El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y otras cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron este miércoles su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
En un pronunciamiento público, señalaron que la aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación más crítica: “Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”.
Por otra parte, mencionan que la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada, haciéndose necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria. “Todo esto agravado por la pandemia por Covid-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios”, detallan.
“Además de las devoluciones en frontera, desde la semana anterior dieron inicio vuelos desde Estados Unidos hacia el sur de México con personas expulsadas bajo Título 42. Esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros”, enfatiza el documento.
En ese sentido, reconocen que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que “en el caso de México, requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles, tales como personas en situación migratoria irregular, personas en necesidad de protección internacional, personas apátridas, mujeres y personas LGBTI+, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y sexual, personas víctimas de trata y otros delitos, así como niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, entre otros”.
Con 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo tan solo en el mes de julio, más del 70% en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018, tendencia que se recuperó una vez que disminuyeron las restricciones fronterizas por Covid-19 y comenzaron a reflejarse los efectos directos e indirectos de la pandemia.
“Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo. De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino, requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras”, demandan.
Las agencias de la ONU recuerdan que las personas en situación de movilidad tienen necesidades específicas y enfrentan retos particulares que deben ser considerados en las medidas de protección: por ejemplo, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a ser víctimas de violencia de género, incluyendo violencia sexual y desaparición forzada con fines de trata y explotación sexual. Por ello es fundamental que se puedan identificar las necesidades específicas de cada persona, incluyendo la eventual necesidad de protección internacional, en sus diferentes formas.
Señalan que los movimientos migratorios mixtos requieren de una respuesta integral en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio -origen, tránsito, destino y retorno- incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación.
“Las Agencias reconocen que la Covid-19 representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable”, por lo que reiteran su voluntad en reforzar su apoyo a las instituciones mexicanas y la sociedad civil en la respuesta humanitaria, especialmente para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
El documento lo firman las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Por su parte, el representante de ACNUR para Estados Unidos, Matthew Reynolds alertó en un comunicado que “las personas o familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades”.
En este sentido, la organización afirmó que la expulsión de Estados Unidos de migrantes, “aumenta el riesgo de devolución en cadena, lo que contraviene el Derecho Internacional y los principios humanitarios de la Convención de Refugiados de 1951“. “Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas leyes y principios en todo momento”, estimó Reynolds.
Asimismo, ACNUR explicó que esta medida “pondrá a prueba la sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y aumentarán el riesgo de transmisión de la Covid-19 a través de las fronteras”.
Llamó a Estados Unidos a “levantar rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública” y ofreció su ayuda, tanto a Washington como a México y a otros países, para que “la protección de la salud pública y la garantía del acceso al asilo sean totalmente compatibles”.`
En 2020, más de 41 mil personas solicitaron asilo en México. Durante el año pasado, 52 mil 6 personas solicitantes de asilo o refugiadas en México recibieron orientación legal por parte de ACNUR.
(Con información de Europa Press, ACNUR y Aristegui Noticias)
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