El Ministerio de Hacienda ha detectado numerosas irregularidades en la ejecución de uno de los contratos del segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) bajo sospecha de haber servido para nutrir de fondos la caja b del PP, según un informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se trata de la adjudicación, en 2002 y por 32,9 millones de euros, de las obras de uno de los estacionamientos para aeronaves en la entonces en construcción terminal T-4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) . El contrato fue adjudicado a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo, uno de los donantes que figura en los papeles de Bárcenas, la contabilidad b que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas. Las obras tuvieron un sobrecoste total de siete millones.
El contrato es una de las 23 adjudicaciones, valoradas en 600 millones de euros, que recibió esta compañía durante los gobiernos del PP y que son investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios reflejados en la contabilidad opaca de Bárcenas. Pedraz dio por finalizada la causa el pasado 22 de julio y está a la espera, precisamente, de recibir los últimos periciales pedidos para decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. Informes anteriores de Hacienda y de la policía ya constataron irregularidades en otras licitaciones.
El informe incorporado ahora, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente de Hacienda, examina la adjudicación por parte de Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, de las obras de la plataforma del dique de la zona oeste de la nueva terminal del aeródromo madrileño, inaugurada en febrero de 2006. En el documento, los expertos comparan el desarrollo de la obra con otra licitación similar en las instalaciones y destacan la existencia de “precios contradictorios”, actuaciones “ilegales”, indemnizaciones “no justificadas”, sobrecostes “no admisibles” y cantidades “que no responden a la realidad” en la ejecución del contrato. Aena dependía entonces del Ministerio de Fomento, a cuyo frente estaba Francisco Álvarez Cascos.
La IGAE destaca que, durante los seis meses que los trabajos estuvieron parados, la constructora facturó gastos desproporcionados en partidas de personal, combustible o telefonía móvil. “Llama la atención que todas las cifras [que figuran como sueldos] son múltiplos de 1.000 euros, salvo dos que lo son de 500 euros. Es obvio que esta justificación es insuficiente, ya que habría que aportar las nóminas efectivamente abonadas (…) para comprobar entre otros extremos que, al menos formalmente, este personal estaba adscrito a la obra”.
Respecto a los gastos de combustible, asegura que en ese periodo la firma cargó cerca de 9.000 euros, “lo que nos llevaría a que los vehículos adscritos a la obra han realizado más de 100.000 kilómetros en una obra que no se ha iniciado”. Sobre la factura telefónica, destaca que se cargaron 3.640 euros mensuales “cuando había contratadas siete personas, lo que supone 502 euros por persona y mes, estando sin iniciar la obra”.
Junto a estos gastos, el informe destapa la existencia del pago de una indemnización de 470.000 euros a la constructora por los supuestos incrementos en el coste de la mano de obra y de los materiales que, en realidad, debía haber sido de 75.000 euros. La constructora reclamó a Aena por una supuesta subida del 12,55% en la partida para cemento cuando en realidad en aquellos meses el incremento del precio de este material fue del 0,1%.
El documento también alerta del pago de un sobrecoste de 107.000 euros por avales y seguros que “no es admisible”, expresión que también utiliza para analizar la indemnización de 1,4 millones que se abonó a la compañía como “gastos generales” por el retraso en el inicio de los trabajos. Los expertos lamentan que la documentación que reclamaron sobre una modificación de la obra que supuso 12,2 millones de euros, un 30,47% de los 40,1 millones finalmente pagados, nunca fue remitida por Aena pese a que se le reclamó. El informe indica que esta parte de la obra también presenta “irregularidades”.
Informes de la IGAE y la UDEF
No es la primera vez que la IGAE remite un informe sobre supuestas irregularidades en los contratos, aunque hasta ahora no había sido tan rotundo al calificar las mismas. En uno de ellos, incorporado a la causa el pasado mayo, Hacienda constataba que en otros siete contratos adjudicados a Construcciones Hispánica analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. Aquel documento hablaba en un caso de “práctica irregular” y en otros tildaba de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destacaba que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.
En noviembre del año anterior, ya se había incorporado a la causa otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel documento de Hacienda ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.
Además, el pasado julio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregó al juez un amplio informe donde documentaba decenas de irregularidades en 18 de los 23 contratos adjudicados a Constructora Hispánica. El documento policial resaltaba que estos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato […]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de la investigación del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
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