Por Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco
Las y los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano aprobaron la iniciativa de reforma para asegurar que el titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, permanezca en el cargo hasta 2027. Además, pusieron un candado al desafuero de los legisladores locales.
En la sesión extraordinaria del miércoles por la noche, el diputado Joaquín Hernández Correa expuso la propuesta “a fin de evitar que una decisión política fundamental del Congreso pueda ser desandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple del Congreso”, dijo.
Irving Barrios Mojica fue designado procurador de Tamaulipas en octubre de 2016. Ante la transformación a Fiscalía, en diciembre del 2018, la mayoría panista del Congreso local aprobó que se mantuviera como titular de la ahora FGJ.
Con 23 votos a favor, 6 en contra y 6 ausencias, la reforma a la Constitución Política de Tamaulipas se enviará a los 43 ayuntamientos para su votación en Cabildo, conforme la reciente legislación aprobada que obliga que cualquier cambio constitucional pase a aprobación de los 43 cabildos de los ayuntamientos.
El blindaje a la Fiscalía se centra en la reforma al artículo 125 párrafos séptimo fracción IV y VIII de la Constitución. Una parte establece el mecanismo de elección para todos los fiscales especializados, quienes deberán ser propuestos por el Fiscal general y aprobados con el voto de dos terceras partes del Congreso estatal.
Además, la redacción aprobada para la fracción cuarta es: “El Fiscal General podrá ser removido por el titular del Ejecutivo únicamente por las causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado. En caso de negativa o vencido el plazo, el Fiscal General permanecerá en el cargo y no podrá ser removido por los mismos hechos que originaron el procedimiento”.
En torno a la declaración de procedencia de los y las diputadas locales, la LXIV Legislatura avaló la reforma al artículo 33, que queda de la siguiente manera: “Los Diputados Propietarios y los Suplentes cuando estén ejerciendo sus funciones, sólo podrán ser procesados por la comisión de delitos, previa declaración de procedencia del Congreso, en los términos del artículo 152 de esta Constitución.”
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