Daniel Ortega ha vuelto a cargar contra los obispos de Nicaragua. En una comparecencia pública realizada la noche del lunes en Managua, en lo que ha sido catalogado como el inicio de su campaña electoral, el presidente ha acusado de “terroristas” a los obispos. Los líderes de la Iglesia son fuerte críticos de su régimen y han denunciado violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano, que celebrará elecciones el 7 de noviembre, en las que Ortega aspira a lograr su tercer mandado consecutivo. Esos comicios han sido criticados por la comunidad internacional, organismos de derechos humanos y la propia Iglesia, por considerarlos ilegítimos. Las elecciones se darán con la mayoría de los candidatos opositores con más posibilidades de vencer a Ortega encarcelados.
Para Ortega, los religiosos participaron en “un intento de golpe de Estado” tras el respaldo de la Iglesia a las manifestaciones que iniciaron en abril de 2018 y que fueron brutalmente reprimidas por el Gobierno. “Ellos [los obispos], como que fuesen electos, como que fuesen una autoridad electa, y como que tuviesen derechos, nos leyeron el ultimátum donde nos daban 24 horas para dejar el Gobierno, entregar el Poder Judicial, entregar la Presidencia, entregar el Poder Electoral, entregar la Asamblea Nacional… ¡Entregarlo todo!”, ha dicho Ortega en relación a una carta presentada por los representantes de la Iglesia al Ejecutivo en el marco de las negociaciones que se celebraron en Managua en 2018 para poner fin a la crisis política.
“Nosotros escuchábamos con mucha Paciencia cuando los señores obispos leían su documento firmado por todos ellos. ¡Es un documento vergonzoso! Los señores obispos firmando ahí en nombre de los terroristas, sirviéndole al imperio [Estados Unidos]. La verdad es que cedieron y se convirtieron en cómplices del terrorismo; o sea, los verdaderos responsables de esos actos de terrorismo no eran los que estaban en los tranques [barricadas], esos eran también delincuentes, pero los jefes, los que organizaron todo esto, los que armaron todo esto, eran “los cuello blanco”, los que no se ensucian las manos, los que no se ensucian sus zapatillas, los que se sienten intocables”, ha espetado el mandatario.
El Gobierno ha mantenido una relación tensa con la Iglesia. En los momentos más duros de la represión contra las protestas de 2018, varias parroquias fueron sitiadas por la Policía en varias partes del país y atacadas a pedradas por simpatizantes de Ortega. Los sacerdotes se han expresado contra la represión y las violaciones de derechos humanos y hasta han arriesgado su integridad, como ocurrió en Sébaco, al norte de Nicaragua, cuando monseñor Rolando Álvarez cargó una imagen religiosa y recorrió las calles en medio de las balas. O cuando los obispos se trasladaron a Masaya, ciudad rebelde tomada por grupos ilegales al mando de Ortega, para evitar una nueva masacre. En julio pasado, la Conferencia Episcopal hizo pública una carta en la que ha pedido “el respeto al voto del pueblo, para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes” y que también se permitan “las concentraciones libres y se respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses”. Además, ha exigido la liberación de las personas detenidas por el régimen, consideradas presos políticos.
El proceso electoral en Nicaragua se da en un ambiente de intimidación. El Consejo Supremo Electoral (CSE) ha suspendido al que era el principal partido opositor, la Alianza Ciudadanos por la Libertad, cuya presidenta, Kitty Monterrey, tuvo que exiliarse en Costa Rica. También ha prohibido cualquier manifestación partidaria. Antes ya había encarcelado a siete aspirantes a la presidencia, incluyendo a Cristiana Chamorro, la candidata que según las encuestas tiene más probabilidades de derrotar a Ortega en unas elecciones justas. También han sido apresados periodistas, activistas, feministas y empresarios. Y más de 100.000 nicaragüenses han marchado al exilio. Estados Unidos ha exigido la libertad de todos los detenidos y desde ya desconoce el proceso electoral. La Unión Europea también ha hecho pública sus críticas, así como varios países latinoamericanos.
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Con todo, Ortega ha afirmado la noche del lunes que las elecciones se darán en “condiciones de Paz”. Sin embargo, ha criticado a “aquellos que desde afuera buscan cómo infiltrar gente para cometer actos de terrorismo, que desde afuera andan ahí de un lado para otro, pidiendo, exigiendo que le apliquen a Nicaragua lo que ellos llaman sanciones que no son más que actos criminales, delitos de lesa humanidad”, ha dicho el mandatario sobre la sanciones que EE UU y la Unión Europea han impuesto a funcionarios de su Gobierno, legisladores y familiares, incluyendo a sus hijos y su esposa, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, quien en noviembre también aspira a repetir mandato.
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