La Abogacía del Estado ha decidido retirarse de la línea de investigación del caso Villarejo abierta a raíz de los supuestos encargos de Iberdrola a la trama liderada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según consta en un escrito enviado el jueves a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso EL PAÍS, la Abogacía considera que no se encuentra “legitimada” legalmente para actuar en esta parte del macrosumario de corrupción, ya que no se ha advertido hasta ahora “un perjuicio para la Administración del Estado”.
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“La presente pieza separada número 17 tiene por objeto la investigación de los sucesivos encargos que el Grupo Iberdrola hizo al investigado Jose Manuel Villarejo Pérez cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía, pudiendo tales hechos ser constitutivos de delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular”, detalla el escrito firmado por Rosa María Seoane, abogada del Estado, que añade de seguido: “Analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación, esta representación aprecia la falta de legitimación activa respecto de los delitos de que, provisionalmente y sin perjuicio de la calificación definitiva que pueda formularse, pudieran ser constitutivos”.
Eso sí, los servicios jurídicos del Estado no cierran la puerta a regresar a la causa si, “en el curso de la investigación, se advirtiera un perjuicio para la Administración”.
Manuel García-Castellón, responsable del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional e instructor del caso Villarejo, tiene abierta actualmente una línea de investigación centrada en los supuestos encargos de espionaje de Iberdrola al comisario. La Fiscalía y el juez exponen que la energética se hizo presuntamente con los servicios de la trama entre 2004 y 2017, y que se le contrató supuestamente para, al menos, cinco trabajos: el proyecto Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009, y Wind, centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea.
Entre otros directivos, el juez mantiene actualmente bajo sospecha al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, imputado en junio, aunque aún no ha declarado ante el magistrado. De hecho, el pasado agosto, Galán pidió al instructor que lo desimputase después de que García-Castellón decidiese archivar las pesquisas abiertas también dentro de la misma macrocausa contra Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidro Fainé, expresidente de CaixaBank.
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