La tarde del 17 de marzo de 2019, Mahmud Gharib, un universitario egipcio de 24 años, había quedado con un amigo en un céntrico café de la ciudad de Alejandría. Cuando el joven se encontraba a escasos metros del local, un grupo de hombres vestidos de paisano que se identificaron como seguridad lo detuvieron y se lo llevaron en un microbús. Semanas después, la familia supo que Gharib se encontraba bien en un centro de detención, gracias a una carta que su hermano, en prisión, les pudo hacer llegar de escondidas.
Medio año más tarde, el ministerio del Interior egipcio emitió un comunicado de seis líneas en el que afirmaba que las fuerzas de seguridad habían matado a nueve miembros de los Hermanos Musulmanes –considerados un grupo terrorista en el país– en dos “escondites”, uno en El Cairo y otro en el noreste de la capital. El texto solo identificó a uno de ellos: Mahmud Gharib, a quien se refirió como el líder de un grupo armado islamista. Cuando su familia pudo recoger el cadáver, tras 50 días de espera, tuvieron que enterrarlo sin un funeral, en presencia de las fuerzas de seguridad y sin poder ver el cuerpo al descubierto.
Gharib no ha sido el único en morir en circunstancias similarmente extrañas en los últimos años en Egipto. Su caso ha sido recogido en un informe de Human Rights Watch, publicado este martes, en el que se afirma que, entre 2015 y 2020, las fuerzas de seguridad podrían haber ejecutado de forma extrajudicial a un elevado número de personas, acusadas de ser terroristas, en asesinatos que luego habrían encubierto con montajes de tiroteos. La ONG nota que muchos se encontraban detenidos o no suponían peligro inminente.
“Todos los que siguen Egipto de cerca saben que en los últimos años las fuerzas de seguridad han estado trabajando por encima de la ley, con una impunidad casi total, sin ningún tipo de responsabilidad por los abusos: secuestran, desaparecen y torturan a quien quieren. Ahora también documentamos que algunos de los secuestrados y desaparecidos están siendo asesinados a sangre fría”, afirma a EL PAÍS Amr Magdi, el autor del informe de HRW.
En el período cubierto por la investigación, las fuerzas de seguridad mataron a al menos 755 supuestos “militantes” o “terroristas”, vinculándose la mayoría a la Hermandad, en 143 supuestos tiroteos o enfrentamientos armados, según 123 comunicados del ministerio del Interior e informes en medios afines. Estos episodios proliferaron a partir de junio de 2015, luego que el presidente, Abdelfatá Al Sisi, pidiera “justicia rápida” a raíz de varios ataques violentos perpetrados por grupos armados islamistas, según HRW.
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En total, la investigación documenta la probable ejecución extrajudicial de 14 individuos, que según las familias se encontraban sin excepción bajo custodia de las autoridades antes de los supuestos incidentes, en nueve tiroteos. En la mayoría de casos, los comunicados del ministerio del Interior ofrecen una versión muy similar de lo sucedido: las fuerzas de seguridad se estaban acercando a un escondite terrorista cuando los militantes atacaron, obligando a las primeras a abrir fuego, casi siempre matando a todos los implicados. La oficina de prensa del ministerio del Interior no estaba inmediatamente disponible para comentar el informe.
Familias abandonadas
Para las familias, la calamidad suele continuar después de las muertes. De los casos documentados por HRW, todas excepto una aseguraron no haber recibido ningún aviso oficial de lo ocurrido, y haber tenido que buscar información al respecto y sobre dónde se encontraban los cuerpos de sus familiares, muchas veces bajo acoso e intimidación. Además, la mitad afirmó que las fuerzas de seguridad los escoltaron desde el depósito de cadáveres hasta el lugar del entierro para evitar un funeral. Ninguna recibió un informe forense o de autopsia, ni ningún documento sobre las circunstancias de las muertes.
Debido al nivel de los abusos, HRW ha instado a los aliados de Egipto a no seguir mirando hacia otro lado. “[Los abusos documentados] son una prueba adicional que debería obligar a los socios internacionales de Egipto, que le suministran asistencia militar y de seguridad, a poner fin a dicha transferencia y asistencia, incluida España, hasta que haya rendición de cuentas y hasta que el Gobierno tome medidas serias para acabar con los abusos”, sentencia Magdi.
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