La erupción del volcán en La Palma ha abierto una crisis sin precedentes en medio siglo que ha obligado al Gobierno a revisar los protocolos de actuación ante catástrofes naturales. La Moncloa ha empezado a diseñar un plan específico que agilice las ayudas y se adapte a las circunstancias excepcionales de la primera emisión volcánica terrestre en España desde 1971. La fórmula administrativa ya está sobre la mesa del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha asumido la coordinación de una respuesta temprana a la cobertura de los daños ocasionados. Esta abarcará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras; medidas fiscales para los particulares y empresas damnificados; y medidas laborales y subvenciones específicas para la pesca y la agricultura, los principales sustentos económicos de la isla aparte del turismo. Las zonas arrasadas por la lava no servirán para el cultivo durante décadas y la llegada de la lava al océano alterará el ecosistema marino.
La Moncloa estudia los pormenores del real decreto 307/2005, que regula la concesión de subvenciones en situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. “Tenemos que estudiarlo en detalle y adaptarnos a lo que ha ocurrido en La Palma”, explican fuentes gubernamentales. La lava ha arrasado hasta el momento más de 150 hectáreas y ha destruido total o parcialmente casi 400 edificios. La evolución de las lenguas de lava, que todavía no han llegado al océano, ha obligado a evacuar hasta el momento a más de 6.800 personas. Uno de los primeros interrogantes que el Gobierno debe resolver es si la situación en La Palma, inédita en los últimos 50 años, rebasa las previsiones de la legislación vigente. Pero mientras dure la erupción no será posible evaluar los daños.
Una de las dudas es si las cuantías que se estipulan en el real decreto bastan para atender las necesidades de los damnificados. Por ejemplo, el real decreto 307/2005 fija una cuantía máxima de 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual. En el caso de que los daños afectasen a la estructura de la vivienda habitual, en concreto a las dependencias destinadas a la vida familiar, las ayudas no superarían los 10.320 euros. Y en ningún caso serían superiores a los 2.580 euros por la destrucción o daños de enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual. Por la muerte o incapacidad absoluta y permanente “causada directamente por los hechos que provocaron la situación de emergencia o catástrofe pública” se abonarían 18.000 euros. La misma norma establece que estas cuantías “podrán ser revisadas” por el ministro del Interior, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, “para adaptarlas a la evolución del coste de la vida”.
Desde Nueva York, donde el presidente del Gobierno asiste a la asamblea anual de Naciones Unidas, Pedro Sánchez ha subrayado la “unidad” de todas las administraciones y la “solidaridad de todos los gobiernos autónomos” ante la catástrofe. “Tenemos mimbres suficientes para abordar la tarea de respuesta y de reconstrucción de la isla de la Palma con bastante contundencia”. Sánchez ha señalado que volverá a la isla tras su viaje a la sede de la ONU.
“Los plazos más breves posibles”
Fuentes gubernamentales diferencian el proyecto de reconstrucción para La Palma de la declaración de 10 comunidades autónomas como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil —la antigua zona catastrófica— en el último Consejo de Ministros, debido a una serie de incendios forestales como el de Sierra Bermeja (Málaga) e inundaciones posteriores al 24 de agosto. La previsión en el caso de la isla es ir más allá. La declaración como zona gravemente afectada regula las condiciones para recibir ayudas tanto por daños personales como por daños materiales en viviendas y enseres, y en fábricas, comercios o explotaciones agrarias. La declaración también incluye ayudas a personas físicas o jurídicas y a los ayuntamientos de las zonas devastadas. “Va a ser un plan ambicioso, el compromiso del Gobierno con los habitantes de la isla es total. Estamos teniendo reuniones entre ministerios para mitigar esta tragedia y ser capaces de que la reconstrucción se realice de manera ágil y en los plazos más breves posibles”, ha afirmado Bolaños este miércoles.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene también un contacto muy estrecho con la Comisión Europea desde los primeros temblores geológicos en La Palma. A solicitud de España, Bruselas activó el pasado domingo, cuando tuvo lugar la erupción, el programa Copernicus. Este servicio de respuesta ante crisis pone a disposición de los estados miembros los satélites artificiales europeos y proporciona imágenes en tiempo real para ayudar a la evaluación del desastre y al mapeo de las áreas de riesgo.
Ante desastres naturales de este tipo, los socios comunitarios pueden solicitar también de forma urgente medios materiales a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que podría llevar hasta La Palma desde víveres hasta tiendas de campaña en unas 48 horas según un portavoz de la Comisión. Los Veintisiete tienen la opción de solicitar este apoyo cuando se ven desbordados por desastres como terremotos o inundaciones; lo han hecho durante la pandemia, para solicitar productos como mascarillas. España, de momento, no ha solicitado nada a través de este programa.
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Pasado el desastre, los países sí tienen la opción de solicitar ayudas económicas a través del Fondo de Solidaridad de la UE, que puede cubrir los costes de las operaciones de emergencia y recuperación de las autoridades públicas. Este mecanismo, puesto en marcha en 2002 tras unas inundaciones que asolaron Europa Central, no es automático y los países han de cumplir estrictos requisitos para solicitarlo. Hasta ahora se ha utilizado en unas 80 catástrofes ―inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías― y se ha ayudado a 24 países diferentes por un importe de más de 5.000 millones de euros.
Para activarlo, los Gobiernos han de enviar en las 12 semanas siguientes al desastre una solicitud a la Comisión Europea que demuestre que el impacto directo supera el 0,6% de la renta nacional bruta del país o el 1,5% del Producto Interior Bruto regional (o del 1% del PIB si se trata de las regiones exteriores, como es el caso de Canarias). En el caso del archipiélago, el desastre debería superar los 457,2 millones de euros, según las listas de umbrales de 2021 que publica la Comisión. Si la solicitud cumple los criterios, la Comisión propone al Consejo y al Parlamento Europeo la movilización de la ayuda, que va con cargo al presupuesto de la UE.
Por esta vez, el PP deja de lado la confrontación con el Gobierno. Pablo Casado ha aparcado la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez en torno a la catástrofe y le ha ofrecido su respaldo y sus votos en el Congreso para las actuaciones que hagan falta, entre ellas la declaración de zona catastrófica. El líder popular ha viajado este miércoles a la isla canaria, donde ha visitado las zonas afectadas por la erupción del Cumbre Vieja, y desde allí ha elogiado la actuación de todas las administraciones, incluidas las gobernadas por los socialistas (como el Gobierno de Canarias y el central). Casado ha apostado en este asunto por la “unidad de acción” de todos los actores políticos. “En estas catástrofes naturales tenemos que ir juntos. Se ha reaccionado a tiempo”, ha defendido el jefe de la oposición.
El líder del PP aboga por la declaración de la isla de La Palma como zona catastrófica ―una declaración que tiene que hacer el Gobierno y que permite la ayuda a los afectados― y también por establecer líneas de crédito y ayudas inmediatas mediante un “plan ICO La Palma”, a través del Instituto de Crédito Oficial. Casado se ha mostrado además preocupado por los vecinos que han perdido o es probable que pierdan sus casas es la isla. Plantea que se les cedan viviendas vacías, estudiando si es posible que las ceda la Sareb, los bancos u otras entidades. La erupción del volcán de La Palma “no es un espectáculo maravilloso, sino una catástrofe natural terrible”, ha reflexionado Casado. El fenómeno, ha recordado, está afectando a 6.000 personas, a más de 160 viviendas y sus daños se han cuantificado ya en 400 millones de euros. El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide también que se soliciten fondos europeos para paliar los daños.
Casado ha apostado por el perfil de Estado ante esta catástrofe, a diferencia de otras crisis anteriores. El líder del PP ha defendido ante lo sucedido en La Palma “actuaciones rápidas, con unidad de acción y el respaldo de la oposición”. En esta ocasión, lo ha hecho aparcando por completo las críticas al Gobierno, como sí hizo en otros momentos de crisis como la evacuación tras la salida de EE UU de Afganistán, en el conflicto diplomático con Marruecos o en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.
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