actuación contra las bandas juveniles en vigor se ha quedado “obsoleto”. En el texto se recogía la creación de un “catálogo o censo” de los grupos violentos de carácter juvenil clasificados según su motivación y con indicaciones sobre “su grado de actividad”, así como el número de miembros y la comunidad autónoma en la que actúan. Para combatirlos, el plan recoge la necesidad de intensificar “la presencia preventiva policial” en aquellos lugares donde se haya detectado su actuación, aunque sea esporádica, así como “en las zonas de reunión y ocio de los jóvenes durante los fines de semana y periodos vacacionales”.
El documento también incidía en la necesidad de control y seguimiento de las redes sociales, páginas web y foros de internet frecuentados por menores y jóvenes “que sean activos en la apología delictiva de tendencia xenófoba, racista, antisemita, etcétera o de comportamientos violentos inspirados en el odio a las minorías o en la diferencia étnica o ideológica”.
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