Gran parte del esfuerzo presupuestario en esta área recae en la dependencia. Las cuentas de 2022 duplican la inyección de 600 millones ya aportada en 2021: ahora se suman otros 548 millones, tal y como se había comprometido el Ministerio de Derechos Sociales en el plan de choque con el que pretende revitalizar un sistema que se vio ahogado por los recortes de 2012. El monto total asciende hasta 2.904 millones de euros, un 23,3% más que el año anterior. Se alcanza una inversión histórica en esta área. Actualmente, más de 341.000 personas aguardan por algún procedimiento de la ley.
Los fondos europeos del área se elevan a 1.301 millones, de los cuales 1.060 recaen en el Ministerio de Derechos Sociales, que irán destinados al plan de apoyos y cuidados de larga duración (726 millones), que prevé impulsar un cambio en el modelo. Con ellos realizará una evaluación de las políticas actuales, especialmente en dependencia, y se elaborará una estrategia nacional de desinstitucionalización, para las personas dependientes puedan permanecer en casa el tiempo que deseen y que las residencias sean más parecidas a hogares. También se financiarán proyectos piloto e impulsarán centros de día, y se construirán nuevos equipamientos públicos y se remodelarán algunos ya existentes (entre los que se incluyen, sin citarlas, las residencias). También hay previsto un plan de modernización de los servicios sociales (276 millones) y un programa para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad (59 millones).
Para protección a la familia, pobreza infantil y prestación de servicios sociales se destinan 199 millones de euros, lo cual supone un incremento de 40 millones respecto a 2021. De esta partida, 25 millones son para impulsar la ley de protección de la infancia frente a la violencia, una cifra que se queda lejos de los “más de 70 millones de euros” que según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, contemplaba la memoria económica de esta norma.
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