La organización ambientalista Greenpeace México aseguró que el proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica presentado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados tiene claroscuros, como la posibilidad de utilización de energías sucias, en detrimento de las renovables.
Mediante un comunicado, Greenpeace dijo que luego de una revisión cuidadosa de la propuesta consideró que “se trata de un documento con elementos positivos, pero también con retos”.
Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de de la organización, mencionó que entre los aspectos positivos “destaca el hecho de que devuelve a la Nación la potestad de los recursos naturales (en este caso se centra sobre todo en el litio), lo cual se había modificado con la reforma del 2013”.
Te puede interesar | Expone Manuel Bartlett a directivos de la CFE los riesgos de que no se apruebe la reforma eléctrica
Además, la iniciativa indica que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.
Consideró que esta modificación puede tener implicaciones también en la generación distribuida, “ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo”.
En ese sentido, devolver al Estado el monopolio “sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”. “No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”, aseveró la organización en su comunicado.
Por otra parte, el hecho de que el despacho de energía quede sujeto a las decisiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en razón del costo de producción y con base requerimientos de seguridad y confiabilidad sin definir, provoca “una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho”.
“Lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables (en el texto “’intermitentes’) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos”, puntualiza Greenpeace México.
Te puede interesar | ‘Nadie presiona al PRI’, sostiene Alejandro Moreno tras advertencias del PAN
Por lo tanto, piensa que esta decisión abre la puerta a que tecnologías que no son utilizadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo, “puedan ser despachadas de manera prioritaria”.
“Poder quemar combustóleo resulta clave para el plan de refinación que es uno de los pilares de la política energética”, enfatiza.
Igualmente, el uso de este tipo de tecnologías, “caras, ineficientes y contaminantes” para generar electricidad, aumentarán el precio de la luz o bien, provocarán un mayor subsidio que “al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos”.
A Greenpeace también le preocupa la desaparición de los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se integraría a la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía, que se incorpora a la CFE, “lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector” ya que la Comisión funcionaría como juez y parte.
“Greenpeace México exige que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector que, según el más reciente inventario de emisiones, es el que más aporta en el país y que genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más del 30 por ciento de hogares mexicanos”, menciona.
Pablo Ramírez pide “una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono”. “Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo”, dijo.
Te puede interesar | PAN le dice ‘no’ a la Reforma Eléctrica de AMLO y le hace una advertencia al PRI
La organización ambientalista indica que entender la energía como un área estratégica podría resultar positivo porque eliminaría el carácter mercantil de la electricidad y la consideraría como un derecho, lo que podría contribuir a mitigar los efectos de la pobreza energética en una parte de la población.
“Lo problemático en esta situación es el cómo se garantiza ese derecho, porque el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. De esta manera, Greenpeace no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados”, finaliza el comunicado.
Te puede interesar | No le vamos a quitar ni un tornillo a las empresas con reforma eléctrica: Nahle
Este lunes en Aristegui en Vivo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo no encarecerá la electricidad ni afectará a las empresas privadas. “No le vamos a quitar una tuerca o un tornillo de alguna infraestructura absolutamente a nadie”, dijo.
“Esta reforma se plantea que el 54% de la generación la produzca la CFE y el 46% los privados; privados que ya están en el país, que ya tienen infraestructura, ese es el equilibrio que estamos buscando. No es expropiatoria, porque ya también escuché decir que es expropiatoria”, comentó en la entrevista con Carmen Aristegui.
Source link