En Argentina, cuatro de cada diez personas son pobres. Una de cada diez es indigente. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondientes al primer semestre de 2021, muestran la lenta recuperación de la sociedad argentina después de la pandemia de covid-19 y dos años previos de crisis económica. La pobreza solo disminuyó 1,4 puntos porcentuales respecto al 42% de seis meses antes y sigue muy lejos del 32,2% de hace cinco años y aún más del 24,7% de una década atrás.
De la proyección de la encuesta al total del país surge que 18,8 millones de personas residentes en Argentina son pobres, es decir, sus ingresos son insuficientes para hacer frente a gastos básicos. De ellos, casi cinco millones están en una situación mucho más grave: no cuentan con dinero suficiente para comprar alimentos y deben recurrir a comedores gratuitos u otro tipo de ayudas.
A mitad de año, el ingreso per cápita del decil más pobre de la sociedad argentina era de 5.675 pesos (unos 50 dólares), mientras que en el extremo opuesto, el decil más rico tenía ingresos 25 veces superiores, de 142.116 pesos (unos 1.370 dólares).
El problema de la inseguridad alimentaria en los hogares con menos recursos afecta incluso a la capital, la ciudad más rica. El 7,5% de los hogares de Buenos Aires experimentó riesgo alimentario, según el Observatorio de la deuda social de la Universidad Católica Argentina. En el área metropolitana que rodea la ciudad, uno de los mayores cordones urbanos de pobreza, el panorama es mucho peor y alcanza al 27,6% de los hogares.
“En contextos altamente inflacionarios, la mayor proporción de gastos alimenticios implica una mayor dificultad para poder alcanzar el consumo adecuado de alimentos. Esta disminución de la capacidad de acceder a los alimentos se traduce en situaciones de inseguridad alimentaria. Sin duda, tal como lo muestra el estudio, la problemática habría sido mucho más grave sin los programas —públicos y privados— de asistencia alimentaria”, destaca el informe del Observatorio.
Subsidios estatales
Los datos del Indec muestran una progresiva reactivación de la economía a medida que el Gobierno de Alberto Fernández ha ido levantando las restricciones impuestas durante el aislamiento obligatorio, pero la mejora se siente muy poco en la población más vulnerable del país sudamericano. De no ser por los subsidios estatales, gran parte de los hogares más pobres habrían caído en la indigencia. La elevada inflación interanual —51,4%— encoge las ayudas, que apenas alcanzan a las familias para subsistir. Los menores se llevan la peor parte, ya que más de la mitad son pobres.
“El valor que conocimos hoy es una baja relativamente pequeña, que nos deja en valores bastantes más elevados que antes de la pandemia. Esa es una característica de Argentina, que en la salida de sus diferentes pisos queda con un piso de pobreza más alto del que tenía antes”, destaca Leo Tornarolli, economista del Centro de estudios distributivos, laborales y sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata.
“En los próximos seis meses es esperable que la pobreza perfore el 40% por la normalización de la situación sanitaria y por los estímulos que se están dando debido al proceso electoral. El Gobierno tiene que recuperar imagen y está aumentando el gasto, lo que reducirá la pobreza en el corto plazo, pero nada garantiza que sea así el próximo año”, agrega Tornarolli.
Los movimientos sociales exigen mayores fondos, pero también fuentes de trabajo, dado que el 9,6% de la población está desempleada y un número casi igual está subocupada, es decir, trabaja menos horas de lo que está dispuesta a hacerlo. Sin embargo, después de años de una rápida pérdida de poder adquisitivo, ni siquiera tener un trabajo a tiempo completo garantiza ingresos por encima de la línea de la pobreza. El sueldo mínimo en Argentina es de 31.104 pesos (300 dólares), menos de la mitad de lo que necesita una familia con dos hijos para pagar la canasta básica (alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud), sin contar el alquiler.
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