El presidente de Perú, Pedro Castillo, reclamó el lunes al Congreso trabajar en una ley “conjunta” para nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea, el más importante del país, en Cuzco, en el marco de una serie de declaraciones en favor de intervenir en el lugar.
“Instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos”, dijo el mandatario durante un acto en la localidad de Bagua Grande, en la región de Amazonas.
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“Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo produce”, expresó, antes de abogar por “destrabar” los proyectos en diversas provincias con el objetivo de “dar trabajo a los jóvenes, a las comunidades y a los pueblos”, según la cadena de televisión TV Perú.
El propio Castillo afirmó durante el fin de semana en su cuenta en Twitter que el Gobierno “ha dispuesto el inicio del desarrollo de la infraestructura para la masificación del gas natural en las regiones de Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali”.
La puesta en marcha de la Nueva Política de Masificación del Gas Natural irá en paralelo a la renegociación del contrato de Camisea.
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 23, 2021
Sin embargo, el ministro de Economía, Pedro Francke, descartó en septiembre la posibilidad de acometer expropiaciones en el sector del gas natural y las hidroeléctricas, después de una declaraciones parecidas del entonces primer ministro, Guido Bellido, quien dijo que el sector energético “tiene que estar en manos del Gobierno”.
“No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, matizó Francke.
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El yacimiento de Camisea, situado en el sur del país, es explotado desde el año 2000 por la compañía transnacional Pluspetrol, a través de un contrato que ha sido ampliamente criticado por algunos sectores políticos y colectivos civiles por suponer un perjuicio para los intereses del Estado peruano.
(Europa Press)