Un tribunal ruandés declaró este lunes culpable de pertenencia a una organización terrorista al exempresario y activista de derechos humanos Paul Rusesabagina. Rusesabagina saltó a la fama después de que su historia fuera llevada al cine en la película Hotel Ruanda. Como gerente en funciones del hotel de lujo Mille Collines, en Kigali, el ahora condenado protegió dentro del establecimiento gracias a sus contactos a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994.
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Rusesabagina, de 67 años, fue detenido en circunstancias poco claras en agosto de 2020. Desde que el actor Don Cheadle lo retratara como el héroe de Hotel Ruanda, un papel por el que fue nominado al Oscar en 2004, el exgerente había aprovechado su notoriedad para convertirse en un destacado crítico del presidente Paul Kagame, el otrora comandante rebelde tutsi que tomó el poder después de que sus fuerzas capturaran Kigali. La victoria de Kagame puso fin a un genocidio en el que se calcula murieron 800.000 tutsis y hutus moderados.
Entre los cargos criminales en contra del exgerente de hotel figuran los de “terrorismo, incendio intencionado, secuestro y asesinato, perpetrados contra civiles desarmados e inocentes en suelo ruandés, incluido el distrito de Nyabimata-Nyaruguru en junio de 2018 y el de Nyungwe-Nyamagabe en diciembre” de ese mismo año, según una nota divulgada por la Oficina de Investigación de Ruanda (RIB en sus siglas en inglés) en el momento de su detención.
“Rusesabagina es sospechoso de ser el fundador, líder, patrocinador y miembro de redes terroristas violentas, extremistas y armadas como el Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC) y PDR-Ihumure, que operan en varios lugares en la región [principalmente en la frontera con la República Democrática del Congo] y el extranjero”, justificó la RIB, que previamente había emitido una orden internacional de arresto contra él.
La jueza que ha presidido el tribunal que ha juzgado al activista, junto con otros 20 acusados, Beatrice Mukamurenzi, ha confirmado este lunes parte de estas acusaciones y declarado que los condenados “atacaron a personas en sus casas, o incluso en sus coches o en la carretera”. La Fiscalía ruandesa ha solicitado la cadena perpetua para Rusesabagina. Sin embargo, a pesar de haber sido declarado culpable del cargo de terrorismo, ni el veredicto acerca del resto de acusaciones ni la sentencia contra él se conocen aún, pues la indisposición de uno de los acusados obligó a hacer un receso tras el anuncio del veredicto inicial.
El exgerente de hotel vivía en el exilio entre Bélgica y EE UU, donde creó una fundación que promueve la reconciliación para evitar nuevos genocidios. En 2005, este activista ruandés fue reconocido por el expresidente de Estados Unidos George Bush con la Medalla Presidencial a la Libertad por su labor y sus hechos heroicos.
El juicio contra Rusesabagina comenzó en febrero, seis meses después de que llegara a Kigali en un vuelo procedente de Dubái. Sus partidarios y su familia dicen que fue secuestrado para llevarlo de vuelta a Ruanda, mientras que el Gobierno ruandés ha dejado entrever que fue engañado para subir a un avión privado. Los familiares sostienen que es imposible que el ahora condenado viajara por voluntad propia a la capital ruandesa pues conocía que sobre él pesaba una orden de arresto. Human Rights Watch dijo en su momento que su detención equivalía a una desaparición forzada, algo que calificó de grave violación del derecho internacional.
Los allegados del activista convertido en héroe popular han definido el juicio de este lunes como una “farsa” y recalcado que el proceso demuestra una vez más el trato que el régimen de Paul Kagame dispensa a quienes osan criticar las violaciones de derechos humanos en el país africano.
Rusesabagina no es el primer disidente a quien la justicia ruandesa acusa de cargos relacionados con el terrorismo. En 2010, la presidenta del partido Fuerzas Democráticas Unidas de Ruanda (FDU), Victoire Ingabire Umuhoza, fue encarcelada acusada de conspirar contra el Gobierno, de traición y de colaboración con grupos terroristas. Tres años después fue condenada a quince años de prisión. En 2018, Kagame la indultó con condiciones como la restricción de viajes al extranjero.
El Gobierno de Kigali ha sido acusado también por organizaciones de derechos humanos internacionales de llevar a cabo arrestos extrajudiciales y de reprimir a la oposición y a los medios de comunicación.
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