En España, más de dos millones de niños vivían bajo el umbral de la pobreza antes aún de que estallara la pandemia, que trajo consigo una gran crisis social. Son el 27,3% de los menores. La cuarta economía europea está a la cola de la Unión, solo tienen peores datos Rumanía y Bulgaria. Para revertir la situación, el Gobierno está diseñando una estrategia para combatir la pobreza infantil. Para ello, dispondrá de al menos 779 millones de euros de 2021 a 2027, de los cuales 527 proceden de fondos europeos y el resto los aportarán las Administraciones españolas, según ha anunciado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, este miércoles en Madrid.
La ministra ha acudido al acto en el que se ha presentado un análisis coordinado por Unicef que servirá para sentar las bases del plan para implementar en España la garantía infantil europea, un programa que tiene como fin luchar contra la exclusión social de los menores. El Gobierno deberá presentar la estrategia a la Comisión Europea antes del 15 de marzo de 2022. Los expertos proponen una veintena de objetivos para 2030, entre ellos, reducir al menos a la mitad los niños en riesgo de pobreza o exclusión.
Estar en riesgo de pobreza significa vivir en un hogar que ingresa menos del 60% de la mediana de renta del país, un indicador que tiene en cuenta el número de miembros de la familia. Es decir que el umbral de pobreza va cambiando en función de cómo fluctúe la renta de los ciudadanos. Con datos de 2019, se considera que una persona que viva sola está bajo este umbral si ingresa menos de 9.626 euros anuales. Si se trata de una pareja con dos niños, la cifra se eleva 20.215 euros. Es un grupo de población que está en desventaja respecto al resto del país, atendiendo a sus ingresos. En el caso de la pobreza severa, el umbral baja más aún, según el informe de Unicef, hasta el 25% de la mediana de renta del país. Hay más de 400.000 niños y adolescentes en esta situación.
El informe es la radiografía de una realidad que sonroja. España es uno de los países donde la desigualdad y la pobreza aumentaron de forma más notable durante la crisis económica que comenzó en 2008. La situación ha evolucionado de manera “particularmente preocupante” para los menores de seis años, con un riesgo de pobreza (29,4%) que supera al de los “peores momentos de la crisis”. La mitad de los niños que viven en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza o exclusión. El sobrepeso infantil supera el 18%. Casi el 6% de los menores reside en viviendas en situación de hacinamiento y en casas con privación de algún elemento como la bañera o el inodoro en el interior, por ejemplo.
El pasado junio se aprobó la garantía infantil europea, una recomendación del Consejo de la Unión Europea que busca garantizar el acceso de los niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social a servicios clave: cuidado en la primera infancia, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo, salud, vivienda adecuada y nutrición saludable. Las instituciones europeas aprobaron que en los países que estén por encima de la media en tasa de riesgo de pobreza o exclusión, como es el caso de España, al menos el 5% del Fondo Social Europeo Plus deba dedicarse a combatir estas cifras: los 527 millones de euros a los que se ha referido la ministra, y dado que el fondo obliga a las Administraciones de los Estados miembros a cofinanciar, otros 252 millones se aportarán desde España. Es la primera vez que este fondo compromete una aportación específica contra la pobreza infantil: la cantidad a la que asciende es histórica en España. En el plan que se remitirá a la Comisión Europea se detallará si se aportan más fondos europeos o de los presupuestos.
España es uno de los siete Estados miembros en los que se aprobó un proyecto piloto para implementar la garantía infantil. Su puesta en marcha será coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y Unicef. La Comisión Europea encargó a esta ONG un análisis, que ha sido elaborado por un equipo de investigación liderado por la Universidad de Alcalá de Henares y el CSIC, cuyas conclusiones, que no son vinculantes, servirán de base para el plan nacional. Es el primer país de los que participan en el proyecto piloto en el que este análisis se hace público.
Grupos vulnerables
El diagnóstico demuestra que la infancia en situación de pobreza lo tiene muy difícil en España. Se detectan grupos vulnerables: niños que viven en situaciones familiares precarias (donde destacan los hogares monoparentales y numerosos), de la minoría gitana (el 89% vive en situación de pobreza y el 54%, en pobreza severa; solo el 17% de los adolescentes finaliza el primer ciclo de enseñanza secundaria), quienes tienen certificado de discapacidad (eran 129.540 en 2019), los que padecen problemas de salud mental (un “colectivo creciente”, en 2017 eran el 1% de los niños), los de origen migrante (sufren segregación, y una tasa de abandono en educación secundaria que dobla la de los niños autóctonos), quienes sufren privación severa en materia de vivienda (los niños y adolescentes sin techo constituyen el 2,6% de las personas sin hogar, según su estimación), y quienes reciben cuidados alternativos, es decir, los menores tutelados.
“Para todos ellos y ellas la vida siempre tiene un obstáculo, una barrera, un escalón que deben superar”, ha afirmado Belarra. La ministra ha anunciado además un paquete de medidas en el marco de la ley de diversidad familiar, que desarrolla su departamento. Ha asegurado que seguirá “trabajando” para que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyan una renta universal por crianza de 100 euros al mes para niños de cero a tres años y la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta los seis meses, que se han quedado fuera de las Cuentas que el Gobierno propone para 2022.
El documento presentado este miércoles sobre la garantía infantil europea destaca que la responsabilidad en infancia recae en distintos niveles de la Administración. De hecho, será la conferencia sectorial de infancia, que reúne al ministerio con las comunidades y las entidades locales, el órgano en el que se negocie el plan nacional. En el documento se analiza la inversión ya existente en servicios para la infancia en situación de pobreza y exclusión social, y se precisa que existe “dificultad” para medirla. Se especifica que el plan de acción requerirá “no solo ordenar y, en su caso, incrementar los recursos actuales”, sino también aprovechar las oportunidades que suponen los fondos europeos.
La situación es grave. Los niños que crecen en hogares pobres tienen menos oportunidades, más probabilidad de sufrir problemas de salud en la edad adulta, menos opciones de encontrar un trabajo. “Es una realidad indecente”, ha dicho Ernesto Gasco, Alto Comisionado contra la pobreza infantil. Los expertos señalan en el documento buenas prácticas que ya están en marcha en distintos territorios en España y proponen 19 objetivos para 2030, como elevar las transferencias monetarias a familias y niños, de los 149 euros al año de 2018 a 404 euros, lograr reducir al menos a la mitad la proporción de niños que viven en riesgo de pobreza o exclusión social (del 31,1% actual al 17,2%) o reducir a la mitad las necesidades insatisfechas en salud mental (del 1% de 2017 al 0,5%). El objetivo es poner coto, al fin, a una situación que por el momento España no ha sido capaz de atajar.
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