Brasil ha iniciado este miércoles una batalla para identificar y castigar a los culpables de facilitar la expansión de la covid-19 con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño y que el país pudiera retomar las actividades económicas cuanto antes. La lista es larga y está encabezada por el presidente Jair Bolsonaro, quien está acusado de cometer nueve delitos graves relacionados con una pandemia que ha dejado más de 600.000 muertos en el gigante sudamericano. Así lo ha constatado la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado (CPI, en sus siglas en portugués), que ha investigado en los últimos seis meses las causas por las que el país se ha convertido en el séptimo del mundo con más decesos por número de habitantes.
El documento de la comisión, de más de 1.000 páginas, fue leído este miércoles en el Senado y señala a cerca de 70 presuntos responsables (66 personas físicas y dos jurídicas) por una serie de acciones y una red de desinformación, dentro y fuera del Gobierno, para promover una “estrategia macabra” que incluso convirtió a algunos brasileños ingresados en hospitales privados en cobayas humanas al suministrarles medicamentos sin eficacia científica comprobada y sin informar a los enfermos y a sus familias.
Entre las infracciones cometidas por Bolsonaro, según los senadores, están la incitación o apología del crimen y el propagar una epidemia, delitos recogidos en el Código Penal brasileño. La más grave es la acusación de crimen contra la humanidad, un delito que no prescribe, por retrasar la compra de vacunas y medicamentos testados por la ciencia, mientras minimizaba la gravedad del coronavirus. En un principio, los senadores de la CPI se plantearon acusar a Bolsonaro de genocidio y homicidio masivo, pero el temor a que las distintas interpretaciones jurídicas obstruyeran una posible condena hizo que los autores del informe retiraran esas imputaciones. La acusación de genocidio, por ejemplo, implica demostrar que hubo abusos deliberados contra un grupo específico, un extremo que resultó difícil de probar.
La acusación de crimen contra la humanidad se enfoca principalmente en el comportamiento del Gobierno respecto a los grupos indígenas a los que excluyó de su plan de vacunación, por lo que lo acusan de acciones inhumanas, persecución y exterminio. “No hay manera de esconder la responsabilidad del presidente respecto a las omisiones relacionadas con su manera de hacer frente a la pandemia”, ha afirmado el senador Renan Calheiros, el autor principal del informe durante su lectura este miércoles. “Todas las pruebas revelan que el jefe del Ejecutivo tuvo numerosas conductas que agravaron las consecuencias nefastas de la covid-19 en nuestra población”, se lee en el documento.
El texto ata todos los cabos de la política liderada por Bolsonaro para hacer frente al coronavirus que devastó al país al promover remedios dudosos, no proporcionar infraestructuras y recursos suficientes para atender a los enfermos y poner trabas a la compra de vacunas. Al mismo tiempo, se impulsaban leyes que permitían a médicos y hospitales privados actuar por su cuenta y promover medicinas como la cloroquina y la ivermectina. Esos remedios fueron impulsados incluso en los peores momentos de la pandemia en Manaos, la capital del Amazonas, que a principios de año vivió auténticas escenas de terror por el repunte de casos y la falta de oxígeno. Los pacientes morían asfixiados mientras el Gobierno insistía en aplicar planes pilotos y tratamientos alternativos.
La insistencia en el uso de tratamientos dudosos sembró la desconfianza entre la población, mientras Bolsonaro acusaba al Tribunal Supremo y a los gobernadores de no actuar como él quería —contra las medidas restrictivas, estimulando las aglomeraciones y sin usar máscara—, para que no hubiera restricción de movimientos en el pico de la pandemia. Mientras insistía en esas políticas erráticas, cambió de ministro de Salud hasta en tres ocasiones.
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Uno de los que más duró fue el general Eduardo Pazuello, quien ocupó el cargo entre junio de 2020 y marzo de 2021, y avaló la cruzada negacionista del presidente. Pazuello también está acusado en el informe de crímenes contra la humanidad. Durante su gestión, otros militares se involucraron en presuntas tramas de compras de vacunas a través de sobornos en el Ministerio de Salud. “El Gobierno optó por una actuación ‘no técnica’ en la gestión de la pandemia”, se lee en el informe, que también acusa al presidente de charlatanería y crimen de responsabilidad.
El informe de la CPI, que podría usarse como base para condenar abusos gubernamentales en la gestión de la pandemia en otros países, se enfrenta a la resistencia de un grupo de senadores afines al Gobierno que quieren tumbar el documento que votarse el próximo día 26 de octubre en el pleno de la comisión, compuesta por 11 senadores. La oposición tiene mayoría en ese órgano, pero la Fiscalía General de la República está presidida por un jurista afín al presidente.
Sin embargo, los senadores confían en que el documento pueda desatar la presión internacional y la social frente al dolor que causó la pandemia en el país. Si se suman, los nueve crímenes que se le atribuyen al presidente representan más de cien años de prisión. Con esas acusaciones también se le podría abrir un juicio político, algo impensable sin la presión de las calles. Finalmente, la comisión pretende usar el documento para proponer nuevas acciones contra Bolsonaro en el Tribunal Penal Internacional (TPI).
El presidente que tildó al coronavirus de “gripecita” al justificar su decisión de no vacunarse y respondió “¿Y qué?” cuando le preguntaron por las 5.000 primeras muertes en el país por la covid-19, está viendo ahora cómo su imagen se desgasta todavía más debido a la economía tambaleante tras la pandemia Este miércoles, al ser preguntado por la reacción de su padre frente al informe de la CPI, uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, se limitó a decir: “¿Tú conoces su carcajada?”, e imitó la risa de su padre.
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